* Los obispos se reúnen en asamblea plenaria esta semana con la cuestión de los abusos como principal tema, aunque no consta en el orden del día facilitado por la Conferencia Episcopal
* El cardenal Omella, consciente de las dudas de algunos obispos ante el tema, promovió el encuentro con Francisco para llegar a la plenaria con un criterio común y el respaldo papal a la investigación encargada a Cremades.
En la anterior asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, el pasado noviembre, los obispos decidieron no hacer ningún tipo de investigación sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y seguir con su política de atención a las víctimas en las oficinas diocesanas. Cinco meses después se enfrentan a una nueva plenaria con una comisión encomendada por el Congreso del Estado al Defensor del Pueblo y una auditoría independiente que la propia Conferencia Episcopal ha encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo. Sin embargo, aunque es la primera vez que se reúnen todos y sería el momento de analizar los motivos de este giro, en el orden del día que la Conferencia Episcopal facilitó este viernes no aparece la cuestión de los abusos a menores en el seno de la Iglesia.
¿Realmente el episcopado español soslayará la cuestión de los abusos en los cinco días de reunión en Madrid? No parece posible. Hace unos meses, el portavoz de los obispos, Luis Argüello argumentaba que «la gravedad de este tema es tan grande que la Iglesia española, plenaria a plenaria, no deja de hablar y de abordar este asunto». Lo que hace pensar que el «olvido» en el orden del día, más bien nos deja entrever una agenda oculta para la reunión, cuando en la práctica la cuestión de los abusos y, sobre todo, los problemas que algunos obispos ven en ambas comisiones de investigación, van a ser los temas estrella.
Sobre la mesa, la cúpula de la Conferencia Episcopal se encontrará esta semana las peticiones de algunos obispos a los miembros de la Ejecutiva para que expliquen los motivos de este giro copernicano sobre la creación de una comisión de investigación, sin respetar lo aprobado en la Plenaria anterior. Y, además, las dudas sobre si deben o no colaborar con ambas comisiones y abrir sus archivos cuando lo pida el Defensor del Pueblo o el despacho de Cremades & Calvo Sotelo.
Muchos obispos no entienden porqué sólo la Iglesia tiene que rendir cuentas ante el Defensor del Pueblo sobre los abusos a menores, cuando los protagonizados por el clero son «alrededor del 0,8 % del total» según algunos estudios. Plantean que junto a la Iglesia se investiguen otros sectores como el deporte, la educación o los centros de menores regentados por las administraciones públicos. Una duda que planteaba el propio Luis Argüello en una reciente entrevista a ABC.
Pero es más, los obispos tienen en sus manos un informe sobre el tema, redactado por la Comisión Episcopal de Asuntos Jurídicos en el que fundamentan sus dudas. El documento, elaborado cuando el Congreso discutía entre el encargo al Defensor del Pueblo o la creación de una una comisión parlamentaria, señala que si finalmente se opta por esta última opción y se circunscribía «exclusivamente a los abusos por miembros de la Iglesia, se sugiere que se interponga ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra actos parlamentarios».
También alerta de que, si por razones de oportunidad política no se interponía el recurso de amparo, los obispos tendrían la obligación de colaborar. Aunque finalmente el Congreso optó por una investigación encargada al Defensor del Pueblo y fuera del ámbito parlamentario, algunos obispos se acogen al informe para poner en duda su obligación de participar con esa investigación e incluso con la encargada por la Conferencia al despacho de abogados.
Consciente de esta división, el presidente del Episcopado, el cardenal Juan José Omella, promovió una reunión con el Papa Francisco de la cúpula de la Conferencia –a la que acudió junto con el vicepresidente el cardenal Carlos Osoro y el secretario general, monseñor Luis Argüello–. Un encuentro que trató de venderse como protocolario pero que era, a todas luces, inusual, porque los obispos nunca se habían reunido con el Papa a mitad de su mandato, sino al comienzo. Y además, porque no hacía ni tres meses que el Papa y la curia vaticana habían recibido a todos los obispos españoles en la visita ‘ad limina’ para presentar un informe sobre la realidad de la Iglesia española.
En realidad, el encuentro tenía como objetivo conseguir el respaldo de Francisco a las gestiones realizadas estos meses por la cúpula de la Conferencia y presentarse, ante la plenaria, con una posición común y el apoyo explícito del Papa. Las palabras de Omella a los periodistas nada más salir de su audiencia con Francisco evidencian esa idea: «Le hemos explicado cómo estamos tratando la cuestión de los abusos, y nos ha animado a seguir ese camino». Cabe recordar que la Conferencia Episcopal es un órgano consultivo y su presidente no tiene ningún poder coercitivo sobre el resto de los obispos, que sólo rinden cuentas de manera directa al Papa.
De esta forma, el cardenal Omella trata de frenar la posibilidad de que algunos obispos se nieguen a colaborar con las comisiones o, simplemente, obvien las solicitudes que reciban. Aunque en público siempre han defendido su disposición a colaborar, el propio Javier Cremades ha alertado de esta posibilidad en más de una ocasión. Y cuentan con el precedente de la comisión encargada por la Iglesia portuguesa, que todavía no ha recibido ninguna contestación de cinco obispos, un cuarto del episcopado del país vecino.
Quienes públicamente sí que han expresado su intención de no colaborar con las comisiones de investigación han sido algunas asociaciones de víctimas. Por una parte, Infancia Robada, que protagonizó una rocambolesca reunión con el cardenal Omella en la sede de la Conferencia Episcopal, anunció su intención de no colaborar con la auditoría encargada por la Iglesia, ante las dudas que les plantaba que la presidiera un miembro del Opus Dei. Días después, varias victimas catalanas presentaban la Plataforma Tolerancia Cero que reclamaba una «Comisión de la Verdad» y se negaban a colaborar con ambas comisiones oficiales.
A ello se unen las quejas de algunos miembros de la ejecutiva de CONFER sobre cómo está gestionando la Conferencia Episcopal las reuniones con las víctimas. Los religiosos españoles, que son el colectivo más implicado en los abusos según los datos facilitados por la Conferencia (de las 506 denuncias presentadas en las oficinas de la Iglesia, 342 corresponden a religiosos), no ven que buenos ojos que los obispos se reúnan con asociaciones de víctimas con escasa representatividad e ignoren a la gran mayoría, sobre todo a aquellas que han encontrado respuesta en los programas de reparación que han puesto en práctica algunas órdenes como los Maristas o los Jesuitas.
Dos cuestiones –cómo mantener la credibilidad de la auditoría a pesar de que algunas víctimas se nieguen a participar y de qué forma despejar las dudas que plantean desde CONFER– sobre las que los obispos deben buscar una solución esta semana.
Como las reuniones de la Conferencia Episcopal son a puerta cerrada solo cabe esperar a la rueda de prensa de este viernes, cuando su portavoz de cuenta de los trabajos realizados, para conocer en qué grado los obispos van a tratar la cuestión de los abusos en la plenaria. Aunque quizás, este lunes, el discurso inaugural del cardenal Omella aporte ya alguna pista. En todo caso, no habrá que esperar mucho para conocer esta «agenda oculta» de la Conferencia Episcopal.
MADRID, España.
LUNES 25 DE ABRIL DE 2022.
ABC.
