* No hay nada que aplaudir. ¿Qué haría el Vaticano si se volviera a producir una situación similar, tal vez cuando otra dictadura quisiera deshacerse de sacerdotes que resultaban inconvenientes por ser defensores de los derechos humanos?
Desde hace cinco años se aplica en Nicaragua la máxima de Daniel Ortega, desde que se alzaron las primeras voces católicas contra la violación de los derechos humanos, contra el hambre y contra las restricciones a libertad.
Una política precisa, cuidadosamente estudiada, como siempre lo ha sido: dividir y asfixiar por cualquier medio las principales creencias religiosas que el gobierno es incapaz de domesticar, en particular el catolicismo al que hoy pertenece menos del 40% de más de 6 millones, definiéndose a sí mismos.
Los residentes nicaragüenses de bajos ingresos representan el 81% de la población. En 1995, el 75% de los fieles católicos se unieron a las iglesias, constituyendo la gran mayoría de los habitantes de Nicaragua, uno de los países más pobres del mundo, el segundo del continente americano después de Haití.
Un clero pequeño, pobre y temeroso
En noviembre de 2020, las fuentes más autorizadas reportaban 585 sacerdotes en Nicaragua: 425 sacerdotes diocesanos y 160 religiosos.
En los años de la crisis iniciada en 2018, estas cifras han cambiado radicalmente.
En los últimos años la iglesia en Nicaragua ha perdido entre 97 y 100 sacerdotes y ecenas de religiosas. Hay 34 sacerdotes en el exilio. Se les impide volver a sus puestos de trabajo.
Cinco sacerdotes fueron deportados en dos días: el 8 y 9 de febrero de 2023 y el 12 y 19 de octubre de 2023.
Actualmente, Nicaragua tiene un sacerdote tomado y no está claro por qué, en el futuro, no fue incluido en el grupo de los 12 negociadores con la Santa Sede.
Estas cifras incluyen a 6 sacerdotes nicaragüenses expulsados y al menos 16 que, aunque se encuentran en sus parroquias, viven sujetos a restricciones periódicas y controles administrativos.
Esta hemorragia ha afectado a las diócesis de medianos y grandes centros urbanos, incluida la capital, Managua, encabezada por el cardenal Leopoldo Brenes, que desde hace tres años contabiliza 180 sacerdotes.
La pérdida de personal eclesiástico, religiosos, laicos dedicados a la pastoral y catequistas en Nicaragua es ya una realidad natural que no parece alarmar a nadie.
Los únicos felices y atentos son Daniele Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, cuya estrategia es reducir a la Iglesia católica a la irrelevancia social, religiosa y cultural.
Muchas preguntas sin respuesta
La reciente negociación del Vaticano para deportar a 12 sacerdotes fue un regreso a la práctica del gobierno, cuando con acrobacias de palabras y supuestas taareas en la Curia, el Papa Francisco -en abril de 2021- retiró al obispo auxiliar. de Managua monseñor Silvio Báez, ahora exiliado en Miami .
De esa manera el Papa dejó en la archidiócesis al cardenal metropolitano Leopoldo Brenes, un cardenal que aparece en todos los momentos críticos para bajar el tono, evitar que se agiten las aguas y echar una mano al secretismo que siempre acaba con favores al dictador nicaragüense.
Hay muchas reflexiones e ideas que pueden hacerse y defenderse con buenos argumentos.Sin embargo, centrémonos en dos cuestiones que nos parecen de gran importancia.
** El primero se refiere a lo que siempre ha dicho el Papa Francisco sobre la máxima e indispensable importancia doctrinal de los derechos humanos, la defensa de la persona y su dignidad.
Papa s. Juan Pablo II afirmó que «las espaldas de los hombres son las espaldas de Dios» para subrayar la importancia del asunto.
Estos sacerdotes son encarcelados por defender estos derechos humanos. Están en prisión por haber defendido «el camino principal de la Iglesia: el hombre». En efecto, ¿qué conclusión podemos sacar de este movimiento vaticano que a estas alturas parece estar determinado sólo por razones de Estado o, en todo caso, por consideraciones políticas? [1]
** El Vaticano ha realizado este mismo tipo de operación en otros pontificados. Hay varios nombres famosos en esta lista. Evidentemente cada caso es algo específico que debe registrarse en un contexto histórico preciso. Sin embargo, siempre se trató de operaciones singulares, motivadas en su mayor parte por la vejez y el frágil estado de salud del prisionero.
En lo que acaba de realizar el Vaticano, se trata de una nueva negociación para intercambiar la libertad personal impedida (de estos 12 sacerdotes) por la aceptación del exilio forzoso. Esto nunca sucedió en el pasado y confirma indirectamente que Mons. Rolando Álvarez no participa en este juego. Surge la pregunta: ¿qué pasó con los derechos humanos de los 12 sacerdotes que fueron violados en segundo lugar con la deportación, pero esta vez con la firma de la Santa Sede? [2]
La Declaración Universal de Derechos Humanos dice: «1. Toda persona tiene libertad de circulación y residencia dentro de las fronteras de cada país. 2. Toda persona tiene libertad respecto de cualquier país, incluido el propio, a regresar a su propio país».
Por LUIS LADARIA.
CIUDAD DEL VATICANO.
SÁBADO 21 DE OCTUBRE DE 2023.
