Las recientes revelaciones de colectivos y organizaciones de los derechos humanos acerca de la intervención de comunicaciones, ha generado la indignación pública acerca del papel del ejército y cómo, al habérsele dado un poder inconmensurable, se muestra como de las principales organismos del estado mexicano, a través del uso de la tecnología, atenta contra las libertades, vulnerando la seguridad y, sobre todo, usados para inducir el terror oficial, impedir la justicia y amedrentar, especialmente a quienes están dedicados a la defensa de los derechos humanos.
Según un comunicado del Centro Prodh del pasado 18 de abril, desde 2017, los dispositivos celulares de algunos de sus integrantes fueron atacados con el malaware Pegasus: “Tres personas del Centro Prodh habían recibido mensajes infecciosos para vulnerar sus teléfonos, al tiempo que el Centro Prodh defendía algunas de las causas de derechos humanos más emblemáticas del anterior sexenio, como los casos Tlatlaya, Ayotzinapa y Atenco”. Ni la Fiscalía General de la República u otra institución encargada de la persecución de los delitos actuaron para deslindar responsabilidades.
Los que dicen “no ser iguales a lo otros”, hacen los mismo y de una manera descarada y repetida. La denuncia del Centro Prodh es más preocupante porque en 2022, se confirmó de nuevo el espionaje contra los activistas al menos en cinco ocasiones. Denuncia el Centro Prodh: “A fines de 2022, dos personas de nuestro equipo, recibieron correos electrónicos en los que la empresa Apple les notificó que sus teléfonos habían sido vulnerados por ‘atacantes patrocinados por un Estado”.
Lo más preocupante es que el espionaje fue dirigido por realizar actividades de defensa de los derechos humanos confirmando la grave intención de usar las instituciones del Estado. Como sucede en estados totalitarios, el espionaje es una herramienta que demuestra cómo se usa el poder del ejército para obtener información de forma ilegal y amedrentar de manera institucional.
Como bien afirma el Centro Pro, el espionaje y la intervención de las comunicaciones no son cosa que deban minimizarse; por el contrario, son advertencia. El aparato estatal se vuelve contra las libertades, es usado como instrumento para propiciar el terror y causa una lesión gravísima a la confianza de la ciudadanía, además de usarlo con el claro objetivo de marcar a las personas por ser incómodas en sus actividades, “enemigos” por enfocar sus fuerzas y capacidad en denunciar las atrocidades de las instituciones que han atentado gravemente contra la dignidad de las personas y de las libertades.
Si el ejército ha escalado en poder y su presencia es evidente en actividades que no le corresponden, la penetración de su influencia en la privacidad de las personas llega a niveles que nos deben mover a la reflexión como sociedad. Esto también es una forma de violencia que socava la paz y la tranquilidad. Un Estado que ha puesto su seguridad en estos métodos, responde así al uso de medidas dirigidas a callar las atrocidades cometidas por autores desconocidos con mucho poder. Propician la impunidad y la tremenda corrupción enquistada en las entrañas del Estado mexicano, pero como advierte el Centro Prodh, “evidencian a un Ejército que al actuar sin controles y empoderase como nunca antes se ha vuelto ya una amenaza a la democracia…”
