El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley trans y de derechos LGTBI, una norma que permitirá el cambio de sexo en el registro a partir de los 14 años sin necesidad de informe médico ni testigos y que incluso lo permite a partir de los 12 con autorización judicial. Mons. Argüello, portavoz de los obispos españoles, ha arremetido contra el texto gubernamental.
María Jesús Montero, Ministra portavoz del gobierno social-comunista ha asegurado en la rueda de prensa tras el consejor de ministros que «España se sitúa a la vanguardia de Europa». Y ha advertido: «Le pese a quien le pese, seguiremos esta línea de conquistas sociales».
Por su parte, Irene Montero, la Ministra de Igualdad, que por obra y gracia del presidente Pedro Sánchez ha conseguido vencer a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo y a todas las feministas que se oponían a le ley, ha declarado que se trata de un «paso histórico».
Estas son las características de la nueva ley antes de su paso por las Cortes para su aprobación:
– Cambio de sexo en el Registro Civil: cualquier persona a partir de los 14 años podrá solicitar la modificación de la mención registral del sexo y su nombre. Entre los 14 y los 16 años, los menores deberán ser asistidos por sus representantes legales. Y, en caso de disputa, se nombrará a un defensor judicial. Los menores de 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial, para lo que tendrán que promover un expediente de jurisdicción voluntaria asistidos por sus representantes legales.
– El proceso administrativo para el cambio de nombre y sexo que durará un máximo de cuatro meses: las personas trans tendrán que rellenar un formulario en el Registro Civil para indicar la disconformidad con el sexo asignado al nacer y solicitar el cambio. A los tres meses, tendrá que volver al Registro para ratificar esa decisión y en el plazo máximo de un mes el Registro deberá dictar la resolución efectiva.
– Libre determinación del sexo y despatologización: la voluntad de la persona será el único requisito para el cambio, se acaban así los informes médicos y la necesidad de tutelas médicas y legales.
– Prohíbe las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad o expresión sexual.
– Garantiza a lesbianas, bisexuales y personas trans el acceso a técnicas de reproducción asistida.
– Modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas.
– Protección de las víctimas de violencia intragénero y en el ámbito familiar.
– Inclusión del conocimiento y respeto a la diversidad sexual, familiar y de género en el currículo educativo de todas las etapas, así como formación de profesorado en esta materia.
– Promoción de programas de educación sexual y reproductiva y de prevención de enfermedades de transmisión sexual.
– Prohibición de discriminación laboral por razones de diversidad sexual y de género. Promoción de medidas de acción positiva para la inclusión laboral del colectivo LGTBI, con especial atención a las mujeres trans.
– Se pondrán en marcha dos estrategias estatales: una por la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI -cuatrienial y promovida por la Conferencia Sectorial de Igualdad- y otra para la inclusión social de las personas trans.
– Despliegue de un régimen de infracciones y sanciones que invierte las reglas relativas a la carga de la prueba cuando se trate de discriminación al colectivo LGTBI. Podrán ser leves (con multas de 200 a 2.000 euros), graves (de 2.001 a 10.000 euros) o muy graves (de 10.001 a 150.000 euros).
La ley pasa ahora a las Cortes (Congreso y Senado), donde seguramente logrará los apoyos necesarios para salir adelante. PP y Vox ya han anunciado su oposición, pero no cuentan con votos suficientes para parar la ley, que seguramente acabará, como tantas otras leyes de ingeniería social, en el Tribunal Constitucional, donde pueden pasar muchos años sin que dicho tribunal se digne a publicar una sentencia. Es el caso de la actual ley del aborto, que fue recurrida hace 10 años.
Reacción de la Conferencia Episcopal.
El Secretario General y Portavoz de la Conferencia Episcopal, Mons. Luis Argüello, ha condenado el proyecto de ley:
