El Vaticano recibirá desde mañana, y hasta el 13 de octubre, a una delegación de Moneyval, el organismo europeo que controla la lucha contra el lavado de dinero, para obtener el aval continental a la reforma económica impulsada por el papa Francisco para llevar transparencia a las cuentas de la Santa Sede.
La inspección de Moneyval es la segunda tras una primera visita hecha a fines de 2012, meses antes de la entronización, en 2013, de Francisco, quien desde entonces vigorizó el ente encargado de monitorear las cuentas vaticanas, la Autoridad de Información Financiera (AIF), y la creó una nueva secretaría de Economía que centralice el control de las arcas.
En 2017, apuntaron fuentes vaticanas a Télam, durante un monitoreo a distancia, Moneyval consideró en su informe anual presentado en Estrasburgo que si bien la Santa Sede había avanzado en la lucha contra el lavado, aún faltaba «músculo judicial» para judicializar los señalamientos de movimientos sospechosos.
Al año siguiente, se dio la primera condena por el delito de lavado de dinero dentro del Vaticano, al tiempo que el denominado «Banco Vaticano», o IOR, adhirió al sistema SEPA, que le permite contar con el código IBAN para la transacciones.
Es en esa línea que debe leerse la designación que el papa Francisco hizo ayer de un nuevo fiscal vaticano, el abogado italiano Gianluca Perone, que se espera aporte su larga experiencia en finanzas internacionales al equipo de la fiscalía de la Santa Sede.
Ya en noviembre pasado, Francisco designó al juez italiano Carmelo Barbagallo, de extensa trayectoria en puestos de control financiero, al frente de la AIF, el organismo encargado de revisar las cuentas del Vaticano.
La llegada de los inspectores europeos, además, se da en el marco de la decisión del pontífice de despedir como uno de sus «ministros»; y de despojarlo de los derechos como cardenal, al purpurado italiano Angelo Becciu, sospechado de maniobras para favorecer a cooperativas de sus hermanos en su Cerdeña natal.
El nombre de Becciu, que de todos modos clama por su inocencia, también había estado vinculado a operaciones investigadas por la Justicia vaticana por la compra de propiedades en Londres por cerca de 200 millones de euros con dinero del denominado Óbolo de San Pedro, una de las cuentas destinada a la caridad papal.
El mes pasado, Francisco designó al laico español Maximino Caballero Ledo como secretario general de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, en otro paso más en su intento de sanear las finanzas del Vaticano.
Con un largo recorrido en el mundo de las finanzas en Estados Unidos, Caballero Ledo tendrá a cargo la coordinación del organismo que centraliza todas las instituciones económicas vaticanas, incluido el banco IOR y la inmobiliaria APSA, que tiene un patrimonio de más de 3.000 millones de euros en propiedades por todo el mundo.
En agosto de 2019, en otro paso más hacia la transparencia, Francisco ya había impuesto la obligatoriedad de revisores externos para las cuentas del IOR a través de una modificación del estatuto por decreto.
Además, otorgó al revisor externo la potestad de examinar «todos los libros y documentos contables», algo que tampoco figuraba en el estatuto anterior.
Francisco creó la secretaría para la Economía del Vaticano en febrero de 2014, menos de un año después de ser elegido, con la intención de englobar todas las operaciones financieras luego de una serie de escándalos durante el pontificado de su predecesor Benedicto XVI.
Con i información de El Litoral
