La decisión del fiscal alemán, de archivar el caso contra los manifestantes de izquierda que bloqueaban un servicio religioso, es un escándalo. Parece que los fiscales tienen poco interés en proteger a los cristianos conservadores que son blanco de los extremistas de izquierda.
«No existía interés público» (sic) que justificara un enjuiciamiento: con esta justificación, un fiscal de Bremen dejó en libertad a extremistas de izquierda que, en septiembre, bloquearon durante hora y media un autobús perteneciente a una congregación cristiana, gritando consignas anticristianas. Según informó JUNGE FREIHEIT el miércoles, el proceso penal en curso fue archivado recientemente debido a la «falta de importancia» del delito.
La congregación tenía previsto participar en la «Marcha por la Vida» en Berlín el año pasado para manifestarse en defensa del derecho a la vida de los niños no nacidos. Debido al bloqueo, no pudieron asistir al inicio del evento. Posteriormente, la junta directiva de la iglesia presentó una denuncia, incluyendo cargos de coacción. Sin embargo, la fiscalía, según informó a la congregación, consideró, en primer lugar, que la posible culpabilidad era menor y, en segundo lugar, negó la existencia de un interés público imperioso para el enjuiciamiento.
Se avecina otro bloqueo.
Al hacerlo, se remite a las condiciones estipuladas en el Código de Procedimiento Penal para el sobreseimiento de cargos en casos de delitos menores. El principio fundamental de esta disposición es liberar a la fiscalía de casos sin importancia. Sin embargo, en este caso concreto, la decisión de los fiscales demuestra una perspectiva bastante sesgada. El acto no fue inofensivo: quien impida a los cristianos practicar su fe debe ser castigado severamente.
Para colmo, la parroquia de San Martín, debido a su orientación cristiana conservadora, ha sido blanco de ataques de extremistas de izquierda en repetidas ocasiones. Estos extremistas, por ejemplo, han realizado ataques con pintura y, hace dos años, bloquearon un autobús que se dirigía a la «Marcha por la Vida». Por lo tanto, es muy probable que la parroquia de San Martín vuelva a ser bloqueada y hostigada el próximo septiembre, antes de la siguiente marcha. En consecuencia, es urgente que se procese penalmente a los responsables del bloqueo del año pasado para disuadir a los izquierdistas de repetir la acción.
La fiscalía tomó medidas severas contra el pastor.
La decisión adquiere un aspecto aún más desagradable por el hecho de que la misma fiscalía ya ha demostrado en el pasado lo persistente que puede ser cuando quiere, concretamente en lo que respecta a la propia comunidad Martini: no solo acusaron a su pastor, Olaf Latzel, en 2020 por supuesta «incitación al odio» porque había expresado claramente su postura en contra de la propaganda arcoíris y practicaba la homosexualidad basándose en principios bíblicos.
También apelaron cuando Latzel fue absuelto en segunda instancia en 2022, sin escatimar gastos ni esfuerzos para convertir a un cristiano prominente en un ejemplo. En un libro publicado en 2025, los abogados David Wengenroth y Felix Böllmann se refieren a este caso como un «asesinato de la reputación con la complicidad del sistema judicial».
La decisión del fiscal de desestimar el caso contra los que bloquearon el autobús va más allá de meras consideraciones legales. Plantea la cuestión de cuán imparciales son realmente los fiscales. En definitiva, resulta inevitable pensar que el asunto no les importa demasiado porque las víctimas —cristianos conservadores— no gozan precisamente de su simpatía. Un hecho preocupante.
BERLÍN, ALEMANIA.
JUEVES 16 DE JULIO DE 2026.
JUNGEFREIHEIT.
