En la República Argentina, bajo el sumo pontificado de un Papa argentino que todavía no visitó a su Patria como sucesor del Apóstol San Pedro, se acaba de aprobar la ley abortista que termina de convalidar, jurídicamente, el auténtico genocidio que se viene perpetrando desde hace rato en nuestro suelo patrio. Se trata de un genocidio sufrido por seres humanos indefensos y que, mejor recordarlo en tiempos de «catolicismo» naturalista, debemos encomendar a la misericordia divina para que alcancen la salvación.
Respecto del contenido de la inicua ley aprobada, pueden consultarse excelentes análisis críticos de prestigiosos juristas. En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo de la Nación encabezado por Alberto Fernández («Soy un católico que cree que el aborto no es un pecado», dixit), remarcó la razón de «salud pública» para justificar la presentación del proyecto de ley abortista. Lo curioso es que, cuando la media sanción llegó al Senado argentino -luego de ser aprobada en Diputados-, el tratamiento no fue encabezado por la Comisión de Salud. Otra contradicción de la clase partidocrática argentina. Y van…
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Para un análisis en detalle, conviene tener en cuenta lo dicho por la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci):
«El Proyecto desconoce la ciencia sobre la biología humana, es moral y jurídicamente aberrante por varias razones. Primero, porque atenta contra todo criterio ético matar a un ser humano inocente e indefenso. El derecho a la vida humana es de orden natural y anterior a cualquier reconocimiento legal, por lo que el legislador carece de facultades para cercenarlo. Segundo, porque repugna flagrantemente a nuestro orden constitucional y resulta inconciliable con un marco legal que reconoce la existencia de una persona con derecho a la vida desde el momento de la concepción (cfr. artículo 75 incisos 22 y 23, ley Nº 23.849 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, art. 19 Código Civil y Comercial y cc, entre muchas otras normas que protegen la vida del nasciturus). Tal como lo entienden expertos en la materia, si se admitiera hipotéticamente que el legislador tuviere semejantes facultades, la sanción de un derecho al aborto debería estar precedida -cuanto menos- de una reforma constitucional, lo cual requeriría mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso. De igual modo, se violentan aquellas Constituciones Provinciales que reconocen explícitamente el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
»La consagración de un derecho subjetivo al aborto, como se pretende, es individualismo desenfadado y atroz (ver arts. 1º, 2º, 4º, 5º y cc del Proyecto). El Proyecto de Ley en debate ensalza la autonomía de la madre (ver art. 5º, inciso d), al punto que le permite deshacerse de su hijo sin otro argumento que el no haberlo deseado. Paradójicamente, esta concepción retorcida de la libertad, conlleva al abandono de la mujer embarazada que, en momentos de dificultad, queda a solas con su decisión. Así, se le retacea información fundamental, no se le ofrece otras alternativas y, a la vez, se desliga de responsabilidades al padre, que tiene derechos y deberes respecto del hijo concebido.
»Del otro lado, el Proyecto de Ley acorrala y amedrenta a los médicos para que ejecuten el aborto exigido ‘a libre demanda’. En este sentido, se prohíbe al personal de la salud ofrecerle recomendaciones o juicios de cualquier carácter (art. 5º, inciso d); se contempla un nuevo delito, para el que ‘dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare (…) a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados’ (art. 15); se amenaza a los profesionales de salud con sanciones penales, civiles y administrativas incluso si es objetor (art. 10), se lo fuerza a capacitarse en los contenidos de la norma (art. 19) y se fuerza al personal sanitario a promocionar el aborto, incluso si la embarazada no lo solicita (art. 5º inciso e). El derecho a la objeción de conciencia individual es indebidamente restringido: solo se la admite respecto de la intervención directa en la práctica y subordinado a la ‘no ocurrencia’ de circunstancias fácticas difusas (ver art. 10). Esta postura restrictiva se reitera respecto de las instituciones con ideario opuesto al aborto, que deberán derivar al paciente en forma ‘efectiva’ y cargar con los costos que conlleve (art. 11). En definitiva, los profesionales de la salud son forzados a violar su juramento hipocrático, su libertad médica y de conciencia.
»Por otra parte, el Proyecto de Ley pretende avanzar en introducir adoctrinamiento en favor del aborto a través de la educación sexual integral, lo que anuncia un avasallamiento del ideario de innumerables establecimientos educativos (art. 13)».
Dicho esto, resulta necesario hacer una consideración sobre el rol de la Iglesia católica en la Argentina a propósito de la batalla en favor o en contra de la ley abortista recientemente sancionada. En este caso, a su vez, debemos distinguir entre la acción del laicado católico y la de la jerarquía eclesiástica.
Los laicos católicos argentinos, sobre todo a partir de 2018, hemos dejado la vida en las trincheras para defender la vida de los niños por nacer. Hemos aprendido a pulir nuestras diferencias de temperamento, de genio y figura en pos de una causa común. Hemos coordinado los esfuerzos, cada cual desde su competencia, en un frente compacto no obstante las limitaciones con las que contamos por ser hombres y no ángeles. Lo hicimos, a su vez, con los evangelistas -nobleza obliga, les debemos todo nuestro reconocimiento- y con tantos hombres de buena voluntad. Todos amamos y nos duele nuestra querida Patria Argentina.
En cambio, no recibimos un mensaje concreto y directo de aliento, de apoyo, de fortalecimiento, del Papa. Lo mismo que en 2018, más allá de la diferencia del resultado de la respectiva votación. ¿Es razonable pensar que con cartas privadas dirigidas a terceros se va a convencer a un presidente, a una vicepresidente, a los diputados y los senadores para que gobiernen y voten celeste? ¿Es razonable pensar que, sin un mensaje personal y público aquí y ahora, con su firma de puño y letra al pueblo argentino, nos vamos a convencer que hizo todo lo que podía? ¿Ni siquiera unas palabras en un Ángelus dominical? En cuanto a la Conferencia Episcopal Argentina, en su estilo de «diálogo democrático» parece Sara Kay en el mundo de 1984 orwelliano.
Además de que, como la clase partidocrática argentina, se representa a sí misma y no al auténtico Pueblo de Dios, el que todos los días, en cada hora, en cada minuto, en cada instante, deja la vida en el campo de batalla bajo el mando de sus jefes naturales y con el auxilio espiritual de tantos buenos sacerdotes y pocos obispos que hablan el lenguaje del Evangelio y no el del mundo. Pareciera que la Conferencia Episcopal Argentina no advierte que su influjo, tanto en la clase política como en los fieles católicos, es cada vez más insignificante. No hay que ser un genio para advertir una de las razones, patente, entre otros ejemplos, en sus declaraciones: como el movimiento hippie, predican paz y amor pero no el Evangelio. Hace rato que, en sus declaraciones, se ha perdido la obligación de restablecer a la Argentina en Jesucristo. Basta repasar, nomás, la mayoría de las homilías episcopales a propósito de la solemnidad de Cristo Rey.
Con todo, estamos obligados a seguir librando el buen combate (1 Tim 6, 12) y a seguir esperando. Como afirmó la Doncella de Orleáns: «A nosotros nos toca luchar y Dios dará la victoria».
Publicado en Brújula Cotidiana/German Masserdotti
