El 16 de febrero de 2026, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, firmó un acuerdo con el arzobispo de Tarragona, monseñor Joan Planellas, presidente de la Conferencia Episcopal de Tarragona. El objetivo del acuerdo es la cesión de inmuebles pertenecientes a diócesis catalanas para su uso como vivienda social.
El arzobispo lo denominó «protocolo marco». En la práctica, no se trata todavía de un inventario definitivo, sino del inicio de un proceso de identificación en más de 2.000 parroquias repartidas en 850 municipios catalanes.
Cada diócesis deberá examinar
qué seminarios,
rectorías,
edificios,
pisos o terrenos en desuso
podrían incluirse.
El acuerdo prevé la creación de un grupo de trabajo compuesto por cinco representantes del gobierno regional, principalmente del Departamento de Territorio y Justicia, y cinco representantes de la Iglesia.
- Este órgano técnico se reunirá cada seis meses.
- La cesión de las viviendas sería gratuita.
- La Generalitat las gestionaría y realizaría los ajustes legales necesarios para permitir su uso como vivienda social.
- No obstante, la propiedad seguiría siendo de las diócesis.
- Los contratos de arrendamiento podrían extenderse por 30 o 50 años, según las circunstancias.
En esta fase, aún se desconoce el número exacto de propiedades involucradas y el volumen real de viviendas potenciales. La Diócesis de Girona ha indicado que planea añadir aproximadamente cuarenta unidades a su parque de vivienda social existente, que comprende 885 pisos de alquiler asequible y 69 unidades destinadas a ofrecerse a precios de vivienda social.
En Tarragona, el arzobispado estimó el año pasado que disponía de medio centenar de inmuebles que podrían destinarse a este fin.
Se trata de la primera iniciativa coordinada de toda la Iglesia catalana
- Monseñor Joan Planellas enfatizó que la reanudación del discurso público de Salvador Illa con este acto «les honra».
- Recordó «el papel histórico de la Iglesia en la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad» y declaró: «Este es otro granito de arena que aportamos desde la Iglesia».
- También afirmó que «el 25% de la población se enfrenta a la exclusión social en el ámbito de la vivienda».
- Por su parte, Salvador Illa explicó que la idea del acuerdo surgió de una reunión con los responsables de las Cáritas diocesanas de Cataluña. «Su representante me dijo: ‘Presidente, tenemos que pedirle tres cosas: vivienda, vivienda y vivienda'», informó. El presidente catalán calificó la iniciativa de «pionera en España» y añadió: «Quien gana con…
Un debate que se abre en España
En términos de doctrina social, el compromiso de la Iglesia con la ayuda a las personas en dificultades está claramente arraigado en su tradición. El cuidado de las familias pobres y vulnerables forma parte de su misión permanente, como lo demuestran numerosas obras de caridad que llevan tiempo demostrando.
- Sin embargo, en España, algunos se preguntan si la Iglesia no se está convirtiendo, de hecho, en un actor estructural de la política pública de vivienda.
- Al poner sus recursos a disposición durante décadas, está entrando en un ámbito que es principalmente responsabilidad de las autoridades públicas.
La crisis de vivienda en Cataluña es real. Pero ¿la disponibilidad de edificios eclesiásticos alterará significativamente el equilibrio? El número de propiedades afectadas sigue siendo incierto, y las adaptaciones necesarias podrían ser largas y costosas.
Otros observadores señalan que los contratos de arrendamiento a 30 o 50 años comprometen considerablemente los activos de la diócesis.
¿Cómo podemos garantizar que estas propiedades se mantengan coherentes con las futuras necesidades pastorales y la misión específica de la Iglesia?
Además, al alinearse con una estrategia gubernamental más amplia que incluye el control de alquileres y restricciones a ciertas prácticas de compra de bienes inmuebles, la Iglesia acepta participar en un marco político cuya dirección no controla plenamente. La intención social declarada es clara. Pero el debate está abierto: ¿se trata de una extensión natural de la caridad cristiana o de una evolución más profunda del papel institucional de la Iglesia en la gestión de las políticas sociales en España?
En fin, se pone en marcha un plan inmobiliario: cualquier católico pensaría que la Iglesia debería dedicarse a su tarea fundamental, la de salvar almas mediante la evengelización, para así incrementar el número de fieles, seminaristas y sacerdotes que tanta falta hacen en Cataluña, sobre todo. Con ello dejaría de tener espacios «ociosos». Pero no, prefiere meterse al campo inmobiliario..
Por CAMILLE LESCARD.
MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026.
TCH.
