Pedro Mejías, coordinador de acTÚa FAMILIA en España, teme que resulte impune la agresión que sufrió por parte de un conocido miembro de “Las Brigadas Amarillas”, grupo ultra de seguidores del Cádiz Club de Fútbol, relacionado con la izquierda radical, y quien le atacó con una pizarra de un bar tras tronársela en la cabeza, como parte de varias agresiones que sufrió junto con otros activistas que le acompañaban.
Al brindar su testimonio a la Agencia Católica de Noticias (ACN), reconoció su preocupación de quedar impune el delito de lesiones toda vez que al año prescribe.
Ante esas “anomalías” en el proceso judicial, sospecha que quieren dar carpetazo por oscuros motivos extra-judiciales que sostienen que no se encuentran pruebas ni al principal presunto agresor, bajo las siglas R.G.M.
“Todo esto huele muy mal”, declararon los afectados, junto al abogado, Javier Ocaña Gallardo, colaborador del Despacho Pérez-Roldán de Madrid.
El juez Miguel Ángel López Marchena instruyó la causa por la agresión de 2018 al equipo de HazteOír y a la diputada madrileña de Vox, Alicia Rubio, que pretendían dar una rueda de prensa, y fueron agredidos por radicales.
López Marchena dijo que “ya debería haber celebrado en el Juzgado Nº 2, de Cádiz, el juicio de las agresiones sufridas por el equipo de HazteOír en mayo de 2018, por parte de unos radicales de la ultraizquierda.
Sorprendentemente, al día de hoy, han desaparecido pruebas de la Instrucción, según ha podido saber acTÚa FAMILIA. Concretamente un CD con fotos de los hechos y también una declaración del acusado ante la Policía Nacional, que se adjuntaba al proceso en la que reconocía su pertenencia a las Brigadas Amarillas. Tampoco hallan en su domicilio al principal acusado.
En la narración de los hechos, se asentó que el 3 de mayo de 2018 unos radicales insultaron y agredieron al equipo de HazteOír.org que, junto a Alicia Rubio Calle -hoy diputada en la Asamblea de Madrid- se disponía a dar una rueda de prensa en la Plaza de España de la capital gaditana. En una cafetería cercana -el Bar Central, hoy cerrado- fueron reconocidos por alguien que avisó a los radicales que ejecutaron la agresión. Jornadas antes, como narró Actuall y otros muchos medios de comunicación, el alcalde de Cádiz José María González, Kichi, había calentado el ambiente en las redes sociales, mediante un twitt en el que animaba a que no tuviera cabida ese acto.
“No se ha encontrado al principal denunciado, R.G.M., a pesar de ser conocido miembro de Las Brigadas Amarillas –como él mismo declaró a la Policía-, grupo ultra de seguidores del Cádiz C.F. relacionado con la izquierda radical, en “paradero desconocido”. Resulta que los encargados de buscarlo han sido miembros de la Policía Local de Cádiz, que aunque ahora esté enfrentada al alcalde, depende orgánicamente de él, y curiosamente es José María González Kichi, también quien aparece en la Instrucción del caso, por haber publicado en las redes sociales su voluntad de que se le impidiera a HazteOír hablar en Cádiz”,
reclamaron.
Los abogados de la acusación, Javier Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna, presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia, y el letrado Javier Ocaña Gallardo, han declarado que “es sorprendente que den al acusado como paradero desconocido sin buscarle siquiera, siendo persona conocida por la Policía Nacional, y que envíen por él a la Policía Local dependiente de Kichi, que no lo encuentra, en vez de enviar a la Nacional, que lo tiene fichado”.
Se ha conocido también que los funcionarios judiciales quieren proponer el archivo de la causa, cosa a lo que los abogados de HazteOír se niegan, y exigen la búsqueda del sujeto acusado. Estos mismos letrados anuncian que van a presentar escrito al juez exigiendo las pruebas desaparecidas, y una nueva fecha para juicio.
El agredido, Pedro Mejías, coordinador de acTÚa FAMILIA, y en el momento de los hechos portavoz de HazteOír, sostuvo que “estas irregularidades me hacen pensar que algo huele mal en este proceso. No se trata de una simple agresión, sino es el derecho a la libertad de expresión lo que está en juego, libertad de padres y ciudadanos para no ser adoctrinados. Es un delito de odio hacia el que piensa distinto al pensamiento único, como ya han recogido muchas sentencias”.
Expresó que “acTÚa FAMILIA apoya a todos los agredidos ese día, y tiene claro que es un juicio a los totalitarios del lobby LGTBI y a la izquierda radical neocomunista, animados por José Mª González, Kichi, alcalde de Cádiz, esos que no dejan expresarse, que quieren coartar la libertad, que insultan y denigran a hombres y a mujeres, con expresiones como ´marica’ y ‘cerda, fuera de Cádiz’, como oímos el día de los hechos”.
“No tenemos miedo alguno por los acosos de los radicales, continuaremos dando la batalla cultural pacífica, y a partir de ahora vamos a seguir trabajando junto a toda la Plataforma Pin Parental de España, de la que acTÚa FAMILIA ha sido promotora, y reuniéndonos con Ampas, agentes sociales, partidos, grupos de ciudadanos, etcétera, con el objetivo de dar a conocer esta importante herramienta de la libertad”,
concluyó.
