Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó su propuesta de ir a una consulta popular “para que el pueblo decida si se enjuicia a los expresidentes”, analistas, especialistas del derecho constitucional y el pueblo mismo coincidieron en que dicho planteamiento no era más que una farsa mediática, un distractor para la opinión pública, una postura populista sin razón de ser.
Y no es que se trate de salir en defensa de todos aquellos exmandatarios que saquearon al país. Es más, es lo que se exige, y para que la promesa presidencial de combate frontal a la corrupción sea creíble en ese “barrer la casa de arriba para abajo” es necesario comenzar por los expresidentes, para lo cual solamente se requiere recabar las pruebas de los delitos y presentar la o las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, para que ésta investigue y de hallar culpabilidad llevar el caso ante un juez. Y para eso no se necesita de consulta popular alguna.
Así de fácil. El presidente de la República es el primer obligado a pedir que se investigue a los expresidentes y se les lleve a juicio, pero el señor López Obrador no quiere que se le vea como vengativo, y de ahí la farsa mediática de la consulta popular, para que sea el pueblo quien lo pida. Todo este asunto ya lo hemos abordado antes en este mismo espacio.
Ahora bien, todo indica que esta farsa mediática está a punto de ser tirada a la basura por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el miércoles pasado el ministro Luis María Aguilar Morales presentó su Proyecto de Resolución que deberá ser discutido por el pleno el próximo jueves 1 de octubre, en el que considera que hay tantas razones para rechazar la consulta para decidir si se debe enjuiciar a los expresidentes de la República, que constituyen un “concierto de inconstitucionalidades”.
En dicho proyecto, Aguilar Morales considera que la materia de la consulta, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva una restricción en los derechos humanos de los ciudadanos. Y destaca entre ese concierto de inconstitucionalidades, que éstas “pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos”.
Ante tales contundencias sólo queda esperar el próximo jueves 1 de octubre para ver caer este castillo de naipes muy mal construido por los asesores jurídicos de la Presidencia. Si la Corte vota por declarar inconstitucional la consulta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá notificar al Senado y se declarará el asunto como definitivamente concluido porque la ley no establece medio de impugnación. Y tan tan.
Pero D. Andrés Manuel (ya sabemos) no quedará tranquilo, si vemos su opinión sobre este asunto el pasado jueves, cuando pidió “esperar a que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva conforme a lo establecido en las leyes”. Y al referirse a la Corte, pidió a los ministros “que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio, que también, aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso el artículo 35 de la Constitución y en la Ley de consulta ciudadana, también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo”.
Y la pregunta obligada en este concierto de inconstitucionalidades es “¿quién intimida a quién?”.
Con información de: Nuestra Voz/Editorial
