Repudio y rechazo. La sentencia de la primera sala de la SCJN en torno a la modificación del sistema jurídico del aborto en el Código Penal abre de nuevo un debate que parece no terminar, pero que ha dejado muchas víctimas en el camino, casi equiparándose al número de desaparecidos en el país.
El aborto ahora es inocuo, un procedimiento resultado del ejercicio de un derecho. A juicio de los ministros que según velan por la constitucionalidad y racionalidad de la norma, el amparo concedido a diversas organizaciones tiene por sustento los derechos humanos a la igualdad y no discriminación y a la salud beneficiando a las mujeres gestantes que deseen, por propia voluntad, echar mano de la práctica de abortos.
Lo anterior no es de poca cosa. Cae así una barrera. El delito de aborto consentido deja de serlo. Dependiendo de cada legislación estatal, ahora quedará a criterio de los legisladores los límites para que no sea punible y legalizarlo. Lo mismo podrá ser un aborto legal entre las doce y 14 semanas como dejarlo para un término más amplio.
Pero existe otro problema. Esa es la objeción de conciencia del personal de la salud. Un tema empantanado y que aún no tiene regulación efectiva. La legislación podría obligar a un médico a actuar contra su conciencia debido a la primacía de derechos que según deben garantizarse con un aborto. Esto, a todas luces, sería lesivo y contrario a la libertad de profesar o tener convicciones filosóficas, morales o de cualquier índole. Contra la conciencia, nadie y, según afirmó el Papa Juan Pablo II, la conciencia es la “norma próxima de moral”.
No obstante, lo que se aprecia como una dictadura ideológica y violenta pasa por encima de otras cuestiones esenciales y de derechos. Parecen desgastados los argumentos en torno a la dignidad de la vida; los abortistas y ministros proaborto se saltan criterios elementales y juicios científicos demostrando que hay vida humana desde el momento de la concepción y no a partir del nacimiento. Ríos de tinta han brotado en torno a esta discusión de absolutos, pero ahora, la decisión se resuelve con los argumentos relativistas que ponderan el pragmatismo contra las evidencias del inicio de la vida humana.
Otra cosa vendrá con este debate. La construcción del discurso provida debe dejar de lado la apuesta por la beligerancia y estridencia. En esas divergencias, la causa a favor de la vida se ha devaluado debido a la pobreza argumentativa echando mano del discurso que usa lo mismo que el contrario: la violencia. Así, con buena voluntad o fanatismo, este choque se genera por adjetivos como “ser guerrero por la vida”, “batallas y combates”, anatemas y condenas. La verdad tiene firmeza y la Palabra es definitiva. Sin temor a estar equivocados, mucho de ese lenguaje ha causado el repudio de quienes buscan razones, pero se topan con vituperios belicistas.
La causa provida tiene representantes muy destacados y lúcidos. Ante este golpe, ahora es necesaria la audacia más que las campañas. Valerse del derecho y de la norma, aunque todo parezca ir contracorriente. La eventual derogación del delito viene a darnos ahora al traste cuando se abre la posibilidad de que el Sistema Nacional de Salud esté obligado a garantizar prácticas abortistas. México se convertirá en un gran abortorio donde sus centros de salud sean también lugares para acudir a destrozar vida en el vientre de la madre.
Es necesaria una pastoral dedicada con ahínco a las niñas y mujeres, de forma efectiva y eficaz, no lavarse las manos con el cómodo argumento de que eso “corresponde a los laicos”; por el contrario, los obispos de México han reconocido que esta sentencia de la primera sala abre una “realidad social que debemos entender como pastores y atender con la debida diligencia”; efectivamente, hoy destrozar la vida humana podría tolerarse gracias al presupuesto que los ciudadanos integran gracias a sus contribuciones. ¿Aborto? ¡No con mis impuestos!
