Un sacerdote fue capturado por elementos ministeriales tras ser acusado de presunta agresión sexual en contra de una menor de edad en el estado de Guerrero.
Agentes de la Policía Investigadora Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un sacerdote católico plenamente identificado, quien enfrenta acusaciones directas por el delito de violación agravada cometido en perjuicio de una menor de edad en el estado de Guerrero.
La detención del líder religioso se efectuó tras el despliegue de un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales en las inmediaciones de un recinto eclesiástico local, atendiendo de manera inmediata la denuncia penal interpuesta por los familiares de la víctima.
El mandamiento judicial en su contra fue ejecutado de manera pacífica y bajo los estrictos protocolos de derechos humanos establecidos en las leyes procesales penales de México, procediendo con su traslado inmediato a las instalaciones del centro penitenciario correspondiente.
La presunta agresión sexual contra la menor de edad generó una fuerte indignación entre la ciudadanía, la cual exige total transparencia en las indagatorias institucionales. Ante el alarmante suceso, colectivos de la sociedad civil urgieron a las autoridades a no permitir la impunidad por motivos de jerarquía religiosa y a salvaguardar de manera prioritaria la integridad psicológica y física de la persona afectada durante todo el proceso penal en curso.
Antecedentes sobre delitos de índole sexual en recintos religiosos
Este condenable hecho se suma al historial delictivo que ha golpeado severamente la confianza en las organizaciones eclesiásticas en todo el territorio de la República Mexicana. Durante el pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) e instituciones homólogas locales han intervenido en múltiples carpetas de investigación donde se acusa a diversos ministros de culto por abusos cometidos contra infantes dentro de casas hogar y centros de catecismo.
Las reformas aplicadas al Código Penal Federal estipulan sanciones severamente agravadas para todo aquel funcionario o miembro de una asociación civil y religiosa que ejecute conductas delictivas aprovechando una posición de autoridad o superioridad moral frente a personas en situación de vulnerabilidad.
El procesado ya se encuentra a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica definitiva en las próximas horas y fijará el plazo correspondiente para el cierre de la investigación complementaria, mientras la menor de edad recibe atención especializada y acompañamiento integral por parte del área de atención a víctimas del delito.
Por ISABEL MERCADO.
SÁBADO 20 DE JUNIO DE 2026.
TRIBUNAMÉXICO.
