Tal y como avanzó InfoVaticana hace algunos días, el juicio canónico contra José María Martínez, ex profesor del colegio Gaztelueta y numerario del Opus Dei, tiene mala pinta para él.
En un nuevo artículo escrito en su blog personal, Chema Martínez profundiza en algunos aspectos que ya contó este medio el día después del encuentro de su abogada con el obispo de Teruel, José Antonio Satué.
El ex profesor denuncia que Satué «ha modificado el derecho sustantivo». El Obispo de Teruel no ha tenido reparos en cambiar las de juego «durante el partido». El numerario del Opus Dei, lamenta que «ya no se juzga si soy inocente o culpable sino que, dando por hecho lo segundo, se valora si la Prelatura del Opus Dei debe expulsarme de la institución».
La indignación de José María Martínez es máxima. «Creo que cualquiera percibe los abusos e irregularidades que se están perpetrando con apariencia de legalidad en este proceso. Con este caso, pienso yo, se le está haciendo mucho daño a la credibilidad de la Iglesia. Por todo esto pido a los que lean estas líneas que recen por la Iglesia y por el Papa; con estos colaboradores él lo necesita», escribe en su blog.
Por su interés, reproducimos el escrito completo del ex profesor del colegio Gaztelueta:
Un nuevo asalto
El pasado lunes 13 de noviembre se reunieron mi nueva abogada y el Delegado, Mons. Satué. Yo no acudí porque era un acto muy formal, técnico, y porque sigo desconfiando de la imparcialidad de quien me juzga. Creo que una injusticia así debería hacer reflexionar a cualquier persona de bien, más si espera ser juzgado al final de su vida.
El encuentro fue un nuevo despropósito jurídico, un paso más en la deslegitimación del derecho canónico y en el abuso de poder que se está llevando a cabo.
El Delegado, como ha establecido el Tribunal de la Signatura Apostólica de Roma, ha modificado el derecho sustantivo. Es decir, durante el partido han cambiado las normas de juego. Ya no se juzga si soy inocente o culpable sino que, dando por hecho lo segundo, se valora si la Prelatura del Opus Dei debe expulsarme de la institución.
Mi abogada le preguntó al Delegado por qué este cambio. No hubo respuesta. Pidió una justificación, una motivación —que en derecho debe ser algo muy común—; tampoco se le dio. Entiendo, entonces, que es porque no la hay, porque es ¡ar-bi-tra-rio! Precisamente lo que el derecho trata de evitar, la arbitrariedad, el abuso de poder. Como el derecho canónico no me podía condenar, ahora se inventan un procedimiento alternativo para que sea el Opus Dei el que me condene y ellos se laven las manos.
Otro disparate: el Delegado no va a tener en cuenta la investigación previa —esa que se llevó a cabo en 2015 y donde el cardenal Ladaria pidió que se restituyera mi fama— porque es superflua ahora, según el Delegado. Es superflua porque no se quiere tener en cuenta ninguna aportación que me pueda ayudar. Lo que puede ir a mi favor se elimina.
Yo creo que es “superflua” porque ahora me están juzgando por algo de lo que ya me habían juzgado antes, y como eso es una barbaridad, es mejor decir que es “superflua” y esconder la prueba.
El Delegado no entregó sino que dejó ver a mi abogada la acusación, una carta de Juan Cuatrecasas de 2023 en la que describe los mismos hechos que ya juzgó la Audiencia de Bizkaia y que desestimó el Supremo Español en su gran mayoría. ¡No hay nada nuevo! Ahora, tres años después de esa resolución, quieren juzgarme por los mismos hechos. De esos, los más graves, el Tribunal supremo no los consideró probados, pero eso al Delegado le da igual.
Pregunto yo ahora: ¿por qué el Delegado solo quiere juzgarme a mí? Nadie quiere responder a esta duda. Y cuando nadie lo hace es porque hay respuestas ocultas que no se quiere que salgan a la luz, o porque no hay explicación. De todos los condenados en los informes del defensor del pueblo, o del llamado informe Cremades, que estos días discute la Conferencia Episcopal, sólo tiene interés en juzgarme a mí. Y lo que es aún peor, cometiendo otra aberración procesal: saltarse el principio de no retroactividad de la ley penal. Para quien no entienda qué es este principio, sería como si la autoridad correspondiente quisiese multar o castigar a los españoles durante la pandemia por no haber llevado mascarilla el año 1999.
No me han entregado el Decreto que justifica este proceso, el que firmó el Papa en agosto de 2022. Preguntado el Delegado sobre por qué no lo entrega, respondió que así lo dice la Norma. La norma, el canon 51 del Código de Derecho Canónico dice que se ha de entregar; el 55 dice que no se hará cuando una causa gravísima impida que el texto del decreto sea entregado. Aquí no hay causa gravísima que impida su entrega. Lo que se consigue es acabar con otro derecho fundamental: el de legítima defensa. Mi abogada tuvo que copiarlo a mano. Ni siquiera se le permitió tomar una foto. Y con la acusación pasó lo mismo, tuvo que copiarla a mano. Y todo esto teniendo en cuenta que en un proceso penal cualquier detalle de la acusación o del decreto es importantísimo. Por tanto, ¿qué derecho de defensa existe en este caso?
El Delegado, que tiene ahora prisa por condenar, preguntó a mi abogada por qué no traía peritos para evaluar las pruebas. Es evidente que para saber qué hay que peritar hay que conocer las pruebas, lo peritable.
El Delegado sí entregó a mi abogada algunas pruebas —no se sabe por qué unas sí y otras no—, las mismas que utilizó la Audiencia de Bizkaia y que poseo desde hace años. Y una vez entregadas le propuso ¡reunirse en una semana! Del sumario de Bizkaia yo tengo más de dos mil folios: declaraciones, periciales, informes médicos… ¿Por qué ahora tanta prisa?
Creo que cualquiera percibe los abusos e irregularidades que se están perpetrando con apariencia de legalidad en este proceso. Con este caso, pienso yo, se le está haciendo mucho daño a la credibilidad de la Iglesia. Por todo esto pido a los que lean estas líneas que recen por la Iglesia y por el Papa; con estos colaboradores él lo necesita.
MADRID, ESPAÑA.
VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2023,
INFOVATICANA.
