Ayer, 28 de enero de 2026, la llamada «Asamblea Nacional» francesa, votó unánimemente la abolición del concepto de «deber conyugal», presentado su decisión como un «avance decisivo» en materia de consentimiento.
Pero tras esta decisión legal se esconde una ruptura más profunda.
Es decir, al negarse la «Asamblea Nacional» a reconocer que el matrimonio puede vincular a los cónyuges a sus propios cuerpos, la Asamblea ahora se niega a reconocer que el matrimonio puede vincularlos incluso a su propia identidad física.
El miércoles 28 de enero, por 106 votos a favor y 0 en contra, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley presentado como una simple aclaración jurídica.
Para sorpresa de todos aquellos que tienen sentido común, resulta que el texto afirma que no se puede inferir ninguna obligación sexual del matrimonio y que la negativa a mantener relaciones sexuales no puede, bajo ninguna circunstancia, ser motivo de divorcio por culpa. Los promotores del proyecto de ley hablaron de poner fin a una persistente «ambigüedad jurídica» en el Código Civil.
Es necesario explicar con claridad qué fue esta ambigüedad y qué no fue.
Contrariamente a lo que se ha repetido en el debate público, el “deber conyugal” nunca ha aparecido en el Código Civil.
Ninguna disposición legal ha impuesto jamás una obligación sexual a los cónyuges.
El Código Civil solo enumera, en el artículo 212, los deberes del matrimonio:
- respeto,
- fidelidad,
- apoyo
- asistencia,
- y en el artículo 215, la obligación de una vida en común.
- En ninguna parte se menciona el deber de tener relaciones sexuales.
Por lo tanto, la “ambigüedad legal” no provenía de la propia ley, sino de su interpretación.
Durante mucho tiempo, algunos jueces equipararon la vida en común con el lecho compartido, considerando que una negativa persistente e injustificada a las relaciones sexuales podía constituir una falta conyugal en el sentido del artículo 242 del Código Civil. Es esta interpretación jurisprudencial, y solo esta, la que el legislador pretendió consagrar.
Es fundamental dejar esto claro, ya que la propia palabra «deber» se ha oscurecido deliberadamente: en su sentido moral clásico, el deber no se refiere a una restricción impuesta desde fuera. Se refiere a una obligación que surge de un compromiso libremente asumido .
El deber solo existe cuando ha habido:
- una promesa,
- una alianza,
- una elección voluntaria.
- Involucra a la conciencia antes que a la ley.
No es un derecho que se pueda exigir por la fuerza, sino más bien la fidelidad a una palabra dada.
Aplicado al matrimonio,
el deber conyugal
nunca significó
un derecho a coaccionar.
Designaba la consecuencia moral
del consentimiento matrimonial,
por el cual dos personas
acuerdan libremente
hacer de sus vidas,
incluyendo sus cuerpos,
un don mutuo y duradero.
El deber
no se oponía al consentimiento;
era su fruto.
Es precisamente esta comprensión
la que el discurso político dominante
rechaza ahora.
Al equiparar cualquier noción de deber con la violencia potencial, los promotores del proyecto de ley han dado un giro decisivo:
- El matrimonio ya no se concibe como una alianza vinculante, sino como una relación constantemente revocable, donde cualquier expectativa compartida es sospechosa.
- El debate parlamentario lo demostró inequívocamente.
- El proyecto de ley fue defendido por una coalición multipartidista, pero el enfoque más radical provino de la izquierda ideológica.
- Diputados socialistas y de La Francia Insumisa intentaron, sin éxito esta vez, eliminar incluso la mención de la fidelidad entre las obligaciones del matrimonio, argumentando que podría interpretarse como coerción sexual.
El fracaso de este intento no debería oscurecer su significado.
Tras la desaparición
de todo significado carnal
del vínculo matrimonial,
ahora es la fidelidad misma
la que se percibe
como problemática.
Esta lógica
contradice directamente
la visión cristiana del matrimonio.
Desde la Escritura, la unión del hombre y la mujer se presenta como una alianza total.
- El Génesis habla de un conocimiento mutuo, que involucra a los cuerpos porque primero involucra a las personas.
- El Nuevo Testamento, si bien reconoce la herida de la concupiscencia, afirma que la unión carnal experimentada en el matrimonio es un bien, ordenado al amor, la fidelidad y la paz interior.
- La enseñanza de la Iglesia Católica es inequívoca.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que la intimidad corporal de los esposos es «signo y prenda de comunión espiritual» (§2360), que el amor conyugal compromete a «todos los componentes de la persona» (§2361) y que los actos mediante los cuales los esposos se unen «son honorables y dignos» (§2362).
En otras palabras,
el amor conyugal
es un amor encarnado,
que no se reduce
a la emoción
ni a la negociación constante.
Al negarse a reconocer
que el matrimonio
puede generar obligaciones
libremente consentidas,
incluso en el ámbito físico,
el derecho civil adopta
una antropología de la desconfianza.
Hombres y mujeres
ya no se consideran capaces
de entregarse el uno al otro
de forma duradera,
sino como individuos
que deben protegerse mutuamente,
neutralizando el vínculo mismo.
Lo que se abolió el 28 de enero de 2026 no fue un deber consagrado por la ley. Fue el derecho a concebir el matrimonio como una unión de amor comprometida, fiel y encarnada.
Fue la posibilidad de afirmar que el amor verdadero no se conforma con un consentimiento fragmentado, sino que se vive a lo largo del tiempo, con responsabilidad y entrega mutua.
El fin del «deber conyugal », como se proclama hoy, se asemeja menos a una victoria del consentimiento que a una admisión de renuncia.
Una renuncia a la creencia de que un hombre y una mujer pueden comprometerse libremente el uno con el otro, con su corazón, sus palabras y sus cuerpos.
Una renuncia, en definitiva, a la idea misma de un matrimonio por amor.
Por PHILIPPE MARIE.
JUEVES 29 DE ENERO DE 2026.
TCH.
