La presencia del padre Gabriel Ghilardini suscita interrogantes. Acusado en Argentina de agredir sexualmente a una menor, el sacerdote nunca ha sido condenado.
El momento elegido hace que el asunto sea particularmente delicado. El 27 de septiembre, el Papa León XIV tiene previsto reunirse en Lourdes con víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Entre los sacerdotes actualmente encargados de recibir y acompañar a los peregrinos en el Santuario se encuentra el sacerdote argentino Gabriel Ghilardini, quien fue objeto de una grave acusación en su país en 2020. Por su parte, el Santuario no intenta ocultar su presencia: la fotografía y el nombre de Gabriel Ghilardini figuran en la lista oficial de capellanes. Estos sacerdotes, procedentes de diversos países, atienden a los peregrinos, especialmente durante las celebraciones religiosas y para la confesión.
El caso se remonta al 6 de abril de 2020. Eugenia Castagnaro, entonces de 31 años, presentó una denuncia contra Gabriel María Ghilardini. Lo acusó de una agresión sexual que supuestamente ocurrió en el año 2000 en la Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires, cuando ella tenía 12 años. El caso fue registrado con la referencia IPP-18-03-000427-20/00 en la Unidad de Investigación Campana N° 3. Las autoridades eclesiásticas argentinas tomaron el asunto con la suficiente seriedad como para adoptar medidas cautelares. La Diócesis de Nueve de Julio destituyó a Ghilardini de su cargo como administrador parroquial y le prohibió ejercer públicamente su ministerio. Pero es fundamental destacar que Gabriel Ghilardini no fue condenado.
El 23 de octubre de 2020, el juez Julio Andrés Grassi del Juzgado de Garantías N° 2 de Campana desestimó la causa penal y ordenó la liberación del sacerdote . El motivo fue la prescripción: el juez determinó que los hechos alegados, que datan del año 2000, habían prescrito. Por consiguiente, esta decisión no constituye una condena ni una sentencia que declare la inocencia del sacerdote. El sistema judicial argentino simplemente no se pronunció sobre los hechos alegados, dado que la causa penal se consideró prescrita.
Es precisamente aquí donde comienza el problema que rodea a Lourdes hoy en día. Paralelamente al proceso judicial, la diócesis argentina había iniciado un procedimiento eclesiástico y había prohibido provisionalmente al padre Ghilardini ejercer públicamente su ministerio.
¿Cómo evolucionó posteriormente esta situación canónica? ¿Concluyó la investigación eclesiástica que las acusaciones eran infundadas? ¿Se levantaron oficialmente las medidas cautelares? ¿Y bajo qué condiciones se autorizó posteriormente al sacerdote a ejercer su ministerio en el Santuario de Lourdes?
Estas preguntas resultan aún más legítimas si se tiene en cuenta que Lourdes se ha convertido en uno de los lugares simbólicos del compromiso de la Iglesia en Francia con las víctimas de abusos. Sería injusto transformar una acusación de hace veintiséis años, que no ha derivado en ninguna condena, en una declaración de culpabilidad. La presunción de inocencia debe aplicarse plenamente al padre Ghilardini. Pero lo contrario sería igualmente insatisfactorio: considerar que la prescripción del delito es suficiente para responder a las preguntas que plantea su regreso al ministerio.
A pocas semanas del encuentro del Papa León XIV con las víctimas en Lourdes, parece necesario aclarar la trayectoria canónica del Padre Ghilardini. Esto no pretende condenar al sistema judicial ni a la Iglesia, sino comprender cómo un sacerdote que fue destituido públicamente de su ministerio en 2020 puede ahora ejercer como capellán en el santuario mariano más famoso de Francia.
Por ANTOINE NISSON.
VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2026,
TCH.
