«Una violación del estado de derecho»: así comenta la Conferencia Episcopal del Paraguay (Cep), en una nota, la suspensión de la diputada Celeste Amarilla, por dos meses sin sueldo. Una decisión tomada por 42 parlamentarios y que ha provocado una fuerte controversia en el país: la mujer, de hecho, había intervenido en la Cámara denunciando casos de corrupción e impunidad entre muchos diputados. La oposición pidió una revisión de la sanción, pero la petición fue rechazada por mayoría. En su nota, los obispos recuerdan, en primer lugar, que en el «estado de derecho la ley es soberana y no la voluntad arbitraria de los hombres».
De ahí la referencia a «algunos principios de la doctrina social de la Iglesia», según los cuales «la auténtica democracia sólo es posible en un Estado de derecho y sobre la base de una concepción correcta de la persona humana». Una verdadera democracia, de hecho, «no es sólo el respeto formal de las reglas», dicen los prelados, «sino que es el fruto de una aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos humanos y la asunción del bien común como criterio final y normativo de la vida política».
El carácter «moral» de la democracia
El carácter «moral» de la democracia, continúa explicando el comunicado de la CEP, «no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que, como todo comportamiento humano, debe someterse; es decir, depende de la moralidad de los fines que persigue y de los medios que utiliza».
Quienes tienen responsabilidades políticas -por lo tanto, ésta es la advertencia de los obispos del Paraguay- «no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación, que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y de buscar soluciones a los problemas sociales».
La corrupción: un mal en la democracia
Solo desde esta perspectiva el poder puede ser ejercido «con espíritu de servicio, teniendo como objetivo el bien común y no el prestigio o el provecho personal». Al mismo tiempo, los prelados paraguayos reafirman que «la corrupción es una de las más graves distorsiones del sistema democrático», porque «traiciona los principios de la moral y las normas de justicia social; compromete el buen funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre quienes gobiernan y quienes son gobernados; introduce una creciente desconfianza en las instituciones públicas y provoca un progresivo desinterés de los ciudadanos por la política y sus representantes», con «el consiguiente debilitamiento de las instituciones».
La nota episcopal concluye con un fuerte llamamiento a los representantes de las instituciones para que «honren su juramento de velar por el respeto de la Constitución y las leyes nacionales», a fin de «fortalecer las instituciones democráticas y consolidar el estado de derecho en el país».
Con información de Vatican News
