Por: Antonio de Miguel
¿A tí, como padre, o al Estado? Esta pregunta es la que lleva generando mucha tensión entre padres y Estado desde hace muchos años. La puso de manifiesto la exministra Isabel Celaá, en su momento en relación con el asunto del Pin Parental, llegando a decir que «los hijos no pertenecen a los padres».
El Gobierno, a través del Consejo de Ministros, ha vuelto a ponerla de manifiesto esta semana con la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de la tramitación administrativa urgente del anteproyecto de Ley de Familias. Entre sus novedades más destacadas se encuentra la prohibición del Pin Parental.
Se dice en esta Ley que “los progenitores o adultos responsables no podrán limitar o impedir el acceso de niñas, niños y adolescentes a la información y su participación en actividades de sensibilización y difusión de la diversidad familiar que se desarrollen en el marco educativo, a fin de evitar una restricción de sus derechos a la educación y al libre desarrollo de su personalidad”.
Como docente, siempre he creído y defendido firmemente que los padres, más que el derecho a educar a sus hijos, lo que realmente tienen es el deber; tienen esa obligación. Y esa responsabilidad de hacerlo no pueden cederla; un deber nunca se puede ceder. No pueden traspasarla, es intransferible.
El Estado debe proporcionar los medios, los recursos, las herramientas para colaborar y facilitar a los padres esta obligación de educar a sus hijos durante la edad escolar. “El Estado no debe enseñar sino que debe permitir enseñar”. Si el Estado entra a educar a tus hijos de un determinado modo o manera contrario a tu idea, a tus principios morales, el Estado está impidiendo el cumplimiento de tus obligaciones paternales, y por tanto violando tu integridad y tu derecho como padre. Y por supuesto el de tu hijo también.
No debemos permitir que el Estado u otros agentes externos a la Educación se introduzcan en la formación de nuestros hijos y, menos todavía, en un asunto tan personal como es la educación sexual y afectiva, que es lo que pretenden con esta Ley de Familias y con la ideología de género tan aberrante que están introduciendo en las aulas y que claramente se aleja del sentido común y de la biología natural.
El apartado 3 del artículo 27 de nuestra Constitución lo dice textualmente: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Parece evidente que se está atentando contra la libertad, por un lado, de los padres, y, por otro, de los menores, al obligarlos a asistir a recibir contenidos sin dar información previa a los padres sobre estas actividades e imponerles unos contenidos muy cargados de ideología de género partidista.
Las cargas ideológicas que llegan a la escuela cada día son más grandes y están preñadas de demasiadas conveniencias del poder de unos gobernantes que imponen políticas educativas ideológicas por encima de la voluntad de los padres. Olvidan a la escuela y a sus verdaderos actores: a los maestros, a sus alumnos y a sus familias. Les damos igual.
Debemos impedirlo; dejar en manos del Estado la Educación implica el riesgo de que esta se manipule por intereses políticos ajenos a los criterios estrictamente educativos. Dirigir y usar espuriamente la Educación por quienes dirigen el Estado siempre ha sido una tentación y un objetivo, pero lo que pretenden ahora nos puede acabar llevando hacia niveles crecientes de monolitismo y de pensamiento único terrible.
Una sociedad madura debe ser capaz de impedir que la Educación quede absolutamente a merced del Estado. No pueden quitarnos y restringir las libertades y nuestros derechos fundamentales. Debemos evitar que nos metan en una dictadura para adueñarse de la Educación. No podemos dejar que nos roben la libertad que tenemos como padres a garantizar la educación moral que queremos para nuestros hijos.
