Un nuevo informe procedente de España afirma que el cardenal José Cobo Cano autorizó indebidamente los planes del gobierno para introducir usos civiles dentro de la Basílica de la Santa Cruz en el Valle de los Caídos.
El 6 de mayo, el medio español Religión Confidencial publicó detalles del informe jurídico presentado en los procedimientos judiciales en curso contra un acuerdo firmado en marzo de 2025 por el ministro español Félix Bolaños García y el cardenal Cobo Cano de Madrid sobre el futuro del Valle de los Caídos.
El informe argumenta que el cardenal Cobo Cano carecía de autoridad canónica para negociar en nombre de la abadía benedictina anexa a la basílica y que el proyecto del gobierno para introducir usos «civiles y seculares» dentro del monumento viola los acuerdos internacionales, el derecho canónico y la Constitución española.
“La basílica, aunque es propiedad del Estado, mantiene su carácter de templo católico, mientras que la Santa Sede no la reduce a un uso profano”, afirma el informe jurídico.
Los dictámenes jurídicos forman parte de la documentación adjunta a las demandas que impugnan el acuerdo que permitió al gobierno español convocar un concurso internacional destinado a la “reinterpretación” del complejo del Valle.
La Abadía de la Santa Cruz fue establecida directamente por el Papa Pío XII mediante el Breve Apostólico Stat Crux de 1958 como una abadía exenta sui iuris, confiada a los benedictinos. Los juristas sostienen que este estatus implica que la institución depende directamente del Romano Pontífice y no de la Archidiócesis de Madrid, la Conferencia Episcopal Española ni la Secretaría de Estado del Vaticano.
Por ello, el informe sostiene que el cardenal Cobo no poseía autoridad jurídica para firmar acuerdos que afectaran a la abadía o a su basílica. Según el análisis jurídico, solo el abad o el administrador anterior están autorizados canónicamente para actuar en nombre de la comunidad benedictina.
El informe afirma además que la administración de ciertos bienes vinculados a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ya había sido confiada específicamente al prior benedictino en virtud de los acuerdos fundacionales emitidos en 1958.
Este dictamen jurídico se centra en la propuesta del gobierno de combinar el culto católico con actividades civiles y seculares dentro de la propia basílica. Según los juristas, la Basílica de la Santa Cruz fue erigida canónicamente por Pío XII como un espacio exclusivamente religioso y, por lo tanto, goza de la protección que brindan los tratados establecidos en los acuerdos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado español.
Los artículos 1.1 y 1.5 de dichos acuerdos garantizan la libertad de la Iglesia para organizar sus actividades y reconocen la inviolabilidad de los lugares de culto. Según los juristas, estas protecciones se aplican independientemente de quién ostente la propiedad civil del inmueble.
Los expertos argumentan además que la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y el Real Decreto Ley 10/2023, mediante los cuales se intentó cambiar unilateralmente el destino de la Basílica, entran en conflicto con el concordato porque pretenden imponer funciones seculares dentro de un templo católico protegido canónicamente.
Estas medidas también afectarían a la protección de la libertad religiosa consagrada en la Constitución española.
Los análisis jurídicos invocan además los cánones 1205 y 1212 del Código de Derecho Canónico, que establecen que los lugares sagrados solo pierden su carácter religioso mediante decreto de la autoridad eclesiástica competente. Esto significa que el Estado español no puede modificar el estatus canónico de la basílica únicamente mediante legislación nacional.
El informe concluye afirmando que “el Estado tampoco puede modificar la condición jurídica de la Basílica, ni su uso exclusivo para el culto, mediante el derecho interno”, porque los acuerdos de 1979 tienen la categoría de tratado internacional protegido por la Constitución española.
La polémica en torno al papel del cardenal Cobo se intensificó tras la publicación, a principios de este año, de informes que alegaban que había firmado un acuerdo secreto con el gobierno español en marzo de 2025 relativo a la remodelación del complejo basílico. El 20 de enero de 2026, el diario español El Debate afirmó que el acuerdo permitía que gran parte del interior de la basílica fuera objeto de intervenciones artísticas y museísticas, limitando el culto litúrgico principalmente al área del altar.
El Valle de los Caídos, situado cerca de Madrid, fue construido durante el régimen del general Francisco Franco e incluye una basílica excavada en la roca, una abadía benedictina, una cruz monumental y un cementerio con restos de ambos bandos de la Guerra Civil Española. El lugar ha sido objeto de controversia política durante décadas.
Los informes jurídicos presentados ante los tribunales españoles añaden nuevos argumentos contra el proyecto de rediseño del gobierno y vuelven a poner de relieve la autoridad del cardenal Cobo para negociar cambios que afectan a una basílica pontificia directamente sujeta a la Santa Sede, así como su idoneidad para el delicado papel que desempeña.
Por GAETANO MASCIULLO.
JUEVES 7 DE MAYO DE 2026.
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