El comunicado posterior a la vistita de Biden el próximo viernes por parte del Vaticano debería ajustarse al emitido en 2014 ante Obama, pero con una mayor firmeza. Es el mismo apoyo a políticas contrarias al Magisterio de la Iglesia, pero ahora con el agravante de tratarse de un presidente católico.
Joe Biden, el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos después de John F. Kennedy, se reunirá con el papa Francisco en el Vaticano el próximo 29 de octubre. El viaje del mandatario estadounidense se da en el marco de la reunión del G20 y de la convención sobre el clima conocida como COP26. Según el comunicado oficial, Biden conversará con Francisco sobre cómo «trabajar conjuntamente» para «poner fin a la pandemia de covid-19, encarar el cambio climático y el cuidado de los pobres».
Esta visita llega después de que en su toma de posesión en enero de 2021 recibiera una carta de Mons. José Horacio Gómez, arzobispo de los Ángeles, recordándole que para los obispos católicos de EE.UU «la continua injusticia del aborto sigue siendo la prioridad preeminente, aunque preeminente no signifique única», y que «no vale el silencio cuando un millón de vidas son terminadas antes de nacer a través del aborto». Y llega también después de que en junio algunos obispos católicos de EE.UU iniciaran una campaña para negarle la Comunión por su apoyo al aborto. Pero en septiembre, Francisco dijo que los obispos católicos deben tratar a los políticos que apoyan el aborto con «compasión y ternura», siendo pastores y no condenando: «nunca le he negado la Eucaristía a nadie», dijo Francisco. Posteriormente, en una homilía señaló que la Comunión «no es la recompensa de los santos, sino el pan de los pecadores».
El desacuerdo práctico entre Barack Obama y el papa Francisco en su aparición en el Vaticano en marzo de 2014 («es maravilloso poder conocerle», le diría entonces) resultaría fácil despejarlo a través del comunicado emitido por el Vaticano sobre la audiencia mantenida entre ambos. Después de verificarse la diferente forma de abordar el conflicto de Siria, exhortando al «respeto del derecho internacional y humanitario» con el fin de lograr una «solución negociada», el comunicado destacaba la violación, sin precedentes en la historia de los EE.UU, «de los derechos a la libertad religiosa, a la vida y a la objeción de conciencia», imponiendo a hospitales la distribución y financiación de servicios anticonceptivos, esterilizadores y pro-aborto.
Una de las primeras medidas que tomó Donald Trump al acceder a la presidencia de EEUU fue reinstaurar lo que se conoce como «política de Ciudad de México», que prohíbe financiar con dinero público del país a Ongs abortistas que actúan en el extranjero. Sin embargo, una de las primeras medidas que adoptó Joe Biden sería acabar precisamente con esa prohibición, usando los impuestos de los estadounidenses para financiar el aborto en todo el mundo. Planned Parenthood, multinacional abortista, fue una de las organizaciones más afectadas por el decreto de Trump, pero volvería a aumentar sus riquezas practicando abortos fuera de EE.UU con el dinero que ahora aporta el ejecutivo de Joe Biden.
En octubre de 2020, Trump comprometió a su país en la «Declaración de Consenso de Ginebra», un acuerdo firmado por más de 30 países con cuatro objetivos muy claros: mejorar la salud de las mujeres, preservar la vida humana (también la del bebé aún no nacido y por tanto claramente contraria al aborto), fortalecer la familia como célula básica de la sociedad y proteger la soberanía de los países miembros contra las políticas globales que imponen agendas.
Según el Center for Family and Human Rights (C-FAM), el presidente Biden comunicó a los signatarios de la Declaración que EE.UU rescindía su patrocinio y respaldo. «Al revisar la Declaración, tenemos reservas de que algunos aspectos del documento no son consistentes con las políticas de nuestra Administración actual, incluidas las relacionadas con la salud de la mujer, la igualdad LGBTQI y la igualdad de género», dice la comunicación oficial. Y categórico sentencia: «En consecuencia, por medio de la presente, EE.UU interrumpe nuestra participación en la Declaración de Consenso de Ginebra». La carta a la que tuvo acceso C-FAM y que está firmada por Joe Biden lleva fecha del 28 de enero de 2021. Se trata de la acción ejecutiva denominada «Memorando sobre la protección de la salud de la mujer en el hogar y en el extranjero» e incluye el financiar ahora con impuestos de todos los estadounidenses abortos en el mundo. Para la artífice de la Declaración, Valeria Huber, asesor del «Global Women´s Health» bajo la administración Trump, «la rápida retirada de la Administración de Biden de la Declaración de Consenso de Ginebra confirma que la doctrina del aborto de Biden es de importancia preeminente en su política exterior, ya que utiliza erróneamente la influencia del gobierno federal como un brazo de defensa de intereses especiales».
El papa Francisco tiene una formidable oportunidad para tratar con «compasión y ternura» a Joe Biden el próximo viernes en el Vaticano denunciando una vez más el aborto. La «compasión y ternura» hacia cualquier persona, la exigencia de la caridad, no excluye la repulsa pública del «crimen abominable» del aborto (precisamente el aborto es lo contrario al mandamiento de la caridad), ni capacita para otorgar garantía jurídica o poner los cimientos de un desorden social donde se quebranta un determinado orden objetivo de valores. En otros términos, el amor es exigencia absoluta de justicia, es decir, reconocimiento de la dignidad y de los derechos del prójimo, siendo el primero de ellos el derecho a la vida.
