La Iglesia empobrece «inevitablemente»: las limosnas, para compensar a víctimas de depredadores homosexuales

El 14 de julio de 2009, la archidiócesis de Los Ángeles, entonces encabezada por el cardenal Roger Mahony, anunció que, en un acuerdo extrajudicial con los abogados de unas quinientas víctimas de sacerdotes pedófilos en los años 1930-2003, había acordó pagar una indemnización total de 660 millones de dólares (casi quinientos millones de euros). Nos enfrentábamos a la indemnización más alta jamás pagada por una diócesis estadounidense, desde 2002, cuando el escándalo de los abusos sexuales de menores cometidos por miembros del clero salió a la luz no ya como un caso único, sino como un flagelo relativamente generalizado. Según Los Angeles Times , la diócesis ha vendido bienes inmuebles para recaudar los fondos necesarios para honrar el compromiso asumido.

En los EE.UU., por regla general, es la única diócesis la que, si el sacerdote pedófilo no tiene los medios para indemnizar a su víctima (y este suele ser el caso), debe pagar la indemnización. Y así había sido en Boston. Aquí, el Boston Globe , a partir de enero de 2002, publicó todos los meses una serie de artículos que denunciaban cómo, en la diócesis, unos noventa sacerdotes estaban implicados en casos de pedofilia: una situación negada primero por el arzobispo, el cardenal Bernard Law, quien, abrumado por escándalo, a finales de ese año tuvo que dimitir. Sobre esos hechos en 2015 se estrenó la película Spotlight , de Tom McCarthy (ganador del Oscar en el ’16), que hizo mucho ruido, en USA y más allá, porque reveló una vergonzosa realidad al gran público.

En 2003, la arquidiócesis pagó alrededor de $ 85 millones en compensación a las víctimas de abuso y se arriesgó a la bancarrota. Pero, ¿qué fue del cardenal? Él, nacido en 1931, se trasladó a Roma, donde Juan Pablo II lo nombró arcipreste de Santa Maria Maggiore: un cargo honorífico, pero ofensivo para las víctimas de los sacerdotes pedófilos en Boston que, de hecho, habían sido cubiertos por el cardenal. Afortunadamente, el Papa Wojtyla eligió como sucesor a Monseñor Seán Patrick O’Malley, quien luego se reveló extremadamente severo en la batalla por erradicar la pedofilia del clero.

Pero, ¿y si la diócesis es pequeña y no tiene la posibilidad de compensar a las víctimas de los sacerdotes pedófilos? La de Portland, Oregón, se declaró en quiebra en 2004, ante un desembolso, imposible para ella, de 155 millones de dólares; y en febrero pasado, el obispo de Winona-Rochester, Minnesota, declaró la diócesis en quiebra, incapaz de pagar 21,5 millones de dólares para indemnizar a ciento cuarenta y cinco víctimas de la pedofilia del clero.

Si en EU cada diócesis tiene que afrontar la situación por sí sola, muy distinto es el caso de Francia, donde, por regla general, ninguna de ellas puede hacer frente a indemnizaciones millonarias a las víctimas de la pederastia del clero. Una comisión independiente (Ciase), encargada por el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Eric de Moulins-Beaufort, obispo de Reims, anunció el 5 de octubre sus resultados: de 1950 a 2020 unos tres mil sacerdotes violaron a 216 mil menores; por lo tanto, no nos enfrentamos a unas pocas «manzanas podridas», sino a un tremendo «fenómeno sistémico». Reconociendo la «vergüenza» del incidente, el prelado dijo que los obispos venderán sus propiedades y edificios, y se endeudarán con los bancos, para indemnizar a las víctimas. Pero será una empresa difícil: si, de hecho, solo se pagaron 50 mil euros a cada víctima, el total sería de 10.800 millones.

De Europa a Australia. En el continente, según una investigación de la Comisión Real, 1.880 presbíteros católicos, el 7% del total, han sido acusados ​​de maltrato infantil a lo largo de sesenta años (entre 1950 y 2010), sin que la Iglesia haya pretendido hacer frente a la fenómeno vergonzoso: hace apenas unos años hizo un esfuerzo decidido por aplastarlo. ¿Y la compensación? Para un sacerdote, Gerald Ridsdale, abusador de muchos niños durante años, la indemnización a pagar en 2019 equivalía a 620 mil euros.

