En los últimos meses, varios medios vinculados a la izquierda política y eclesial han intentado justificar la gestión de Monseñor Robert Prevost en el polémico caso del cura pederasta de Chiclayo, “Lute”, alegando que la instrucción del proceso por parte del entonces obispo de Chiclayo fue impecable y que toda crítica sería una maniobra del Sodalicio de Vida Cristiana, supuestamente coordinada junto al abogado y sacerdote canonista Ricardo Coronado.
La insistencia en esta versión superó los límites de la deontología periodística, especialmente tras la manipulación por parte del diario El País de una entrevista de dos horas con una de las víctimas, publicada de forma sesgada y tergiversada con un único fin: sostener el relato de que todo fue un malentendido provocado por un abogado manejado por el Sodalicio.
Sin embargo, la información recabada por Infovaticana desmiente categóricamente esa versión: ni el Sodalicio estuvo detrás del informe ni el abogado Ricardo Coronado respondía a dicha institución.
Cuatro años sin asistencia canónica
Desde 2020 hasta el 6 de mayo de 2024, las víctimas de Lute no contaron con asesoría especializada en Derecho Canónico para dar seguimiento a su denuncia. Las dos reuniones clave —primero con el entonces obispo Prevost (abril de 2022) y luego con el instructor Oswaldo Clavo (diciembre de 2023)— se realizaron sin asistencia letrada. La posibilidad de contar con un abogado ni siquiera fue sugerida, y las víctimas desconocían por completo ese derecho.
Cómo llega Ricardo Coronado al caso
En mayo de 2024, gracias al apoyo de una abogada civil de Chiclayo, las víctimas contactaron al entonces sacerdote y abogado canonista Ricardo Coronado. Los hechos verificados muestran que fueron ellas quienes lo buscaron —y no al revés—, pese a que algunos sectores han intentado presentar el caso como una disputa personal entre Coronado y Prevost. No existe fundamento sólido para sostener esa hipótesis.
Perfil y trayectoria de Coronado
Coronado fue ordenado sacerdote en Chiclayo en 1990. Había sido vicario judicial de las diócesis de Cajamarca, Chota y Chachapoyas, en la misma provincia eclesiástica de Chiclayo. Antes de aceptar el caso de las niñas abusadas por Eleuterio Vásquez, conocido como “Lute”, Coronado sumaba 34 años de ministerio sacerdotal, 27 años de experiencia como canonista y 21 años como vicario judicial, sin constar sanciones o procedimientos disciplinarios previos. Aceptar el caso Lute sería su último servicio: dos meses después fue apartado sin previo aviso como abogado canonista y dimitido del estado clerical en un proceso exprés, cuyo expediente —antijurídico hasta lo surrealista— ha podido revisar Infovaticana.
Casos clave contra el Sodalicio
Coronado, presentado en una campaña mediática coordinada como supuesto operador sodálite, había destacado en realidad en la defensa de víctimas de abusos dentro de la Iglesia, incluso en casos emblemáticos contra el Sodalicio de Vida Cristiana. En varios de ellos logró el reconocimiento de indemnizaciones económicas y admisiones formales de responsabilidad, contribuyendo a destapar la perversión y el encubrimiento dentro de esa organización peruana. Entre esos casos figuran:
- José Rey de Castro, exasistente personal de Luis Fernando Figari, sometido durante años a maltratos de todo tipo;
- Luis Cappeletti, sacerdote que solicitó la dispensa del estado clerical tras denunciar abusos y manipulación espiritual;
- y Kay Martín Schmalhausen Panizo, exprelado territorial de Ayaviri, quien denunció haber sido víctima de miembros de alto rango del Sodalicio, incluidos Figari y Germán Doig. Todos ellos fueron representados por Ricardo Coronado.
Frente a estos antecedentes documentados y acreditables, algunos medios han señalado al abogado como supuesto afín al Sodalicio basándose únicamente en una fotografía.
¿De dónde sale la campaña del “bulo del Sodalicio”?
Una vez conocidos estos datos objetivos, cabe preguntarse: ¿de dónde surge la campaña de que todo el cuestionamiento de la investigación del caso Lute sería un invento del Sodalicio?
- La primera persona en desarrollar públicamente esa narrativa fue la periodista Elise Allen desde el medio Crux, quien ya antes del Cónclave promovía la idea de que existía una persecución “ultraconservadora” contra el cardenal Prevost.
- Esa tesis fue posteriormente respaldada por Austen Ivereigh, Religión Digital, Vida Nueva y El País.
El argumento fue, desde el principio, insostenible: pretendía explicar un caso de negligencia y desamparo con una supuesta conspiración. Una fórmula similar a la que en España ha intentado utilizar —sin demasiado éxito— Pedro Sánchez. Hoy, la estrategia de comunicación impulsada por Allen se revela como un callejón sin salida. Cuanto antes se reconozcan los errores, se repare el daño y se avance sin intentar enfangar a las víctimas ni a quienes las defendieron, más creíble será el camino de transparencia que la Iglesia dice querer recorrer.
MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025.
INFO VATICANA.
