El acceso a un aborto en el país como un derecho, a discusión en Parlamento Abierto en el Senado, “invade la competencia para legislar en materia penal de los Estados, ya que su propuesta no toma en cuenta que en la mayoría de las entidades de la Federación se encuentra penalizada tal práctica”.
En el mismo tenor, está “la propuesta de permitir que las adolescentes mayores de 13 años puedan solicitar un aborto sin el consentimiento de sus padres o tutores, ya que esto involucra la figura civil de la patria potestad”.
Así fijó su postura la Universidad Pontificia de México (UPM), al subrayar que “las nuevas iniciativas que se pretenden promover -sobre todo senadoras de Morena-, sobre los nuevos ‘derechos reproductivos’ no hacen sino desplazar el problema real, ya que sólo se atiende el síntoma, creyendo que con la nueva reforma de salud (educación ‘neutra’ y sexual por parte del Estado) la tasa de embarazos infantiles y abusos se reducirá, lo cual es falso”.
Más aún, añadió que “la promoción del ejercicio de la sexualidad genital como un medio de satisfacción de impulsos, que esta iniciativa de ley supone, da la ocasión perfecta para que el abuso sexual infantil incremente, sobre todo porque provee la solución para que el responsable evite las consecuencias”.
En un comunicado, la UPM expuso que dicho dictamen “facilita las relaciones sexuales entre menores como un intercambio de satisfacción de deseos eróticos y de necesidades afectivas, sin el debido acompañamiento familiar para evitar abusos, acosos y daños tanto físicos como psico-afectivos atentando con ello la patria potestad”.
Determinó que la sexualidad es “una dimensión muy compleja de la persona que abarca muchas esferas: médicas, psicológicas, familiares y sociales”.
Por lo anterior, remató, “toda política que se sustenta en la sexualidad como un mero impulso instintivo arroja fuertes problemáticas que afectan precisamente a quienes quieren proteger”.
Calificó como irónico el hecho de que “mientras que los mejores talentos en el mundo, están orientados para encontrar un remedio contra la pandemia del Covid-19, que amenaza la salud y a la vida de la humanidad, en México, se presenta esta iniciativa que atenta contra la dignidad humana y la vida de los más pequeños, por lo que consideramos que es reprobable desde el punto de vista ético y totalmente inoportuna”.
Por último, sostuvo que el posicionamiento sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentado por las senadoras del partido Morena: Martha Lucía Michel Camarena, Minerva Citlalli Hernández Mora y Jesusa Rodríguez Ramírez, “pasa por alto dos serios problemas legales; en un primer término porque parte del supuesto de que México se encuentra obligado a ofrecer a las mujeres y adolescentes “atención para un aborto sin riesgos”, lo que es incorrecto y así lo determinaron ministros de la Corte; ,por otro lado, violan el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece:
Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.
Dentro de aquellas facultades que no se encuentran expresamente concedidas a la Federación se encuentra la legislación en materia penal y civil. En ese orden de ideas, el Congreso de la Unión no es competente para establecer la legalidad del aborto ya que dicha decisión corresponde únicamente a los congresos estatales como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 10/2014. Concluye el documento de la UPM.
