Los jueces son casposos. Es la conclusión de la izquierda que en u día llegó a verbalizar De La Vega. Fue el motivo por el que el Tribunal Constitucional es un tribunal de última instancia en lugar de una sala del Supremo de garantías constitucionales. La izquierda desconfiaba y desconfía de los jueces, un poder que no controla.
Así que ya en 1985 retorcieron la Constitución con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la mayoría de los jueces fueran nombrados por el Congreso. Durante décadas PP y PSOE se han repartido obscenamente los cargos como si fueran cromos. Sus respectivas contingencias les han sentado en el banquillo elevando la tensión. Y todos los intentos por recuperar el gobierno de los jueces para los jueces han sido fracasados.
Y así es como llegamos a la situación actual en la que Podemos -y también el PSOE- se plantean reformar el Poder Judicial en contra del PP. ¿Cómo? Modificando las mayorías necesarias. Si antes era necesario el apoyo de tres quintas partes de la Cámara ahora sólo exigirán mayoría absoluta para 12 de los 20 miembros del CGPJ.
Es decir, si antes era necesario el consenso ahora bastará con la mayoría. Si antes el Poder Judicial se lo repartían entre izquierda y derecha, ahora lo podrá disfrutar la izquierda en solitario. ¡Toma obús a la independencia del poder judicial! Veremos si la Comisión Europea acepta ese retraso antidemocrático después de haber censurado que quien fuera ministra de Justicia ejerza de Fiscal General del Estado con vocación de Fiscal General del Gobierno. ¡Ay Lola!
Todo este movimiento no es gratuito. Obedece a una clara estrategia de toma total del poder tras varios reveses judiciales. Esta misma semana hemos tenido dos de los gordos. El primero, el Tribunal Superior de Justicia que rechaza el confinamiento de Madrid decretado gubernamental por violar libertades individuales sin habilitación legal. O sea, por chapuceros. La respuesta del gobierno es amenazar con estado de alarma. Hágalo presidente. Pero después sométase a la convalidación parlamentaria preceptiva y justifique en sede parlamentaria una decisión tan drástica como limitar las libertades de unos sin afectar las de otros en situaciones similares. Incomodidades de gobernar en mayoría minoritaria…
El otro obús judicial es el del juez García Castellón que recomienda al Supremo que impute al vicepresidente Pablo Iglesias por apelar a las ‘cloacas del Estado’ con único fin electoral tras acosar a su ex colaboradora robándole el móvil y quemar su tarjeta SIM. El juez plantea además agravante de género al muy feminista Iglesias, el que decía que azotaría hasta sangrar a Mariló Montero…
¿La respuesta de Podemos? Una diputada acusa de “golpe de Estado judicial” y las huestes ‘moradas’ amenazan de muerte al juez García Castellón. El afectado dice que su imputación es “inconcebible” y se aferra al sillón: cuenta con el apoyo presidencial y no piensa dimitir. ¡Toma coherencia!
Y ya para colmo, el juez rechaza la acusación de acoso formulada por Irene Montero contra las caceroladas en la puerta de su casa. Es tan libertad de expresión como el ‘escrache’ que los podemitas le montaron a Soraya Saénz de Santamaría en la puerta de su casa. Jarabe democrático y tal…
En definitiva, no son buenos tiempos para la independencia judicial con un gobierno dispuesto a laminar las instituciones y dinamitar el disenso. ¡Bruselas, tenemos un problema!
El anzuelo del pescador
- Popular era rentable. Así lo reconoce Ana Patricia Botín en sede judicial. También afirma que cumplía la normativa de provisiones, aunque no los criterios más exigentes- del Santander. ¿Intervenir una entidad rentable?
- Riesgo de contagio. El riesgo de contagio cayó en Madrid un 29% en la última semana. Aún así, Sánchez amenaza con el decreto de alarma. ¿Sobe la base de qué datos objetivos?
- Eutanasia desrecomendada. El Comité de Bioética recomienda no aprobar la eutanasia porque supondría “desproteger la vida”. ¿Le escucharán sus señorías o seguirán jugando a ‘dios’ descartando a los débiles?
