La supuesta persecución de tropas del ejército mexicano por pobladores de Nueva Italia, Michoacán, causó en redes sociales comentarios acerca de la humillación de soldados en una muestra de supuesto poderío, avasallamiento y control sin comparación. Incluso, diversas expresiones hablaron de la denigración de las fuerzas armadas frente a un poder superior ridiculizando a las instituciones de seguridad del Estado.
La escena circuló ampliamente y, en un primer momento, sí podría resultar indignante ese poderío sin rivalidad frente a un ejército débil, pero esto es un juicio a la ligera, cuesta trabajo creer que la tropa armada corre y sale con la cola entre las patas, mientras civiles en vehículos ordinarios los ahuyentan con teléfonos celulares, vituperios y mentadas de madre.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, el pasado de 12 de mayo, dio pormenores de lo que pasó. La versión oficial afirma que la tropa estaría sobre instalaciones de producción de drogas. “No querían que se supiera que entraran a un sitio donde encontramos laboratorios” señaló el presidente de la República y, al final, el objetivo era denigrar la imagen de las fuerzas armadas.
Difícil creer que los castrenses huyeran despavoridos. Desde luego, la capacidad de fuego, armas, adiestramiento y recursos superaban al de los civiles. De haberse dado un enfrentamiento, quizá en este momento la condena generalizada sería hacia las fuerzas armadas por el uso de su capacidad con saldo trágico. La reacción fue desplegar más efectivos y el decomiso del patrimonio del crimen: equipo de laboratorio para la síntesis de drogas y 15 plantíos de mariguana destruidos.
Este caso destapa de nuevo una situación grave: La manipulación del crimen organizado de sectores de la población para usarlas a manera de escudos. A lo largo y ancho del territorio, las escenas proliferan cuando policías de barrio, guardias nacionales y elementos de tropa son agredidos y tratados de manera desafiante en escenas lamentables y denigrantes atentatorias de la autoridad. En algunos casos, personas prepotentes enfrentan a policías cuando, incluso, las agresiones pusieron en riesgo la integridad y vida de los uniformados.
En otros, la estrategia de guerra del crimen organizado es como la del reclutamiento de los mercenarios comprando a amplios sectores de población. En febrero de 2022, en Quechultenango, Guerrero, unos 200 pobladores retuvieron a un grupo de soldados y agentes ministeriales bajo el pretexto de una militarización y detenciones ilegales del ejército. En esa ocasión, se trataba de aprehender a miembros de Los Ardillos, responsables de actos violentos en el Estado.
En 2019, en Apango de Zaragoza, Acajete, en el triángulo rojo del huachicol en Puebla, pobladores con palos y piedras enfrentaron a soldados quienes repelieron la agresión a pedradas y activando su armamento al aire para disuadir las agresiones en otro caso del uso de comunidades enteras por el crimen organizado.
En la Exhortación pastoral “Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna” del 2010, los obispos de México reconocieron que los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad pública son los “primeros testigos de los efectos de la violencia y de las fuerzas disgregadoras del mal” llamándolos a “ser fieles a su misión de defender a los débiles, proteger a los honrados y favorecer la convivencia pacífica de los ciudadanos” y ser “promotores de la justicia y de la paz, para que no se pierda la credibilidad y confianza de los primeros destinatarios de su misión” (Cfr. No. 242-243).
Que el ejército supuestamente huya de grupos civiles es una cínica demostración del poder del crimen denigrando y usando a ciudadanos. Su terror se vale de la pobreza, la marginación y necesidad. La estrategia es debilitar a la autoridad y aunque desde el gobierno de la República se diga que no hay guerra, la realidad es que nadie a depuesto las armas por la paz. Y en esto las fuerzas armadas del país están entre la espada y la pared.
