El Foro de Sao Paulo se propone desarrollar el Plan Estratégico de la Descentralización, con el cual, entre otras cosas, busca generar reformas constitucionales para facilitar la toma del poder. El objetivo es arrinconar al imperialismo y, algo grave, desmitificar las religiones. En México, siendo un país cristiano, les será muy difícil a los foristas eliminar o reducir el poder espiritual, no obstante, en Europa la Revolución Francesa ya vendió las propiedades de la iglesia católica; uno puede ver eso como un fenómeno externo, pero la cuestión es que el enemigo ya está aquí, en México y Latinoamérica.
Las políticas son las acciones y propuestas que el gobierno toma para responder a las problemáticas que la sociedad considera prioritarias, no obstante, las propuestas de reforma constitucional que AMLO ha tomado indican que tiene la intención de orientar y asentar las bases para echar a andar el segundo piso de la 4T. Las políticas públicas son importantes, ya que deben impulsar el crecimiento económico sostenible; en nuestro país, obedecen a un control popular, así como al control supremo de los tres poderes.
Me permito encuadrar las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, y las podemos denominar como un “Constitucionalismo Populista”, pues la intención es asegurar que esa voluntad popular se exprese, mañosamente, por el presidente y el partido MORENA en el Congreso; con ello no admite espacio a las minorías para eliminar cualquier falta de control, donde los jueces sean electos popularmente, lo cual aseguraría el pleno control, con su lado su máximo aliado, el “pueblo uniformado”. De ese modo aseguraría el control en el ejercicio de la fuerza y la política social discrecional que aseguren la lealtad del ejército, incluyendo a los jóvenes con sus becas y a los adultos mayores con la pensión. En suma, se busca una Constitución que acumule el poder en el presidente legítimo y la seguridad del voto popular, y si eso falla, existe un plan B, alterar los resultados de las elecciones. Lo cierto es que las iniciativas de reformas implicarían una importante legalidad y legitimidad en el sistema jurídico, dando como resultado que la democracia sea solo una apariencia.
Las políticas públicas, además, representan la respuesta deseable para la solución de los problemas que aquejan a la sociedad en la configuración de los posibles medios, “se pretende utilizar los recursos de manera eficiente a través de mecanismos democráticos con la participación de la sociedad”, según (Canto), sin embargo, en nuestro país nunca se consultó sobre las iniciativas de reforma, por citar a Lahera, quien dice que las políticas públicas se dan “de forma democrática con la participación de la comunidad y el sector privado”; mucho menos se consultó al sector privado para escuchar su opinión al respecto de las reformas constitucionales.
Las políticas públicas no deben ser el resultado arbitrario del gobierno, sino la finalidad que la ciudadanía persigue. En el espacio público participan diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales. Esto quiere decir que lo público no equivale a lo gubernamental exclusivamente, la política pública es considerada “pública” porque participan el sector privado, actores gubernamentales y la sociedad, atendiendo a un marco institucional, es decir, que está colectivamente vinculada. En este caso, se obedece a intereses de poder y no de un bien mayor que es México.
