«El juez me está poniendo dificultades para defenderme», escribe José María Martínez, miembro español del Opus Dei, falsamente acusado de «abusos», en JoseMariaMartinezGaztelueta.com (5 de marzo).
Como Francisco no pudo encontrar un juez ordinario dispuesto a participar en el tribunal contra Martínez, nombró un «tribunal especial» -una injusticia en sí misma- con monseñor José Antonio Satué, obispo de Teruel, España, como juez.
Para poder defenderse, Martínez debe tener acceso al expediente de su caso preparado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Este expediente es el resultado de una investigación encargada por Francisco en 2015, que concluyó que Martínez era inocente.
En contra de los principios de una jurisprudencia seria, el Vaticano se negó a divulgar el expediente sin comunicar a Martínez la razón de ello.
La cosa empeora:
Los dos sacerdotes, Silverio Nieto y Rafael Felipe Freije, que llevaron a cabo la investigación de la Congregación para la Doctrina de la Fe que confirmó la inocencia de Martínez, no podrán testificar en el segundo juicio canónico.
Nieto y Freije fueron de las primeras personas que tuvieron acceso a las afirmaciones del acusador. Fueron las personas elegidas por la Iglesia para llevar a cabo el proceso.
El segundo juicio contra Martínez querido por Francisco es ilegal porque hace caso omiso del principio jurídico fundamental que prohíbe un segundo juicio por los mismos cargos o cargos similares después de una absolución.
Todos estos hechos deplorables indican que el veredicto contra Martínez está predeterminado.
El juez, monseñor Satué, confirmó oficialmente su parcialidad ya antes de que comenzara el juicio, cuando el 26 de septiembre envió a Martínez una carta en la que le pedía «disculpas» al acusador Juan Cuatrecasas, antiguo alumno del colegio del Opus Dei en Gaztelueta.
MADRID, ESPAÑA.
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