Editorial ACN N°75
Mientras se abría un frente para salvar las expresiones públicas y símbolos religiosos en las calles, otro más siniestro se daba de manera más oculta y sin mayor escándalo. Prácticamente desapercibido, como un ladrón en la noche, justo como lo hacen los hacedores del mal para que sus frutos nos sean repudiados.
El pasado miércoles 21 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN- cometió otra embestida en contra de la vida. En la Primera Sala, una discusión acerca de la contradicción de criterios 412/2022 resolvió fortalecer al aborto como supuesto derecho. Su despenalización sería prácticamente una realidad a nivel nacional ya que los ministros de la SCJN consideran que la sola condición de ser mujer “o persona con la capacidad de gestar” es suficiente para sustentar el interés legítimo e impugnar las normas que no permitan echar mano de abortos seguros.
Así, las legislaciones de los Estados, independientemente de los tipos de aborto que puedan tipificar en sus legislaciones penales, serían nulas y los tribunales obligarían a las autoridadeslocales a poner recursos para garantizar el aborto porque, a decir de los ministros, las normas que lo penalizan “potencialmente pueden comprometer o limitar el acceso de las mujeres y personas con capacidad de gestar a una debida protección de sus derechos humanos a la autonomía reproductiva, a la vida, a la no discriminación, la salud y la integridad personal”.
Tal resolución tiene otra característica que no debe tomarse a la ligera. Ser mujer es suficiente para asegurar un aborto como medida ética para sostener y garantizar la salud reproductiva y libre determinación. A decir de esa resolución, el aborto sería un símbolo negativo cuyo significado cultural y social de los derechos de las mujeres y “personas con capacidad de gestar”, ha contribuido a construir un imaginario social adverso para el ejercicio de sus derechos humanos, fomentando la creencia sobre la incorrección ética del aborto y otras opciones reproductivas”.
Por su fuera poco, esto es también un mensaje a los objetores de conciencia médicos ya que según la situación para decidir por un aborto es poner estigmas para quienes acuden a estos servicios de atención médica, “generando un temor en los profesionales de la salud, aun cuando las legislaciones penales no criminalicen ciertos abortos, lo que puede provocar desigualdad en la provisión de los servicios de salud”, esto es equivalente a intervenir en la conciencia de los médicos imponiendo el pensamiento de que un aborto provocado es igual tan bueno y positivo como cualquier otra actividad médica legítima.
Otra preocupación aparece con esta resolución. Si no se garantiza un aborto seguro, entonces nos hallaríamos ante un “mensaje discriminatorio”. Con un tono falaz, la doxa de los ministros sostiene que cualquier mujer tiene razón para impugnar por la vía constitucional “la forma en la que el legislador decidió criminalizar la conducta de la mujer para proteger el derecho a la vida del producto en gestación”.
Con esta resolución, prácticamente el aborto es una solicitud a la carta y al gusto cuando cualquier mujer decida hacerlo protegiéndose por la vía del juicio de amparo. Para erradicar cualquier discriminación, garantizar los supuestos derechos reproductivos y alegar que un crimen es ahora ético, el aborto entra por la puerta de atrás sin que nadie lo haya impedido. Ninguna otra voz se alza para advertir que, en esta lucha por la defensa de la vida, se ha asestado un golpe mortal. Efectivamente, el aborto ya es “un derecho” reconocido en México.
