El juicio y la sentencia del obispo Gustavo Zanchetta duraron dos semanas. Un tribunal argentino declaró a Zanchetta culpable de abusar sexualmente a dos seminaristas en su antigua diócesis. Fue condenado a cuatro años y medio de prisión.
La condena penal de un obispo católico por abusar de sus propios seminaristas sería una noticia importante por sí misma, pero el caso del obispo Zanchetta ha acaparado la atención mundial debido a la estrecha relación de Zanchetta con el Papa Francisco. El caso plantea varias preocupaciones sobre las reformas que ha adoptado el Papa Francisco, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad episcopal, y el tratamiento personal del Papa de esas reformas.
Zanchetta trabajó estrechamente con el entonces cardenal Bergoglio cuando éste era jefe de la conferencia episcopal argentina. Bergoglio era el confesor de Zanchetta y veía al joven sacerdote como un «hijo espiritual». Poco después de ser elegido Papa en 2013, Zanchetta estuvo entre sus primeros nombramientos episcopales, cuando Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Orán, en el norte de Argentina.
El nombramiento de Zanchetta se produjo, casualmente, menos de una semana antes de la famosa ocurrencia del papa Francisco: «Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?». Menciono esto no para insinuar que el Papa Francisco conocía las inclinaciones de Zanchetta, y menos aún que estuviera pensando en Zanchetta cuando hizo el comentario. Por supuesto que no. Pero la cuestión de cómo el Papa debe juzgar a una persona así -incluso a un «hijo espiritual»- resulta ser muy importante.
No fue mucho después de su nombramiento como obispo que las quejas sobre Zanchetta comenzaron a filtrarse desde Orán. En 2015, fue convocado a Roma por el Papa Francisco para explicar los informes de que se había encontrado pornografía -incluyendo imágenes lascivas de hombres jóvenes y de él mismo- en el teléfono de Zanchetta. La defensa de Zanchetta, al parecer, fue que las imágenes eran falsas, que su teléfono había sido hackeado y que todo el asunto había sido orquestado para avergonzar, por asociación cercana, al propio Santo Padre.
El Papa Francisco creyó a su amigo y lo envió de vuelta a Orán.
Pero los informes siguieron llegando. En 2017, funcionarios diocesanos de Orán denunciaron acoso sexual a seminaristas y mala gestión financiera, a través de la nunciatura en Argentina. En julio de 2017, Francisco volvió a convocar a Zanchetta a Roma. Según explicaría más tarde, «antes de pedir la dimisión [de Zanchetta], hubo una acusación, e inmediatamente le hice venir con la persona que le acusaba y explicarlo.» Poco después de ese encuentro con el Papa, Zanchetta sí presentó su dimisión -citando «motivos de salud»-, que el Papa Francisco aceptó. Zanchetta, mientras tanto, se fue a España para recibir tratamiento.
En diciembre de 2017, Zanchetta había dejado España para ir a Roma, donde se instaló en la Domus Sanctae Marthae, donde vive el propio Francisco. A pesar de los informes de mala gestión financiera en Orán, e incluso de las preocupaciones anteriores de su diócesis natal de Quilmes, Francisco creó una nueva sinecura para Zanchetta en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), que supervisa las posesiones financieras de la Santa Sede.
No está claro si Zanchetta tenía alguna responsabilidad real en la APSA. Es plausible que el Santo Padre simplemente quisiera vigilar de cerca a su problemático protegido. Pero los acontecimientos de 2018 -y el maremágnum de noticias relacionadas con los abusos que vinieron con ellos- hicieron que el ya incómodo acuerdo fuera cada vez más insostenible.
En enero de 2019, el Vaticano anunció que comenzaba una investigación preliminar sobre las acusaciones de abuso sexual contra Zanchetta. Curiosamente, la oficina de prensa del Vaticano insistió en que no fue hasta 2018 cuando surgieron las acusaciones de abuso, a pesar de que el Papa había citado personalmente a Zanchetta en Roma en 2015 y 2017 para que respondiera por las denuncias de mala conducta, incluida la sexual.
La explicación más directa, y quizás más caritativa, de esta discrepancia es que las denuncias contra Zanchetta anteriores a 2018 eran de conductas que no se ajustaban a la definición canónica existente de abuso sexual. Estas distinciones legales son importantes. Pero un exceso de confianza en tales distinciones también mantuvo un sombrero rojo en la cabeza de Theodore McCarrick durante años, incluso después de que se pagaran acuerdos de abuso en múltiples diócesis a causa de sus depredaciones.
Zanchetta fue suspendido de su cargo en APSA en 2019 mientras el Vaticano realizaba su investigación. No ha habido actualizaciones del Vaticano sobre el estado de esa investigación. En julio de 2019, las autoridades argentinas presentaron cargos de abuso sexual contra Zanchetta mientras continuaban investigando su mala gestión financiera. Pero en junio de 2020, Zanchetta volvió a su trabajo en APSA. Permaneció en ese papel hasta el verano pasado. Posteriormente regresó a Argentina para ser juzgado, lo que la pandemia había retrasado hasta este mismo año.
A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco se ha mostrado alérgico al «legalismo» en todas sus formas, prefiriendo un estilo de gobierno personal y «pastoral». El legalismo, para él, es algo malo. Pero incluso la apariencia del ejercicio arbitrario de la autoridad, por muy bien intencionada que sea, puede ser algo muy malo también.
El caso de Zanchetta no es la primera vez en que el trato selectivo y deferente de prelados bien conectados agrava una situación pastoral ya de por sí escandalosa. Está el obispo Juan Barros en Chile, a quien Francisco se disculpó por defender; está Theodore McCarrick, sobre todo durante los pontificados de San Juan Pablo II y Benedicto XVI; antes estuvo, quizá de forma más notoria, el padre Marcial Maciel. La lista continúa. En cada uno de estos casos, no fue el legalismo, sino su contrario, lo que causó daño a la Iglesia.
Si las reformas legales que el Papa Francisco ha puesto en marcha para garantizar la responsabilidad episcopal han de ser efectivas, deben ser tratadas como leyes, no como directrices pastorales que se aplican de forma selectiva. Esto es especialmente cierto para Vos estis lux mundi. Quizás más que nada, y como siempre, se necesita una mayor transparencia.
Las reformas legales tienen que funcionar, pero también es necesario que se vea que funcionan. Y es necesario que se vea que se aplican de forma imparcial. Sin una mayor transparencia, ninguna de las dos cosas es posible. La transparencia es Pastoral.
Por Stephen P. White
Acerca del autor:
Stephen P. White es director ejecutivo de The Catholic Project de la Universidad Católica de América y profesor de Estudios Católicos en el Centro de Ética y Políticas Públicas.
