En un solo día, cerca de 30.000 personas cruzaron hacia Ceuta, una ciudad de 80.000 habitantes. No fue un flujo migratorio espontáneo. Fue una operación de presión calculada que Marruecos ejerce sobre un territorio que sigue considerando suyo. Es la versión contemporánea de la Marcha Verde: una ofensiva híbrida que combina demografía, frontera y desestabilización.
Los servicios de inteligencia españoles afirman que, a diferencia de 2021, Rabat no impulsó esta vez el movimiento. Cuesta creerlo cuando los gendarmes observaban sin intervenir, permanecían inactivos o incluso facilitaban el paso de contingentes de menores. Y cuesta aún más cuando la avalancha coincidió exactamente con el aniversario de la subida al trono de Mohamed VI.
Marruecos habló de cooperación y envió un único camión con cañón de agua. Mientras tanto, las entradas irregulares seguían produciéndose sin interrupción, repitiendo el mismo patrón de la crisis anterior.
El momento tampoco fue casual. Pocos días antes, el presidente del Gobierno había visitado Argelia, reactivado el gasoducto y multiplicado los elogios hacia el régimen argelino. Marruecos, rival histórico de Argelia, interpretó el gesto como una afrenta.
A esto se añade el precedente de Gibraltar: la retirada de la valla y el discurso de cosoberanía. En círculos marroquíes se defiende abiertamente aplicar el mismo esquema a Ceuta y Melilla: España asume los costes y Marruecos obtiene el control de facto. Cada muestra de debilidad se interpreta como una invitación a presionar más.
Concurrieron además factores favorables: buen tiempo, ausencia del presidente por vacaciones y una interpretación judicial que impide las devoluciones en caliente cuando la entrada se produce a nado, al no haberse forzado elementos de contención. La respuesta técnica es previsible: instalar boyas y redes que cumplan la definición legal de obstáculo.
El Gobierno ha utilizado esa decisión del Supremo para desviar responsabilidades. Sin embargo, el error judicial no explica la pasividad —o la connivencia— de las autoridades marroquíes, que es el verdadero origen del problema. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en alabar la “cooperación” de Rabat. La pregunta inevitable es qué tipo de dependencia mantiene el presidente con el monarca marroquí y qué información tan sensible puede justificar esta actitud.
Cuando Italia advirtió de la posibilidad de cerrar sus fronteras ante el riesgo de extensión de la crisis, el ministro Albares convocó a consultas al embajador italiano, no al de Marruecos. Solo cuando la presión se volvió insostenible se envió al ejército y se cerró la frontera de Melilla ante indicios de una avalancha similar. ¿Por qué no se adoptaron esas medidas desde el primer momento? ¿Por qué había únicamente 42 antidisturbios en Ceuta y 55 agentes en la frontera cuando el riesgo ya era conocido? ¿Incompetencia o decisión deliberada?
En 2023 el riesgo de invasión migratoria fue eliminado del informe de Seguridad Nacional. ¿Por qué se retiró un peligro evidente? ¿Por idealismo o por otra razón?
Pero el problema va más allá de la frontera y de la geopolítica. Cada oleada de este tipo acelera un proceso de transformación demográfica y cultural que ya está en marcha en Europa. No se trata solo de cifras de entradas irregulares: se trata de la islamización progresiva de barrios, ciudades y, a medio plazo, de la propia sociedad. acTÚa FAMILIA lleva tiempo advirtiendo de esta realidad. Su lema resume con claridad lo que está en juego: Recuperar nuestra Civilización. Porque sin una respuesta firme en las fronteras y sin una defensa activa de los valores que han sostenido a Occidente, lo que se pierde no es solo el control territorial, sino el carácter mismo de la sociedad que lo habita.
