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El juicio por corrupción que se está llevando a cabo en el Vaticano ha llegado este jueves hasta Catalunya.
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El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont habría intentado ponerse en contacto con Angelo Becciu, el cardenal sentado en el banquillo por presuntas irregularidades financieras, según la declaración de Cecilia Marogna, una supuesta experta en geopolítica protegida por Becciu que también está siendo procesada por malversación.
Marogna no ha permitido ser interrogada por el momento, pero sus abogados han entregado al Tribunal del Vaticano una declaración de 22 páginas donde refiere sus supuestas tareas de poner en contacto a Becciu con servicios de inteligencia e instituciones. En la nota narra que, en el periodo del referéndum del 2017, Puigdemont escribió una carta para pedir un contacto o encuentro con Becciu, que entonces era sustituto de la Secretaría de Estado, en la práctica número tres de la Santa Sede. “Hablé con el cardenal, que me dijo que estaba disponible para escuchar lo que estaba sucediendo en España y si habría márgenes para una intervención diplomática del Vaticano”, dice en esta declaración.
Cecilia Marogna, supuesta experta en geopolítica, y el cardenal Becciu.
La supuesta experta ha mencionado este episodio para explicar la poca confianza que le generaba el empresario italiano Piergiorgio Bassi, un aparente lobista con fuertes vínculos con Rusia, socio de una empresa de inteligencia y seguridad con sede en Suiza. “Me surgieron otras dudas sobre la autenticidad operativa de parte de Piergiorgio Bassi y sus socios rusos cuando me envió una carta del presidente de Catalunya”, relata al Tribunal Vaticano. Según añade, Bassi le contó que en ese momento Puigdemont no podía viajar, por lo que lo mejor era organizar una videollamada con el cardenal Becciu. Sin embargo, la condición de Bassi era que la videollamada tuviese lugar solamente en el apartamento privado de Becciu, bajo la supervisión de “un estrechísimo colaborador de identidad desconocida que iría a su casa con su ordenador para utilizar una cuenta de Skype precisa”.
“La petición me pareció insólita e ilógica, porque tanto el cardenal Becciu como yo teníamos una cuenta de Skype operativa o podíamos abrir una para la ocasión. Pero Bassi me dijo que no funcionaba de esa manera y que sólo se podía realizar la videollamada bajo estas condiciones”, escribe Marogna.
Después de esto, tanto ella como Becciu pensaron que “algo no estaba claro” y le sugirió al cardenal declinar la petición, argumentando que “considerada la situación política crítica española”, sería mejor que Puigdemont mandase una petición oficial a la Secretaría de Estado para pedir un contacto diplomático con las instituciones de referencia, para evitar «eventuales instrumentalizaciones y un incidente diplomático». “También en esa ocasión Bassi se mostró contrariado, diciéndome que los socios rusos veían en el cardenal Becciu un hombre sin carácter”, zanja en la nota.
La declaración de Marogna indica que los socios rusos de Bassi, presentados como delegados para cuestiones diplomáticas particulares del presidente Vladímir Putin, eran Goloschchapov Konstantin Veniaminovich y Lukjanov Vladimir Nikolayevich. El empresario italiano quería que se los presentase a Becciu para peticiones concretas como una que tenía que ver con las reliquias de San Nicolás de Bari, muy venerado en Rusia.
Marogna ha hablado del episodio con Puigdemont para explicar la poca confianza que le generaba este empresario
Todo esto sucede en el marco del macrojuicio vaticano centrado en la ruinosa inversión de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el organismo que tenía más poder en el Vaticano, en un edificio de lujo en el barrio londinense de Chelsea. Los fiscales buscan esclarecer cómo la Secretaría de Estado gestionaba sus activos, muchos de ellos financiados por el Óbolo de San Pedro, el ente vaticano que recoge las donaciones de los fieles que en teoría se deben destinar a los más desfavorecidos.
El cardenal Becciu fue defenestrado por el Pontífice, quien le retiró las prerrogativas del cardenalato y le apartó de su cargo como prefecto (ministro) de la Congregación de las Causas de los Santos por sus actuaciones cuando era número dos de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Los fiscales creen que tejió una red de corrupción a su alrededor para desviar inversiones vaticanas hacia fondos especulativos en paraísos fiscales, pero el cardenal ha reiterado su inocencia y ha dicho ser víctima de una “masacre mediática” sin precedentes.
Entre los acusados también se encuentran brokers italianos, antiguos jefes de la unidad de inteligencia financiera de la Santa Sede y Marogna, apodada “la dama del cardenal” por los medios italianos, que recibió más de medio millón de la Secretaría de Estado en teoría para pagar el rescate de misioneros secuestrados en África, pero que según la acusación la alta cantidad fue empleada para su propio beneficio personal.
