Arzobispo venezolano Peña Parra, otra vez citado en el juicio del Vaticano por inversión fallida en Londres

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* El presidente del IOR (Banco Vaticano) explicó por qué negó prestar 150 millones de euros a la Secretaría de Estado del Vaticano.

* Por no acceder, monseñor Peña Parra lo llamó «incompetente».

El IOR (llamado ‘el Banco Vaticano’)negó el préstamo a la Secretaría de Estado. El hecho se conocía desde hacía mucho tiempo, pero nunca se contó en detalle: en 2019 el banco del Vaticano, con sede en Torrione Niccolò V, se negó a desembolsar un préstamo de 150 millones de euros solicitado por la Secretaría de Estado para pagar la demasiado onerosa hipoteca que pesaba sobre el edificio londinense de Sloane Avenue. Motivos: tanto por carecer de la documentación adecuada, como “para no incurrir en la posible acusación de blanqueo de capitales”.

Una extensa explicación del presidente del IOR, Jean-Baptiste de Franssu, que testificó en la 46ª audiencia del juicio que se celebra en el Vaticano sobre el escándalo del edificio de Londres, una inversión ya liquidada que ha generado pérdidas de más de 200 millones euros.

De Franssu también informó que en una reunión en la Secretaría de Estado, el 25 de julio de ese año, él y el directorio del Instituto fueron «acusados ​​de incompetencia».

«El IOR no es un banco, no puede hacer préstamos»

De Franssu, presidente del IOR desde julio de 2014, citado como testigo por la misma parte civil del IOR, repasó las etapas relativas a la solicitud, evaluación y denegación de financiamiento, al término de las cuales el Instituto, el 2 de julio de 2019 en la persona del dg Gianfranco Mammì, remitió al Promotor, el «pm», una de las dos denuncias por las «anomalías» detectadas por su órgano de control (la otra era de la Oficina del Auditor General, una especie de Tribunal de Cuentas) lo que hizo iniciar la investigación respectiva y luego el proceso propiamente dicho. «Uno de los puntos fuertes del IOR -precisó- es lo bien que ha funcionado la gobernanza del Instituto. Esto no era así antes de 2014».

En un inicio, luego de la carta de solicitud de préstamo adelantada el 4 de marzo de 2019 por la Secretaría de Estado, los principales temas de evaluación eran la entidad (nunca antes el IOR había desembolsado un préstamo de esa magnitud), las posibles consecuencias a nivel regulatorio para el Instituto y el papel que iba a tener la AIF, la autoridad internacional de control. Por último, pero no menos importante, el hecho de que «tan pronto como la nueva junta tomó posesión, en julio de 2014, la primera decisión fue que el IOR detuviera cualquier actividad crediticia. La situación del Instituto nos obligó a dedicarnos a otras actividades». 

El mandatario aclaró que “el IOR no es un banco, la emisión de préstamos hubiera tenido problemas para el seguimiento, hubiera sido necesario cambiar el nombre legal del Instituto”. Y si la posición de la junta al respecto «siempre fue muy clara»,

El objetivo de reducir el costo de otro préstamo

La Secretaría de Estado quería el préstamo porque el costo del préstamo en ese momento era muy alto, con una tasa de 10-12%. Deseaba pagarlo con otro en condiciones más favorables. “Pero nuestra principal preocupación era evitar incurrir en el blanqueo de capitales -dijo De Franssu-. Y al principio la AIF había asegurado: «no te preocupes, estás protegido». A medida que la situación evolucionó, sin embargo, el tono cambió: «Usted todavía tiene la responsabilidad de proteger el Instituto y la regularidad de la transacción»»

Básicamente en una carta -afirma-, la AIF autorizó al Instituto a proceder con la financiación, no sin antes realizar todos los controles necesarios. El presidente del IOR también dijo que recién en septiembre de 2019 supo que el presidente de la AIF, René Brülhart, acusado en el juicio, también tenía un rol de asesor de la Secretaría de Estado. “Tuve la sensación de que nuestra confianza había sido traicionada –observó sobre el posible conflicto de interés–. Así que nuestra actitud ha cambiado». Y también el hecho de que el entonces director de la AIF y coacusado, Tommaso Di Ruzza, hubiera elaborado la carta de la Secretaría de Estado para la solicitud de financiación “ayudó a reforzar nuestro sentimiento de que nos habían traicionado”.

«La Secretaría de Estado nos llamó incompetentes»

Sin embargo, fue en la reunión convocada por Parolin en la Secretaría de Estado el 25 de julio de 2019, después de que el directorio del IOR ya hubiera decidido por unanimidad el 9 de julio, en base al Informe de la Oficina de Cumplimiento, no otorgar el préstamo, que acaba de llegar a las cabezas de gallo. 

De Franssu y Mammì intervinieron para solicitar nuevamente la documentación que aún faltaba y evaluar si había otras formas. “Queríamos que la Secretaría de Estado le diera al IOR los elementos suficientes para evitar la situación de lavado de dinero, pero no teníamos las garantías necesarias”, dijo De Franssu. Sin embargo, fue al comienzo de esa reunión que «la directiva del IOR y yo fuimos descritos por el suplente Mons. Edgar Peña Parra (quien debe ser oído en el proceso, ed) como incompetentes y nuestras solicitudes como irrazonables». 

monseñor Edgar Peña Parra con Nicolás Maduro.

Los representantes de la AIF, Brülhart y Di Ruzza, permanecieron en silencio durante toda la reunión, luego, al final, recordaba siempre De Franssu, «al salir me llevaron aparte. 

«¿Por qué eres tan testarudo? Sabes que si concedes el préstamo te protegemos». 

Pero entre los motivos de la decisión unánimemente negativa de la junta, a pesar de las «presiones» recibidas, también figura el hecho de que en una búsqueda realizada en una base de datos internacional sobre delitos financieros, aparecían tanto Raffaele Mincione como Gianluigi Torzi, ambos implicados en el caso de Londres. Y para el IOR fue de alguna manera la gota que colmó el vaso. Y también con respecto a la denuncia ante el poder judicial, concluyó De Franssu.

Por Carlo Marroni

Viernes 17 de febrero de 2023.

IlSole24ore/Il Messaggero.

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