*Detrás de la maniobra, el cardenal Parolin
Andorra se encuentra en la antesala de un escándalo histórico.
Tras años de tensión, informes jurídicos y contactos bilaterales con la Santa Sede, el Vaticano ha cedido en la despenalización del aborto. La decisión, que ha ido madurando en silencio desde 2019, supone un giro histórico en el equilibrio institucional del Principado y marca el punto de partida de una nueva etapa política y social.
Los primeros pasos: el informe de 2019
La cuestión se remonta a 2019, cuando bajo el Gobierno de Antoni Martí y con Xavier Espot como ministro de Justicia e Interior, se encargó un informe jurídico clave aManuel Pujadas y Tomás Gui Mori. El documento, titulado “La interrupción voluntaria del embarazo en el Principado de Andorra”, establecía las bases legales para una despenalización parcial y analizaba la compatibilidad con la Constitución y con la dimensión institucional del coprincipado.
De Nueva York al Vaticano: diplomacia discreta
En 2020, Espot, ya como jefe de Gobierno, impulsó el SIAD (Servicio Integral de Atención a la Mujer). En diciembre de 2021, durante su visita al Papa Francisco, admitió la “impresionante presión internacional” que recibía el país para mantener la penalización.
Según fuentes vaticanas, Francisco vio con buenos ojos retirar el castigo penal a las mujeres, en coherencia con su propia línea pastoral, en la que ya había concedido a todos los sacerdotes la facultad de absolver a mujeres que hubieran abortado y mostraran arrepentimiento.
El secretario de Estado del Vaticano,
Pietro Parolin,
ha sido una figura clave
en este proceso.
Desde su visita a Meritxell en 2023,
donde elogió la mirada “abierta y penetrante”
de Andorra,
hasta las reuniones con Espot en Nueva York,
Parolin fue construyendo
un discurso de ‘apertura’.
Posteriormente,
delegó el dossier a Paul Richard Gallagher,
número dos de la Secretaría de Estado,
quien ha trabajado directamente
con el Ejecutivo andorrano,
especialmente con el actual ministro
Ladislau Baró.
El relevo eclesiástico y el papel de Serrano Pentinat
Según fuentes vaticanas, otro elemento determinante ha sido el nombramiento de Josep-Lluís Serrano Pentinat como obispo coadjutor de Urgell, una decisión del propio Papa Francisco antes de su muerte. El perfil más diplomático que pastoral de Serrano respondía a la voluntad de Roma de encontrar un encaje viable. El pasado 31 de mayo de 2025, Serrano se pronunció públicamente sobre el aborto: “Hay que establecer diálogo y acompañar a las personas que más sufren”, dejando entrever un tono conciliador.
La hoja de ruta política: otoño de 2025
En clave interna, el presidente del grupo parlamentario de Demòcrates per Andorra, Jordi Jordana, confirmó a La Veu Lliure que el texto del futuro proyecto de ley llegará a los grupos parlamentarios el próximo mes de noviembre. El ministro Ladislau Baró ya ha trasladado que “hay que culminar los últimos detalles” antes de presentar la propuesta, que está siendo redactada por Federico de Montalvo.
Esta ley incluirá la reforma del Código Penal para eliminar los artículos que castigan el aborto con penas de prisión e inhabilitación profesional. La medida, largamente reclamada por asociaciones internacionales de derechos humanos, pondrá fin a uno de los puntos más polémicos de la política andorrana.
Un giro histórico
El consenso alcanzado con el Vaticano, tras años de resistencia, constituye un hito sin precedentes. El nuevo marco legal no equivale a una despenalización total del aborto, pero sí marca el fin de la criminalización de las mujeres, abriendo una nueva etapa en la relación entre el Principado y la Santa Sede.
No obstante, esta posición choca de lleno con uno de los valores fundamentales de la Iglesia católica, que históricamente ha defendido la protección de la vida desde la concepción. Los copríncipes han jurado la Constitución y, en este sentido, la medida tropieza con el artículo 8, que reconoce el derecho a la vida como principio básico.
Debe tenerse en cuenta que hay numerosas leyes que a lo largo de la historia de Andorra solo han sido firmadas por uno de los copríncipes, lo que abre la puerta a un mecanismo de desvinculación: trasladar la firma al copríncipe francés, como ya ocurrió con otras reformas sensibles. Esta fórmula, todavía incierta, podría convertirse en la clave para desbloquear uno de los debates más complejos y trascendentes de la historia institucional de Andorra.
Conviene subrayar que esta no firma,
sin embargo,
no desvincula a la Iglesia
de la decisión de haber despenalizado el aborto,
dado que ha participado desde el inicio
en todas las fases de negociación de la ley.
Por tanto, el texto final presentado al Consell General habrá sido previamente bendecido por el Vaticano.
En este marco, el Gobierno estudia una solución híbrida: despenalizar el aborto y permitir su práctica “cerca” del país, con acompañamiento médico andorrano y una compensación económica posterior para las personas en situación de vulnerabilidad. Así lo adelantó el jefe de Gobierno, Xavier Espot, en una entrevista en La 2, donde remarcó que la reforma debería estar lista antes de finalizar la actual legislatura, en 2027.
“Lo que estamos trabajando es un sistema en el que el aborto esté despenalizado, donde haya acompañamiento, un seguimiento. Que no se pueda abortar en Andorra, pero sí cerca, con un resarcimiento por parte de los servicios públicos andorranos a todos los niveles”, detalló Espot el pasado mayo. Habrá que ver cómo es percibido este movimiento por los movimientos provida internacionales, teniendo en cuenta que el Vaticano, Andorra y Malta son los últimos bastiones de la defensa del derecho a la vida.
Lejos de ser una medida “intermedia”, se trata de una auténtica legalización encubierta, pues el Estado no solo dejará de penalizar el aborto, sino que lo subvencionará con dinero público.
Se maquilla la contradicción con el argumento de que los abortos no se practicarán dentro del territorio, pero el resultado es el mismo: el asesinato de los niños por nacer pasará a ser amparado y financiado por el propio Estado andorrano.
La gravedad de esta maniobra aumenta por la peculiaridad institucional de Andorra. El Principado tiene como jefes de Estado al presidente de la República Francesa y al obispo de Urgell. Hoy, esa responsabilidad recae en Josep-Lluís Serrano Pentinat, quien el 31 de mayo de 2025 asumió como obispo de Urgell y copríncipe. Si este proyecto avanza, será Serrano Pentinat quien deberá sancionar con su firma esta ley inicua, legitimando el aborto desde la jefatura de Estado.
En Roma, la Secretaría de Estado, bajo la dirección del cardenal Pietro Parolin, ha seguido el asunto con la excusa de buscar un “equilibrio institucional”. Pero lo cierto es que este “equilibrio” se puede traducir finalmente en una claudicación: permitir que un obispo católico dé cobertura política a una norma que convierte en derecho lo que la Iglesia ha condenado siempre como crimen gravísimo.
Si en noviembre de 2025 se presenta el proyecto y sigue su curso parlamentario, nos encontraremos con un hecho sin precedentes: el único obispo católico del mundo que es jefe de un Estado (más allá del Papa en El Vaticano) sancionará una ley que subvenciona el aborto. Este gesto marcaría un antes y un después en la defensa de la vida dentro de la Iglesia y dejaría una herida profunda en la credibilidad de su compromiso con los más indefensos: los niños por nacer.
ANDORRA LA VIEJA, ANDORRA.
LUNES 22 DE SEPTIERMBRE DE 2025.
LA VEU LLIURE/INFOVATICANA.
