Si no les gusta la Constitución pueden cambiarla, pero no torcerla. El artículo 130 de la Carta Magna prohíbe explícitamente que los ministros de culto se asocien con fines políticos. También que hagan proselitismo a favor de candidatos, partidos o asociaciones políticas.
El principio de laicidad está detrás de este mandato. La historia mexicana cuenta con dolorosos precedentes y el artículo 130 está ahí para evitar que vuelvan a repetirse. Sin embargo, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió desestimar a la Constitución, así como la fundación laica del Estado mexicano.
El Partido Encuentro Solidario (PES) no debió obtener registro porque es un vehículo de diversas iglesias cristianas para promover la doctrina de su fe y filosofía religiosa en la arena electoral.
No hay quien se atreva a negar esta obviedad y, sin embargo, ayer el TEPJF ratificó una decisión anticonstitucional, a pesar de que el proyecto original de resolución, redactado por la magistrada Janine Otálora Malassis, advirtió sobre el hecho.
Hay evidencia suficiente como para afirmar que personas con investidura religiosa, registradas ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, realizaron aportaciones económicas, recabaron afiliaciones, ocuparon cargos en las asambleas distritales y en la Asamblea Nacional y son líderes dominantes dentro del PES.
La violación constitucional era, desde el principio, argumento suficiente para revocar el registro de ese partido.
El INE interpretó laxamente la Constitución y canceló aquellas asambleas distritales donde hubo evidencia de participación activa de tales ministros de culto. Sin embargo, pasó por alto que en la más importante de las asambleas, la Asamblea Nacional, también hubo involucramiento decisivo de líderes religiosos. Esa omisión permitió que el PES recuperara su registro con el aval de la autoridad electoral.
Otálora, en su proyecto de resolución, advirtió sobre esa omisión, pero sus colegas magistrados desestimaron de nuevo el argumento. En vez de revocar llana y lisamente el registro, por atentar contra el pacto constitucional, seis de siete magistrados avalaron la resurrección del PES. Otálora se quedó sola.
Zoom: si Encuentro Solidario no fuese un aliado incondicional de Morena, ¿habrían las autoridades electorales, el INE y el Tribunal, traicionado de este modo el principio de laicidad? Muy probablemente no. El fraude electoral no comienza ni termina en las urnas. Ayer el Tribunal avaló un perjurio constitucional que mucho habremos de lamentar.
Con información de Milenio/Ricardo Raphael