Un rayo de paz se dio en Michoacán esta semana. Mientras la tolerancia por el aborto avanza en otros estados, el pasado miércoles la legislatura local bajó del orden del día de la sesión el dictamen que contiene el proyecto de decreto para la despenalización de ese delito, bajo el argumento de que el proceso legislativo no fue seguido con la debida diligencia, encontrándose, además, vicios de origen para su aprobación.
Detrás estuvo la presión de grupos y colectivos provida los cuales, en un fuerte y organizado activismo, lograron un importante avance para influir en las decisiones del Poder Legislativo michoacano; sin embargo, no exento de controversias, la presión de partidos políticos fue determinante bajo advertencias de que, de aprobarse el aborto, se acabaría la alianza opositora de cara a las elecciones del 2024.
Mientras se quería dar este albazo, no deja de llamar la atención la terrible realidad del pueblo michoacano, similiar a la de muchos en otras partes del país. La degradación de la política y la corrupción han llegado a tales niveles que existen sospechas de que un narcogobierno dirige al estado que se hunde en la violencia y la desestabilización. Esto sin dejar de lado los altos índices de marginación y pobreza en la entidad además de las cifras de desaparecidos, una dura realidad que ahora quiere ponerse bajo cortina de humo, la del aborto.
No sólo la sociedad civil organizada logró parar este proyecto legislativo. En un claro y valiente mensaje, el obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, no vaciló en decir que la violencia de Michoacán es agravada por la pretensión de la despenalización y tolerancia del aborto como si con eso desaparecieran los males de la sociedad.
Sin más, el obispo no sólo hizo que el mensaje fuera para un momento particular, más bien tuvo una actualización de las difíciles condiciones trayendo además lo que en México y el estado es una exigencia contundente. Así lo decía: “Señoras y señores diputados, en lo que corresponde a Michoacán ante esta realidad, urge replantear la estrategia de seguridad y buscar cómo proteger toda vida… nadie tiene el derecho de terminar con la vida de otra persona, menos aun de los más indefensos que son los concebidos aun no nacidos”.
Con esto, el énfasis del obispo Cristóbal Ascencio llevó a la clara determinación de lanzar una consigna que es la misma que impera en la ciudadanía racional cuya conciencia está por encima de ideologías alienantes y convenientes discursos que justifican una falsa transformación: ¡Proteger la vida con las leyes, con los gestos, las palabras y las acciones!
Mientras se proclama como lema de este gobierno, el de “abrazos, no balazos”, la realidad continúa implacable en el México donde se rompen, cada fin de semana, récords impresionantes de homicidios que ya no nos parecen conmover. Los abrazos no son para todos, y menos para los que no se pueden defender en el seno de las madres. Para ellos, mejor balazos que pueden ir en la forma de una legislación asesina, los instrumentos o medicamentos para acabar impunemente con su vida.
