El 31 de julio de 1926 entró en vigor la llamada Ley Calles. Al día siguiente México amaneció sin misas públicas. Los templos quedaron abiertos y silenciosos. Cien años después, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha publicado un mensaje que no reabre heridas para alimentar rencores, sino para curarlas con la verdad. Ese texto, titulado Callaron las campanas de los templos, habló su sangre, es el punto de partida obligado de cualquier reflexión seria sobre el conflicto religioso.
Lo ocurrido entre 1926 y 1929 no fue un “pleito de sacristía”. Fue un drama nacional en el que ciudadanos mexicanos se enfrentaron a otros ciudadanos mexicanos. Templos cerrados y profanados, sacerdotes fusilados sin proceso, religiosas expulsadas, laicos ahorcados en los postes de los caminos, miles de muertos, deportaciones y delaciones. La sangre del hermano clamó desde la tierra, pero también hubo, del lado católico, durezas de corazón, cálculos políticos y decisiones que no siempre sirvieron a la verdad con los medios apacibles del Evangelio. Reconocerlo no debilita la denuncia; la hace más creíble, como acertadamente señalan los obispos.
Lo que se conmemora no es una guerra ni una victoria armada. Se conmemora la fidelidad de un pueblo que siguió rezando en las casas y bautizando a escondidas; el testimonio de los mártires que no mataron por Cristo, sino que murieron por Él perdonando; y la lección pagada a precio de sangre: que la libertad religiosa no es privilegio del clero, sino derecho de toda persona humana. Esa es la línea del magisterio episcopal. Cualquier intento de instrumentalizar la memoria para proyectos partidistas o de revancha traiciona precisamente aquello que se pretende honrar.
Cien años después, México ha avanzado. Las reformas constitucionales de 1992, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la Santa Sede y la reforma al artículo 24 en 2013 marcaron el fin de la etapa del enfrentamiento abierto y de la simulación. Existe hoy un marco jurídico más respetuoso. Sin embargo, como afirman con serenidad los obispos, la libertad religiosa todavía no es plena. Persisten límites al culto ordinario fuera de los templos, la imposibilidad de que las asociaciones religiosas obtengan concesiones de radio y televisión, restricciones a la libertad de los padres en materia de educación religiosa y una actitud de desconfianza residual en sectores de la clase política. Más grave aún es el gobierno paralelo del crimen organizado, que anula derechos humanos en territorios enteros y ha costado la vida a sacerdotes como los jesuitas de Cerocahui o el padre Marcelo Pérez. La lista de testigos no se cerró en 1929.
Pero el desafío más profundo no es sólo jurídico ni de seguridad. Es espiritual y cultural. Según los censos del INEGI, en 2010 el 82.7 % de la población se declaraba católica; en 2020 esa cifra había bajado al 77.7 %. En números absolutos creció la población, pero el porcentaje descendió cinco puntos en una década.
Al mismo tiempo aumentaron de manera significativa quienes se declaran sin religión o sin adscripción religiosa. El dato no es anecdótico, revela una erosión silenciosa de la fe. Existen ya generaciones, especialmente entre jóvenes y adultos jóvenes, para las cuales la vida de fe, la liturgia, los sacramentos y las consecuencias sobrenaturales de la vida eterna han dejado de tener peso real.
La religión se reduce a identidad cultural, folklore o, en el mejor de los casos, a una ética genérica. Cuando la fe deja de ser respuesta a la pregunta última sobre el sentido y el destino eterno, se convierte en algo prescindible. Esa es la verdadera crisis que atraviesa el catolicismo mexicano a cien años de la suspensión de cultos.
En este contexto resulta particularmente irresponsable y contrario al espíritu de los mártires la aparición de grupos que, con un lenguaje de “nueva cristiada”, pretenden incentivar formas de organización armada o de resistencia seudomilitarista al amparo de la fe. Recurren a clichés de ejércitos de Cristo, uniformes simbólicos y retórica de combate que resucitan cuadros de otra época sin comprender ni el contexto histórico ni la naturaleza del martirio cristiano.
El mártir no es un combatiente que busca la victoria temporal, es un testigo que entrega la vida sin odiar. Convertir la memoria de la sangre en pretexto para fantasías militaristas es una traición a esa sangre. Los obispos lo han dicho con claridad: no conmemoramos una guerra ni exaltamos las armas; no convocamos a la revancha. Quienes lo hacen, aunque invoquen a Cristo Rey, se sitúan fuera de la lógica del Evangelio y de la Iglesia.
El mensaje de los obispos de México apunta a una dirección concreta. Llama a procesos de sanación de la memoria colectiva, a la construcción de la paz por el camino de Nehemías, no el de Babel, a la unidad de la nación tejida desde el reconocimiento del otro como hermano y a una Iglesia que despierte en los laicos la conciencia de vivir la fe en la familia, el trabajo y la vida pública.
La verdadera fidelidad a 1926 consiste en ser testigos de la Verdad en un tiempo en que las amenazas a la conciencia llegan más por pantallas y algoritmos. Consiste en defender la libertad religiosa de todos, en rechazar toda forma de violencia y de descarte de la persona y en anunciar con la vida que Cristo reina desde la cruz, no desde el poder de las armas. Hace 100 años, mucha sangre fue derramada y fue fuente de vida. Hace 100 años callaron las campanas para que siga hablando de vida, la libertad y la paz.
