El hambre oficial por acabar con programas de apoyo a diversos sectores del país ya alcanza niveles de gula. Primero fueron el Seguro Popular y el Programa de Estancias Infantiles, lo que dejó en la orfandad a miles de mexicanos. El principal argumento para cerrar dichos programas y entregar los recursos (aunque disminuidos) directamente a los beneficiarios ha sido que estaban invadidos por la corrupción.
Pero también han desaparecido otros programas -cuya eficacia en la disminución de la pobreza estaba comprobada- como el de Apoyo a la Vivienda, el de Atención a Jornaleros Agrícolas, el de Empleo Temporal, el de Comedores Comunitarios, el de Apoyo a la Comercialización, el de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias, el de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, y el de Consolidación de Reservas Urbanas.
En contraparte se han creado otros considerados de clientelismo electoral, disfrazados de apoyo en el combate a la pobreza, todos ellos de asignación directa a los beneficiados, como el que se da a jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis), cuya selección para alcanzar sus beneficios se hace a través de los llamados servidores de la nación, pero más bien se designan con base en preferencias partidistas.
Están desmantelando al Estado y los mexicanos, como el chinito, nomás milando. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha externado su intención de desaparecer más de cien organismos autónomos que “la gente ni siquiera sabe que existen porque nunca hicieron nada en favor del pueblo, pero mantener todos estos organismos cuesta mucho y es dinero del presupuesto, dinero del pueblo, y lo que buscamos es que el dinero del presupuesto le llegue al pueblo”, ha dicho.
Y entre estos organismos están contemplados el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), así como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y otros que “consumen mucho presupuesto”. Si tiene facultades o no para ello muy poco le interesa al señor presidente, pues sabe que cuenta con una amplia oficina legislativa en dos alas (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores), cuya mayoría morenista está para cumplirle sus caprichos.
Nos van a dejar sin nada. Bajo los eufemismos de combate a la corrupción, austeridad republicana y pobreza franciscana no hay nada que los pare en sus aviesas intenciones de manejar directamente todos los recursos, y para mayor ejemplo ahí está la propuesta de desaparición de 109 fideicomisos, que por falta de quorum no fue aprobada el jueves pasado pero que es muy posible que el próximo martes se le dé luz verde, lo que le representaría al gobierno allegarse de recursos por 91 mil millones de pesos en vísperas de un año electoral. Así que ya podemos imaginar cuál será el fin de ese dinero.
La corrupción había invadido ya a todos los organismos desaparecidos, se señala como causa. Sin embargo, la corrupción sigue ahí presente, aún en los institutos recién creados en esta administración que se pinta de honestidad. Ahí tenemos, como un solo ejemplo, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), cuyo titular, Jaime Cárdenas Gracia, renunció en vísperas del segundo informe de gobierno de AMLO, argumentando entre otras cosas, en su carta de renuncia, “el manejo en el INDEP de procesos de valuación que no garantizan el principio del artículo 134 constitucional, (como) mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al INDEP, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas”.
¿La corrupción sólo era antes?
Con información de Nuestra Voz Campeche/Editorial
