- Reconocer el aborto como parte de la política sanitaria de la Unión Europe interferiría con los sistemas penales nacionales.
- Ante la decisión de la Comisión Europea sobre la iniciativa «Mi Voz, Mi Elección», enfatizaron que el embarazo no es una enfermedad y que el aborto no puede considerarse un servicio médico.
Ante la decisión de la Comisión Europea sobre la Iniciativa Ciudadana Europea «Mi Voz, Mi Elección», organizaciones provida cuestionan la posibilidad de que la UE financie abortos en otros Estados miembros. Argumentan que el proyecto excede las competencias que los Tratados otorgan a la UE.
La iniciativa busca crear un mecanismo de apoyo para las mujeres que, como señalan sus organizadores, carecen de acceso al aborto en sus países. La Comisión registró el proyecto, argumentando que el apoyo financiero a las actividades estatales de promoción de la salud podría estar comprendido en las denominadas competencias de apoyo de la UE, de conformidad con el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Sin embargo, los críticos argumentan que el aborto, salvo en situaciones donde la vida de la mujer esté directamente amenazada, no es un servicio de salud porque no tiene carácter terapéutico. En su opinión, el embarazo no es una enfermedad y el aborto constituye la interrupción intencional de la vida de un niño en la fase prenatal de su desarrollo. Por lo tanto, no puede clasificarse como un elemento de la política sanitaria.
Los autores del documento de posición señalan que, en todos los Estados miembros de la UE, el aborto sigue regulado por el derecho penal, y que las diferencias entre los sistemas se limitan al alcance de las excepciones a la responsabilidad penal. En su opinión, la financiación de la UE para viajes a otro país para el procedimiento constituiría una interferencia con las soluciones jurídicas nacionales y podría vulnerar el principio de cooperación leal entre la UE y sus Estados miembros.
Los grupos provida también señalan que, si bien la iniciativa ha superado el umbral de un millón de firmas requerido para una Iniciativa Ciudadana Europea, su admisibilidad legal sigue siendo una incógnita. Creen que la decisión final de la Comisión podría sentar precedentes en la interpretación del concepto de «salud» en el derecho de la UE y en el alcance de las competencias de la UE en materia de cosmovisión.
La Federación ONE OF US presentó su posición al respecto, pidiendo el rechazo a los intentos de reconocer el aborto como un elemento de la política sanitaria de la UE.
BRUSELAS, BÉLGICA.
MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO DE 2026.
