A unas semanas de inicio de las campañas por los puestos de elección popular que se disputarán en junio, la boleta para la presidencia de la República prácticamente tiene a dos contendientes. Las diferentes alianzas de los partidos políticos llevarán a la primera mujer a ocupar la más alta responsabilidad política gracias a los beneficios del sistema de partidos, particularmente de los recursos que la misma ley les otorga en un financiamiento millonario, más de 10,444 millones de pesos, de cara a las elecciones de 2024, el mayor de la historia. En la Ciudad de México, el financiamiento de los partidos políticos será, en conjunto, de hasta 806 millones 227 mil 705 pesos destinado igualmente para gastos de campaña en el proceso electoral de 2024.
A decir de los especialistas, el sistema electoral mexicano es de los más caros y con claras ventajas para los partidos. Anualmente, sus privilegios, lejos de disminuir, aumentan, independientemente si es o no un año electoral. Por eso, un partido político es un jugoso y lucrativo negocio a costa del dinero de los contribuyentes.
Estos privilegios están en un terreno disparejo. Si bien la Constitución permite que la competencia por el poder también corra a cargo de ciudadanos sin partido o filiación política alguna, los recursos no son los mismos. Los candidatos presidenciales por la vía independiente gastarían alrededor de 66 millones de pesos, equivalentes al 10% del gasto autorizado a los candidatos partidistas.
A lo anterior, los independientes deben sortear otro obstáculo: la recolección de firmas. El INE tenía registrados a ocho personas quienes deberían recabar, vía app, 941 mil 405 firmas de apoyos equivalente al 1% de la lista nominal en, al menos, 17 entidades federativas con fecha de vencimiento al 6 de enero de 2024.
Al cumplirse el término, ningún aspirante logró el apoyo por firmas. El naufragio de las candidaturas independientes a la presidencia puede atribuirse a muchos factores, el más fácil, echar la culpa a la autoridad electoral como de las principales en “obstaculizar” campañas ciudadanas que, en honor a la verdad, sería muy difícil que obtuvieran el tres por ciento de votos en la jornada de junio.
No obstante, es difícil que una candidatura independiente tenga éxito, especialmente con una legislación que parece diseñada para eso. Y otros factores también han propiciado que aspirantes con buenas perspectivas, queden al margen. En esto tienen mucha responsabilidad quienes han integrado el equipo de promoción para obtener el apoyo ciudadano. Sin claridad o estrategia, no se dieron cuenta de que alcanzar casi un millón de firmas válidas requería de un sólido compromiso que no era una simple aventura en redes sociales o por mensajes vanos promoviendo causas que más bien eran un beneficio oportunista que, al final, terminó por derrumbar candidaturas con potencial competitividad. Desafortunadamente, tales ofertas políticas ahora quedan en una muestra sin consolidación y fuerza.
Sin duda habrá mucho que revisarse, pero, sobre todo, los aspirantes deben evaluar si se rodearon de gente capaz, eficiente y comprometida. Es urgente una reforma a las candidaturas independientes, pero también es necesario que no se miren como un botín que les resta credibilidad. La opción por los valores y las libertades frente al autoritarismo y las ideologías, no parecen pertenecer a un campo electoral que los haga posible, no al menos a través de una candidatura independiente como está regulada en México.
