Cobra fuerza en la ONU la publicación del Acuerdo que rechaza la patria potestad, es decir, el conjunto de derechos y deberes de los padres sobre sus hijos menores de edad; ante ese brutal escenario, Red Familia se moviliza en los países hispanos para frenar tan infame Resolución que atenta contra todos los principios de la vida y familia. Además, alertan que esa Organización pretende avanzar con otras atrocidades.
En entrevista exclusiva con Agencia Católica de Noticias (ACN), Maviela León, coordinadora de vinculación internacional de Red Familia, dijo que “ese nuevo informe de la ONU emitido por el Relator Especial de la ONU sobre la libertad o creencias religiosas, insta a los gobiernos a legalizar el aborto, eliminar las cláusulas de conciencia para los profesionales médicos, exigir una controvertida educación integral en sexualidad a partir de los 10 años y legalizar los controvertidos derechos LGBT; irónicamente, todo bajo el Bandera de promoción de la ‘libertad religiosa’”.
Subrayó que para ayudar a detener tal Informe que se presentará a la Asamblea General de la ONU en el otoño de 2020, se insta a que se firme la siguiente petición bajo dos modalidades: como fiel o laico o como líder religioso, a través de esta liga: https://protectreligiousfreedoms.org/
Comentó que en alianza con Family Whatch Internacional, “me estoy moviendo en los países hispanos para que se unan a la campaña y rechacen la iniciativa”.
“Nosotros, como ciudadanos preocupados, líderes religiosos y cívicos, funcionarios del gobierno, abuelos, padres y jóvenes de todo el mundo, estamos profundamente preocupados por el informe del Relator Especial sobre la Libertad de Religión o Creencias, Ahmed Shaheed, titulado: Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo.
“El informe está plagado de afirmaciones y recomendaciones falsas que exceden con creces su mandato y constituye un ataque a la soberanía nacional de todos los Estados miembros de la ONU y los valores religiosos y culturales de los pueblos del mundo”. Remató.
Señaló que “sus controvertidas recomendaciones -de la ONU- sobre temas para los que no existe un consenso internacional, requerirían que los gobiernos: legalicen el aborto, el comportamiento homosexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el adulterio, los derechos de las personas transgénero, incluida la cirugía de reasignación de género”.
Destacó que “obligar a la educación integral en sexualidad a partir de los 10 años, que a menudo fomenta comportamientos sexuales de alto riesgo e incluye materiales didácticos sexualmente gráficos”; otra acción reprobable “fue prohibir la ‘terapia de cambio’ voluntaria para las personas LGBT; se suma eliminar las cláusulas de conciencia de los profesionales médicos con respecto al aborto y redefinir el término ‘sexo’ para incluir la orientación sexual y las identidades de género”.
Adicionalmente, condenó que se plantee “retirar las reservas de los Estados miembros a los tratados fundamentales de derechos humanos si se basan en ‘consideraciones religiosas’”.
“A la luz de este flagrante abuso del mandato del Relator Especial, exhortamos a todos los Estados Miembros a rechazar el informe del Relator Especial”,
estableció.
Consideró además que el Informe que presenta la ONU, es un ataque atroz contra las personas de fe.
Recordó que la petición se entregará a todos los embajadores de las Naciones Unidas en representación de 193 estados miembros (en Nueva York y Ginebra): António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas; Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Elisabeth TichyFfisslberger,presidenta del Consejo de Derechos Humanos; Tijjani Muhammad-Bande, presidente de la Asamblea General; Cyril Ramaphosa, presidente de la Unión Africana y Yousef Bin Ahmad Bin Abdul Rahman Al-Othaimeen, secretario general de la Organización de Cooperación Islámica.
