Dice el argumentario del PSOE que hay que acabar con la “privatización” de la educación que supone la concertada. Argumentario, puede, pero como argumento es malo. O muy malo, que diría Ozores. Porque la escuela concertada tiene un corsé público tan generoso que casi podríamos llamarla paraestatal. Veamos. Sus profesores deben de ser elegidos entre la bolsa de trabajo que le ofrezca la consejería de Educación.
No sólo eso sino que aunque es el colegio el que contrata al maestro, es la consejería la que le paga directamente. Es el único caso en el que un empleado no recibe la nómina de su empleador sino del financiador de su empleador. Y ya se sabe que el que paga, manda… Además, trabajan algo más que los profesores de la escuela pública, pero cobran bastante menos. Por aquello de la igualdad y tal…
Tampoco tienen derecho a seleccionar a sus alumnos como les parezca oportuno, sino que los criterios son fijados por la consejería y el margen de los colegios es mínimo o inexistente. Y por último, tampoco tienen derecho a desarrollar el contenido curricular que consideren oportuno sino que deben de someterse al plan de estudios de la consejería.
Todas estas restricciones a cambio de que los colegios concertados reciban el concierto, que es una cantidad ridícula y congelada desde hace años para pagar los costes operativos de funcionamiento de los colegios: calefacción, limpieza, etc. Nada de financiar inversiones en nuevas instalaciones deportivas ni reparaciones necesarias.
Este modelo castrante de los colegios concertados es el que a Celáa le parece “privatización”. A mi más bien me parece “estatización”. Con el agravante de que la escuela concertada es un “chollo” para las administraciones públicas: cada puesto en concertada es un 40% más barato que un puesto en escuela pública.
¿Por qué entonces ese empeñó gubernamental en acabar con ese 25% de educación concertada deseada por los padres? Se llama obsesión antirreligiosa. No soportan que los niños sean educados por curas y monjas. No soportan que los niños reciban una formación religiosa, por muy ‘light’ que sea. Y como no lo soportan, están dispuestos a violar la libertad de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores contemplada en el art. 27 de nuestra Constitución.
Y como no lo soportan están dispuestos a gastar más dinero público -que “no es de nadie” según Carmen Calvo- para adoctrinar adecuadamente. Un claro ejemplo de malversación de fondos públicos. Primero fue limitar la oferta, priorizando la escuela pública. ¿No habrá que priorizar conforme a los criterios de elección de los padres? Luego, fue encorsetar a la escuela concertada hasta asfixiarla en su capacidad de decisión. Y ahora llega el golpe definitivo. Son liberticidas. Y además, antiespañoles. Porque aunque haya un 40% de los españoles que no usen el español como lengua madre -que no son el 40%- negar el carácter de lengua vehicular al español en la escuela es condenar a esos niños al ‘aldeanismo’.
Odian la fe, odian la libertad y odian a España. Y ese odio destruye la convivencia, rebaja la calidad educativa y encarece un servicio tan importante para la cohesión social como la Educación. Un círculo vicioso perfecto.
El anzuelo del pescador
Illa, el opaco. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno afea la falta de transparencia de Sanidad en la información sobre los grupos de expertos y las compras realizadas. ¿Enmendará o ‘sostenella’?
El empeño de Arrimadas. La líder de Ciudadanos se empeña en dar un flotador al PSOE y en ser una “oposición útil”. ¿Hasta cuándo? Primero fue el órdago de ERC. Ahora, el de Bildu que se ufana en “ir a Madrid a tumbar definitivamente el régimen”. Hasta los barones socialistas se rebelan. ¿Por qué ese empeño en ser el tonto útil, Dª Inés?
Opacidad mercantil. Economía avala la opacidad en las remuneraciones de los consejeros. El Supremo había obligado a hacerlas públicas, pero ahora Economía apuesta por la opacidad. ¿No forma parte de los derechos de los accionistas?, ¿no genera competencia interna en el mercado?