Los obispos de México se han sumado a este legítimo reclamo recordando que lo que está en juego no es menor. La democracia, han dicho, es de los caminos “más adecuados para mejorar y fortalecer a las instituciones cívicas y políticas que velan por la libertad, los derechos humanos y la justicia”. Y por eso, ante el llamado “plan B”, no dudaron en manifestar su preocupación “por diversos señalamientos que se han hecho sobre irregularidades en el proceso legislativo sobre el contenido de modificación a diversas leyes electorales…” Su llamado no es cosa que se dé a la ligera a fin de respetar los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen nuestro sistema electoral.