Ante los constantes ataques contra la iglesia católica y sus integrantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhorta al Estado de Nicaragua a cesar las afectaciones a la libertad religiosa, la persecución a la Iglesia católica y a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad.
De acuerdo con la información disponible, el 8 de septiembre de 2023 el sacerdote Osman José Amador, integrante de la Diócesis de Estelí y exdirector de la organización Cáritas Estelí, fue detenido mediante el uso de la fuerza por agentes del Estado. Hasta el momento, no se habría informado sobre los motivos de la detención, la situación jurídica ni el paradero del sacerdote.
La CIDH observa con preocupación que, a la fecha, 8 sacerdotes permanecen privados de libertad. Entre ellos, el monseñor Rolando Álvarez, quien se encontraría en condiciones deplorables de detención, incomunicado y con afectaciones a su salud, como quedó evidenciado en la visita de sus familiares el pasado 25 de marzo. Asimismo, los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez, estarían privados de la libertad y bajo investigación por su trabajo en Cáritas Estelí.
Desde el 2022, la CIDH viene advirtiendo que la persecución contra la Iglesia Católica continúa agudizándose en un contexto de cierre del espacio cívico y democrático. Existen hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes. En el mes de mayo de 2023, el Estado ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica por presuntos hechos ilícitos vinculados con lavado de activos y «Traición a la Patria».
La CIDH recuerda que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión, lo que conlleva «la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado».
Al respecto, la CIDH ha señalado que un espacio cívico abierto, libre y plural constituye una condición esencial para garantizar que las personas tengan la libertad de profesar, manifestar y practicar su religión o creencias sin discriminación. Esto tiene particular importancia en un país con una mayoría de población que profesa la religión católica como Nicaragua, donde la política estatal para la supresión del espacio cívico ha resultado también en la afectación de la libertad religiosa de su población.
La Comisión exhorta al Estado de Nicaragua a cesar las afectaciones a la libertad religiosa, la persecución a la Iglesia católica y a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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