La diputada socialista María Luisa Carcedo prometió que «a la tercera iba la vencida» y así ha sido. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por mayoría absoluta la ley orgánica de regulación de la eutanasia. El PSOE lo había intentado ya dos veces desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras la moción de censura a Rajoy en 2018. Pero lo ha conseguido ahora gracias al apoyo de los partidos independentistas, nacionalistas, la izquierda radical y el ‘coqueteo’ de Ciudadanos con el presidente del Gobierno.
La ley, que fue aprobada con 202 votos a favor (PSOE, Podemos, BNG, ERC, Junts per Catalunya, Más País, Bildu, PNV, CUP, Ciudadanos), 141 en contra (PP, Vox, UPN, Foro Asturias) y dos abstenciones (CDC y Teruel Existe), llegó al Congreso en enero del año pasado. Fue presentada por el PSOE como proposición de ley orgánica para poder evitar los informes preceptivos del Consejo de Estado y fue tramitada en apenas siete meses, ya que los otros siete estuvo suspendida por el estado de alarma. Su aprobación este jueves se produce en medio del trauma social por la muerte de más de 100.00o personas durante el año que llevamos de pandemia -prácticamente el mismo tiempo que ha durado la tramitación de la ley-.
Durante su debate en el pleno, la diputada socialista María Luisa Carcedo, autora intelectual de la «prestación de ayuda a morir» defendió «la libertad con mayúsculas» que supone este nuevo derecho individual. «Hasta ahora sufrir una enfermedad degenerativa era un delito y la condena era un final cruel y doloroso», recordó la exministra de Sanidad.
En constantes alusiones a los «artífices» de la nueva regulación, Carcedo agradeció el apoyo de los grupos parlamentarios que han hecho posible las reivindicaciones durante más dos décadas de personas como Ramón Sampedro; el doctor Luis Montes, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente; Maribel Tellaetxe, enferma de alzhéimer que murió en 2019 a la espera del desbloqueo de la eutanasia o de Ángel Hernández, que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, con una esclerosis múltiple muy avanzada.
Tras la votación, los aplausos en el hemiciclio de la bancada socialista y demás socios del Gobierno se hicieron oír durante casi cuatro minutos, mientras los diputados de Vox levantaban las pantallas de sus ordenadores portátiles y tabletas con la frase: «La derogaremos». La presidenta del Congreso, Maritxell Batet, tuvo que llamar la atención del grupo parlamentario, al recordarles que la opinión en la cámara «se expresa a través del uso de la palabra» y no con pancartas.
«Abandono social»
La ley aprobada este jueves será una de las menos restrictiva de todas las que existen. España, además, se convertirá en el único país de Europa con una «prestación de ayuda a morir», pero sin un acceso universal a los cuidados paliativos. Luxemburgo, Bélgica y Holanda -los únicos países europeos que tienen regulada la eutanasia- superan ampliamente a nuestro país en la cobertura de cuidados al final de la vida.
La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) estima que seis de cada diez enfermos mueren cada año en nuestro país sin recibir este tipo de atención. Más de 55.000 personas murieron además el año pasado a la espera de una ayuda a la dependencia que nunca llegó.
El diputado del PP, José Ignacio Echániz, advirtió de que esta nueva regulación «no está diseñada para los casos excepcionales sino para las enfermedades y el sufrimiento crónico y eso tiene un poderoso efecto llamada para las personas más vulnerables de nuestra sociedad que deberían ser las más protegidas». «Empujarles a la eutanasia es un vergonzoso acto de abandono social que encubre una negación a una mejor asistencia sociosaniaria. Con unos raquíticos cuidados paliativos nunca habrá una verdadera libertad para elegir», denunció.
Echániz tocó durante su intervención otro de los agujeros negros de la ley: el registro de los médicos objetores de conciencia. Según recordó, el mal llamado «derecho a morir» es «un acto antimédico y antiprofesional» que el Gobierno pondrá en marcha «con la coacción de una lista negra de objetores». «Eso es un insulto a los profesionales a los que la sociedad ha aplaudido a lo largo de esta pandemia y un chantaje intolerable que se les volverá en contra», aseveró.
«Una burla a los españoles»
La diputada por Vox, Lourdes Méndez, acusó al PSOE y sus socios en el Gobierno de «optar por la muerte en lugar de los cuidados». «Esta ley es una burla a los españoles cuando han rechazado implantar una ley integral de cuidados paliativos». Méndez advirtió de que esta nueva regulación supone una «profunda modificación, ya que el Estado ya no tiene en sus manos la salud de los ciudadanos sino la vida». «La vida no puede estar a disposición del Estado. Es un fracaso de la civilización», aseguró.
Méndez adelantó que su grupo parlamentario interpondrá un recurso de inconstitucionalidad de la ley de eutanasia. Además estudian la posibilidad de solicitar una medida cautelar para evitar que se aplique la norma mientras no se resuelve el recurso. «Los 52 diputados de Vox no descansaremos por conseguir que en el final de sus vidas todos los enfermos puedan morir dignamente sin dolor y sin que les maten. Pueden estar seguros», aseveró.
Con la aprobación de la ley, la eutanasia y el suicidio asistido pasarán a estar incluidos en la cartera de servicios comunes de la Sistema Nacional de Salud (SNS). La norma establece su entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que ocurrirá a mediados de junio. Otros países como Nueva Zelanda o el estado de Victoria (Australia), los últimos en regular este derecho, tardaron más de un año en poner en marcha la ley.
Sánchez, «un camino de progreso»
«Con Pedro Sánchez iniciamos un camino de progreso que nos hará una sociedad más justa y decente», afirmó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien se comprometió este jueves ante el hemiciclo a iniciar cuanto antes el proceso para que la «prestación de ayuda a morir» quede incluida en el SNS.
España se convierte desde este jueves en el sexto país del mundo en regular la eutanasia y en el tercero, después de Holanda y Bélgica, en despenalizar ambas modalidades: la administración de la inyección letal (eutanasia) o la prescripción del pentobarbital al paciente (suicidio asistido). El Parlamento de Portugal también reconoció legalmente el derecho a morir el pasado 29 de enero pero el Tribunal Constitucional ha tumbado la ley por lo que no entrará en vigor.
En otros países del mundo solo está despenalizado o regulado el suicidio asistido como es el caso de Alemania, Japón, Nueva Zelanda y algunos estados de EE.UU. (Washington, Oregón, Colorado, Vermont, Montana y California) y uno de Australia (Victoria). En total, apenas el 2,5 por ciento de la población mundial tiene acceso al mal llamado «derecho a morir».
Laura Daniele.
ABC.