El comunicado posterior a la visita de Biden el próximo viernes por parte del Vaticano debería ajustarse al emitido en 2014 ante Obama, pero con una mayor firmeza. Es el mismo apoyo a políticas contrarias al Magisterio de la Iglesia, pero ahora con el agravante de tratarse de un presidente católico. Al igual que la corrección política no puede ganar el pulso a la ética, la unidad de los católicos no se restablecerá por rendirse ante el mundo sino por restaurarse en torno a la persona de Jesucristo. Pertenece a la jerarquía emitir un juicio moral sobre cosas que afecten al orden político cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona. En su Discurso en la Universidad «La Sapienza» de Roma en 2008, Benedicto XVI justificaba el deber que le compete, con relación a su oficio de pastor universal, de emitir esos juicios éticos acerca de la convivencia social: «Al ser pastor de la comunidad (el Papa) se ha convertido cada vez más también en una voz de la razón ética de la comunidad».
Roberto Esteban Duque.
Infocatólica.
El Gobierno de Biden se moviliza para proteger el derecho al aborto en Texas
El presidente de EE.UU., Joe Biden, participa en una rueda de prensa sobre la respuesta al huracán Ida, este 2 de septiembre de 2021, en la Casa Blanca, Washington. EFE/Michael Reynolds/Pool.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este jueves movilizar todos los recursos de que dispone su Gobierno para proteger el derecho al aborto en Texas, después de la entrada en vigor de una ley que prácticamente prohíbe totalmente este tipo de intervenciones en el estado.
El mandatario arremetió en un comunicado contra el Tribunal Supremo del país, que con una mayoría conservadora reforzada, decidió anoche no bloquear esa norma, que entró en vigor el miércoles y que prohíbe abortar a las seis semanas de gestación.
Biden ha pedido al Consejo de Políticas de Género y a la Oficina del Abogado de la Casa Blanca «un esfuerzo gubernamental integral», en el que estén especialmente implicados el Departamento de Justicia y el de Salud y Servicios Humanos para «garantizar que las mujeres en Texas tengan abortos seguros y legales».
La nueva norma de Texas veta el aborto a las seis semanas de gestación, cuando se puede detectar el latido del corazón del feto y muchas mujeres no saben aún que están embarazadas; y no contempla excepciones en casos de incesto o violación.
Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares al demandante si gana el juicio.
UNA LEY IMPULSADA POR LOS REPUBLICANOS
La legislación fue firmada en mayo pasado por el gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, después de que recibiera el visto bueno de la Cámara Baja y el Senado estatal, ambas controladas por los conservadores.
Poco después de su entrada en vigor, el Tribunal Supremo del país optó anoche por no bloquear la ley, con un resultado ajustado 5-4, lo que supuso un rechazo a la solicitud de emergencia presentada por varias clínicas y profesionales médicos de ese estado para detener la norma.
Biden lamentó que con la nueva legislación se dé poder a particulares en Texas «para denunciar a proveedores de servicios sanitarios, familiares que apoyan a la mujer que ejerce su derecho a elegir después de seis semanas o incluso al amigo que la lleva al hospital o la clínica».
Y se quejó de que, gracias a esa norma, a partir de ahora en ese estado un completo desconocido pueda entrometerse en «las decisiones más privadas y personales que una mujer afronta sobre su salud», además de incentivarle con la perspectiva de ganar 10.000 dólares si gana el caso.
BIDEN AVISA DE «UN CAOS ANTICONSTITUCIONAL»
La medida «desata un caos anticonstitucional y da poder a individuos para que se erijan en encargados de aplicar la ley con unos efectos devastadores», alertó Biden.
El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EE.UU. en 1973 gracias al fallo de la Corte Suprema en el caso «Roe contra Wade», en el que reconoció que una mujer puede terminar con su embarazo durante los primeros seis meses de gestación.
Ninguna otra ley similar a la de Texas que prohíba abortar a partir de las seis semanas de gestación -como las de Georgia, Misisipi, Ohio y Kentucky- ha entrado en vigor en el país.
La de Texas es distinta a otras legislaciones, porque en vez de depender de funcionarios públicos para su cumplimiento deja a los particulares denunciar a quienes ayuden a las embarazadas a recibir una intervención.
Hasta ahora los activistas y las clínicas habían logrado detener la aplicación de leyes antiaborto, porque lo normal en una denuncia que busca bloquear una ley si la considera inconstitucional es citar a funcionarios gubernamentales como acusados, pero en este caso no es posible porque son los particulares quienes demandan.
Pese al mazazo que ha supuesto la resolución del Supremo, varias organizaciones y clínicas de servicios reproductivos en Texas que presentaron la solicitud de emergencia ante al alto tribunal prometieron este jueves que seguirán plantando batalla.
LAS PACIENTES ESTÁN «DESESPERADAS»
La presidenta y directora ejecutiva de Whole Woman’s Health, Amy Hagstrom Miller, cuya organización gestiona cuatro clínicas en Texas, afirmó en un comunicado que sus pacientes están «asustadas, confusas y desesperadas» intentando averiguar qué pueden hacer para conseguir un aborto en el estado.
Hagstrom Miller dijo que su personal médico también tiene miedo, aunque aseguró que sus clínicas, que permanecen abiertas, están cumpliendo con la prohibición.
Por su parte, Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Center for Reproductive Rights, que representa a las clínicas ante la Justicia, criticó a la Corte Suprema por su rechazo a bloquear una ley que «viola flagrantemente Roe contra Wade».
Denunció que los políticos de Texas han tenido éxito por el momento «burlando» el imperio de la ley con las restricciones al aborto y forzando a las pacientes a abandonar el estado, si tienen medios, para lograr «una atención sanitaria protegida constitucionalmente».
Aun así advirtió que seguirán luchando contra la prohibición en Texas hasta que se restaure el acceso al aborto en el estado.
Susana Samhan