Volvamos a Europa: muchos episcopados, de Alemania a Polonia, de España a Portugal, tendrán que hacer frente a costosas indemnizaciones para las víctimas de la pederastia del clero. ¿Y en América Latina, en África, en Asia? Ciertamente allí también existe el fenómeno de los presbíteros depredadores: pero, por ahora, es difícil cuantificarlo. A nivel mundial, las estimaciones son muy variadas: de un país a otro la incidencia del fenómeno parece variar del 1 al 5% del clero. Porcentajes que demuestran cómo el clero católico está sano, en su gran mayoría; sin embargo, los «desviados», aunque sean una minoría, son siempre demasiados («¡aunque sólo sea uno!», dijo Francisco), porque realizan acciones devastadoras, que pueden arruinar a las víctimas para siempre, aunque hayan llegado a la edad adulta y hayan ahora escapado de las uñas de sus depredadores. También son el resultado de un sistema cerrado y patriarcal.

Cuando las cifras (y los hechos) de los sacerdotes pedófilos de las Iglesias del Sur comiencen a extenderse, y los tribunales civiles intervengan, ¿quién indemnizará a las víctimas, ya que esas diócesis -en general- son muy pobres? El problema preocupa no poco a la Santa Sede, porque finalmente tendría que responder por las diócesis «culpables»: cifras altas, presumiblemente, si se suman, aunque no sean tan altas como las que enfrentan las «hermanas» occidentales. porque las diócesis (o circunscripciones equivalentes), potencialmente interesadas, son mil.
Por ello, el Vaticano acogió con satisfacción la sentencia con la que, el pasado 12 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo rechazó a veinticuatro demandantes -belgas, franceses y holandeses- que, en una especie de demanda colectiva , había demandado al Vaticano ante los tribunales belgas, exigiendo que ese estado pague por los actos de pedofilia cometidos por sacerdotes católicos. Según los acusadores, de hecho, el Vaticano es culpable «por el daño causado por la manera estructuralmente deficiente en que la Iglesia católica ha enfrentado el problema de los abusos sexuales en su seno». Pero la Corte dictaminó: “La Santa Sede no puede ser llamada a juicio por casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes de varios países”; el Estado Vaticano, en virtud de los «principios del derecho internacional», goza de «inmunidad» frente a denuncias.

Sin embargo… si las paupérrimas diócesis del hemisferio sur, presionadas por los tribunales locales que exigen la reparación de los daños, pidieran al Papa el pago de una indemnización – por «delitos» de sacerdotes pedófilos que no pueden afrontar en lo más mínimo – ¿podría, moral y eclesialmente, eximirse? Es por eso que la inmunda peste, aunque a menudo denunciada por Francisco, podría ser el evento inesperado que no empobrece teóricamente, sino realmente, a la Iglesia romana.

Y esto también se aplica a la Iglesia italiana. De hecho, durante su asamblea general extraordinaria (22-25 de noviembre), monseñor Lorenzo Ghizzoni, arzobispo de Rávena y presidente del Servicio Nacional para la Protección de Menores, hizo – se lee en un comunicado – «una actualización sobre las iniciativas y estructuras hasta el momento implementadas para combatir el flagelo del abuso de menores y personas vulnerables, dentro y fuera de la Iglesia, luego de la emisión de los Lineamientos en junio de 2019”. Bueno, todas las iniciativas encomiables. Y sin embargo, una vez más, la CEI (Conferencia del Episcopado Italiano) evita «cuantificar» la indemnización de las víctimas; y, sobre todo, se niega obstinadamente a establecer una Comisión independiente, como la francesa, a pesar de que incluso fue lanzada por los obispos portugueses, y aunque fue sugerida por muchas personas en Italia, impresionado positivamente por la valentía de los obispos de más allá de los Alpes. Mala señal en vista del «coraje» que se necesitaría para preparar el Sínodo General de 2023 y el italiano de 2025.

Por Don Paolo Zambaldi.

CIUDADA DEL VATICANO.