El 26 de octubre de 2025, la diócesis de la Tarahumara emitió un comunicado desgarrador denunciando los hechos sangrientos ocurridos en Guachochi, donde un multihomicidio dejó siete víctimas mortales en medio de un fuego cruzado que demuestra, como en otras partes de México, que el Estado de derecho ya claudicó, está ausente en condiciones de fallido.
El párroco de la Catedral de Guachochi, padre Enrique Urzúa, no alzó de nuevo la voz en redes sociales en una homilía que llamó la atención por el abandono que sufre la Tarahumara dejada a la suerte y a merced de los criminales. Esta denuncia no es un lamento aislado; es un grito colectivo contra una impunidad que corroe el estado de Chihuahua, donde el 90% de los crímenes quedan sin castigo.
La diócesis reclamó la ausencia federal en la Sierra donde grupos armados operan con total libertad desplazando comunidades rarámuri y sembrando terror. El obispo Juan Manuel González Sandoval, en medio del duelo, recordó que es imposible acostumbrarnos a la violencia y muerte en la Tarahumara donde no sólo la pobreza mata, también la violencia aniquila culturas enteras, con comunidades indígenas forzadas a huir por el despojo y el plomo y donde la Iglesia ha denunciado el panorama de crisis grave donde la ausencia de la ley deja a todos sólo con el arma de la fe y de la esperanza, acompañados de uno de los últimos factores de estabilidad, la Iglesia católica local.
Pero esta herida no sangra en aislamiento. Se enlaza con un patrón nacional de agresión contra el clero. En los últimos 20 años, la violencia ha escalado, con 81 sacerdotes asesinados desde 1990 y 12 solo en los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum, a los que se suman otros casos lamentables por no saber qué ha sucedido con ellos, el de los sacerdotes desaparecidos.
El padre Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de la diócesis de Cuautitlán, desaparecido apenas el 27 de octubre de 2025 en Tultepec, Estado de México fue visto por última vez en su vehículo y la diócesis ha ofrecido plena cooperación a las autoridades, que hasta ahora solo emiten boletines de búsqueda. Su ausencia, en un contexto de creciente violencia deja, desde luego, la duda e incertidumbre sobre su paradero y los resultados de las investigaciones en un país en donde más de 100 mil personas, simplemente, nada se sabe de ellas.
Este patrón se repite en la desaparición del padre Santiago Álvarez Figueroa, de la diócesis de Zamora, Michoacán, ocurrida el 27 de diciembre de 2012. A más de una década, no hay avances, ni cuerpo, ni vehículo en Michoacán, donde la violencia ya es parte del sistema político y social.
Similar destino sufrió el padre Carlos Ornelas Puga de la diócesis de Ciudad Victoria, Tamaulipas quien, este 3 de noviembre, cumplirá doce años de desaparecido desde 2013.
Finalmente, el padre Francisco Núñez Martínez desapareciò en febrero de 2025. Aunque reportes iniciales lo dieron por localizado, a la fecha persiste la ausencia de este sacerdote.
En un país con 10 sacerdotes asesinados en el sexenio anterior y dos más en el actual, la estrategia de seguridad no funciona y parece ir hacia el estrepitoso fracaso mientras los casos de violencia se acumulan semanalmente. Los hechos no dejan lugar a dudas. En la Tarahumara, como en otras diócesis de México, la Iglesia se convierte en un factor de urgente estabilización de la cual, en muchas regiones, ya son incapaces las autoridades; por otro lado, lamenta a sus desaparecidos como miles de familias lloran por los ausentes en casa. Estabilización y desapariciones, una dura paradoja que nos advierte que la Iglesia católica en México no está exenta del dolor.
