Mientras el país se deshace por varios frentes sociales y políticos abiertos que poco a poco van demostrando un hartazgo general, en las diferentes entidades del país, no faltan las críticas sobre el monopolio del poder como símbolo de ineficacia hacia una crisis de representatividad que desvanece la legitimidad de quienes pretenden instalarse como verdaderos sátrapas en un cargo de representación popular.
Veracruz vive una crisis sin precedentes, agudizada por décadas de corrupción que hoy parece instalarse con el máximo de los cinismos. Tal es el caso de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, convertido en el símbolo perfecto de ineficacia, improvisación y desdén hacia las verdaderas necesidades de la sociedad veracruzana.
La semana que concluye Eduardo Segovia, presidente de +Vida+Familia Veracruz, abordó la crisis de la actual Legislatura dando un diagnóstico crudo y severo del Poder Legislativo estatal que, lejos de representar al pueblo, está encaminándose a funcionar como un apéndice de la Gobernadora estatal priorizando agendas ideológicas como la aberración del aborto, la nefasta ideología comunistoide y la degradación de derechos individuales por encima de las verdaderas urgencias sociales.
+Mas Vida +Familia apunta al desastre encabezado por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, presidenta de la mesa directiva. Sin estudios profesionales concluidos, su liderazgo carece de sustento técnico y político sustentado por triviales y frívolas iniciativas legislativas que en nada abonan al bien de los veracruzanos.
Lo mismo ocurre con otras “personalidades” como la diputada Astrid Sánchez Moguel, legisladora por la vía plurinominal evidencia una falta de respaldo ciudadano o el Secretario de Salud Valentín Herrera Alarcón, dedicado a convertir al Congreso en una carpa de eventos ideológicos en lugar de atender las diversas crisis sanitarias que aquejan al Estado.
Este opaco escaparate también resguarda a otros funcionarios y servidores públicos como Zaira Fabiola del Toro Olivares, directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres; Roberto Ramos Alor, coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz; Clara Mora Juárez, dirctora del DIF Estatal; Edith Jiménez Martínez, delegada del IMSS y Alejandro Moreno Hernández, Director General de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, quienes comparten un punto común: Ausencia de resultados tangibles, incompetencia y desconexión alienante con las demandas de la población.
Los números no mienten. De 94 iniciativas presentadas, solo 27 han sido votadas y la mayoría de las propuestas de Tanya Viveros y Astrid Sánchez se concentran en agendas de género y derechos LGBT, usándolas como cortinas de humo para tapar temas estructurales como la inseguridad, la precariedad en el sistema de salud o la protección a la infancia. Su falta de oficio y la conveniente zalamería que los postra ante la Gobernadora no solo refleja falta de capacidad, también la sumisión preocupante a intereses externos que poco tienen que ver con el bienestar de los veracruzanos.
Más grave es el ataque directo a derechos fundamentales como la objeción de conciencia que Viveros pretende eliminar en el contexto del aborto legal. Reducir este derecho humano, profundamente arraigado en las convicciones sociales y religiosas, a un mero “obstáculo institucional” es un acto de arrogancia política que atenta contra la libertad y la dignidad de los ciudadanos. Esta postura desoye el sentir de amplios sectores de la sociedad y revela una agenda legislativa que prioriza la imposición ideológica sobre el respeto a la pluralidad.
El Congreso de Veracruz, en lugar de ser un contrapeso crítico y un espacio de representación popular, se ha reducido a un foro de simulación manipulado donde los intereses del Ejecutivo y las agendas de unos pocos prevalecen sobre las necesidades de las mayorías. Peor aún, el Congreso se ha convertido en un foco de opacidad que esconde los resultados y no reporta la rendición de cuentas. Nadie sabe en qué se ha gastado el dinero del presupuesto destinado al Poder Legislativo.
Segovia Jaimes hace una advertencia que debería ser un foco rojo encendido. Efectivamente, la ciudadanía comienza a cansarse y exige que Veracruz tenga representantes que trabajen por la seguridad, la salud, la familia y la justicia social, no marionetas de intereses ajenos al pueblo.
La ciudadanía debe despertar y demandar un Congreso responsable. La descomposición de un partido único, por 80 años, le hizo caer. Hoy, su heredero reproduce los mismos errores a una velocidad inaudita. Pronto, el reclamo por una transformación verdadera le pasará la factura porque ese pueblo al que tanto dicen amar, también sabe reconocer cuando se le quiere usar y engañar. Un cambio de régimen es inaplazable.
