El Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid ha dictado un auto de imputación en el que atribuye a un sacerdote la supuesta autoría de un delito contra la libertad e indemnidad sexual a menor de 16 años por enviar un vídeo de contenido sexual a una joven, de 13 años.
El instructor considera que existen indicios suficientes de que el investigado, que conoció a la menor porque acompañaba a su madre a pedir limosna a la iglesia, le regaló un teléfono al que le envió un vídeo de contenido sexual en diciembre de 2019, han informado fuentes del TSJCyL.
Desde entonces, intercambiaron conversaciones, frases y fotografías de contenido sexual explícito y, a partir de cierto momento, la niña comenzó a realizar al encausado peticiones de índole económica a cambio de no denunciarle a la Policía.
En esta resolución, con la que se abre la fase final de la instrucción, el magistrado pide a las partes que digan si procede la apertura del juicio oral, en cuyo caso deberán presentar sus escritos de acusación, o si, por el contrario, solicitan el sobreseimiento de la causa. También pueden, de manera excepcional, reclamar que se practiquen diligencias complementarias sobre el investigado, excapellán de la Iglesia de las Angustias de Valladolid. El Juzgado mantiene abierta otra investigación a la madre y a la tía de la menor para determinar si chantajearon al sacerdote.
A partir de cierto momento, la niña comenzó a realizar al encausado peticiones de índole económica a cambio de no denunciarle a la Policía
La causa está abierta por la supuesta autoría de un delito del artículo 171.2 del Código Penal (regula el chantaje dentro del capítulo de las amenazas), a la espera de poder tomar declaración a las investigadas, que están en paradero desconocido. El pasado 5 de febrero estaba prevista la declaración de la menor y su madre en el Juzgado dentro de la instrucción llevada a cabo, pero se suspendió debido a que no compareció ninguna de las dos.
Con anterioridad, el sacerdote, de 39 años, fue detenido por orden judicial, después puesto a disposición judicial, y el pasado 13 de enero el juez ordenó, de acuerdo con el criterio del Ministerio Público, la puesta en libertad del detenido con las medidas cautelares de alejamiento, prohibición de comunicación con la víctima y obligación de comparecer una vez al mes en sede judicial.
Con información de El Confidencial
