Cuando la Guardia Nacional fue creada en 2019, las reformas legales que le dieron origen sostenían una panacea de cuerpo civil que debería regresar gradualmente a las fuerzas armadas a los cuarteles para que la seguridad pública estuviera en manos de una corporación profesional bajo la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana.
Sus defensores, después de una larga discusión de nueve horas en la Cámara de Diputados, señalaron que el fondo era el fortalecimiento de los cuerpos con garantía de formación y capacitación para la función policial con respeto a los derechos humanos y responsable de las tareas de seguridad pública, la salvaguarda de la vida, la libertad, integridad y el patrimonio de las personas.
Esa reforma fue el acta de defunción de la Policía Federal señalada de corrupción, hoy sus agentes son guardias de puertas y veladores mientras la GN fue fortaleciéndose.
De inmediato, el presidente López Obrador inició una frenética carrera de construcción de cuarteles a lo largo y ancho del país. A enero de 2022, existían unos 200 cuarteles de la GN con un costo de 34 millones de pesos cada uno. Y el actual gobierno pretende un total de 500 en todo el país.
Sin embargo, la corporación que representó la esperanza para devolver la paz, tiene serios cuestionamientos en su desempeño abonando a la incertidumbre que, lejos de acabar con la violencia, la suscita desde el poder del Estado.
El asesinato del joven guanajuatense Ángel Yael Ignacio Rangel arroja más preguntas acerca de la función de la GN y si realmente ha convenido a los mexicanos una corporación costosa que va juntando más y más denuncias por actos que violan los derechos humanos.
La GN, con un simple “usted disculpe” utilizó el típico cliché de reprobar y no tolerar acciones contra los derechos humanos cuando, sin más, reconoció que uno de sus elementos, ante una acción precipitada de un vehículo donde viajaba el joven asesinado, disparó en la cabeza mientras que otra estudiante fue lesionada de gravedad.
No es un hecho aislado. La credibilidad de la GN se ha ido minando al punto de la desconfianza y el descrédito. Lo mismo puede ser usada como represora de migrantes como de aparato intimidatorio de fuerza desproporcionada.
En 2020, Amnistía Internacional publicó un informe de hechos similares a los sucedidos en Guanajuato. “Jessica Silva y su esposo, Jaime Torres, circulaban en auto por Delicias, una localidad en el estado septentrional de Chihuahua, a últimas horas del 8 de septiembre cuando unos miembros de la Guardia Nacional mexicana los atacaron”. El modus operandi fue similar al de Guanajuato: Abrir fuego conta el vehículo de la pareja… “Silva, ama de casa y trabajadora agrícola de 35 años, con dos hijos y una hija adolescentes, murió en el acto”. ¿La respuesta del comandante de la GN? “Un desgraciado y lamentable accidente”.
Los hechos hablan por sí mismos. La GN nació en un contexto de progresiva militarización del país y AMLO ahora echa reversa para hacerla un brazo de las fuerzas armadas. Mentira tras mentira. Y ese caudal ahora representa pérdidas de vidas humanas de forma absurda y demencial. Amnistía Internacional afirma que el despliegue de las fuerzas armadas en México coincide con el aumento de las violaciones a los derechos humanos. Y ahora tiene nuevamente una muerte que jamás debería haber ocurrido. Es condenable. La GN se ha convertido en la corporación del “mátalo, después veriguas”.
