El padre Custodio Ballester, presbítero contra el que una fiscal española pide tres años de cárcel por criticar el islamismo radical y el terrorismo islámico alegando un supuesto delito de odio, ha llevado su caso ante la cuadragésimo quinta sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Mediante teleconferencia, el sacerdote ha denunciado «la arbitrariedad y el abuso de poder» que a su juicio entraña la actuación de la fiscal de delitos de odio de Málaga (España), María Teresa Verdugo de quien asegura que está «empeñada en encarcelarme por ejercer mi libertad de expresión, pensamiento y conciencia, reconocidos en la Declaración de Viena y mi derecho a
hablar y actuar en conciencia».
El presbítero defiende que en los escritos que ha utilizado la fiscal para armar su acusación se ha limitado a afirmar que «el yihadismo radical y el islamismo violento quieren destruir Europa y la civilización occidental» de tal forma que su crítica está «dirigida única y exclusivamente a los yihadistas violentos e islamistas radicales, no a todos los musulmanes sin distinción».
El padre Ballester, a quien ya se intentó en el pasado censurar mediante una querella por predicar la doctrina cristiana sobre la homosexualidad y criticar a los grupos LGTBI que se arrogan la representatividad de las personas con tendencias no heterosexuales, ha explicado cómo durante su declaración ante el juzgado correspondiente, la propia fiscal no acudió: «La fiscal de odio de Málaga no estuvo presente. No me interrogó en ningún momento ni tuvo en consideración mi presunción de inocencia. A pesar de ello, la fiscal pidió para mí la pena máxima: 3 años de cárcel y 3.000 euros de multa por incitación al odio».
Arbitrariedad del delito de odio
A lo largo de su intervención, el sacerdote ha denunciado que la fiscal «ha convertido el delito de odio en instrumento de represión ideológica y de control social», y en lo que entiende como un claro ejercicio de discriminación, ha tomado su condición de sacerdote «como una suerte de agravante en la acusación, violando de esta manera la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley».
El padre Ballester explica que el delito de odio fue creado para sancionar afirmaciones que incitan a la violencia contra las personas por razones de raza o religión, pero en su caso, «se está utilizando ahora no para juzgar hechos concretos, sino para enjuiciar intenciones y pensamientos personales, expresados a través de palabras con contextos y significados diferentes».
«Esto significa una suerte de arbitrariedad de las acusaciones, reprimiendo así la libertad de expresión. La praxis judicial en España demuestra que el delito de odio se imputa en una sola dirección«, denuncia el presbítero.
La presencia del padre custodio en la ONU ha sido posible gracias a la colaboración de HazteOir.org, que participa activamente con frecuencia en la sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Con información de: Actuall
