Un choque entre los poderes Ejecutivo y Judicial, con la comparsa del Legislativo, se dio esta semana cuando las discusiones en torno a los recursos del Poder Judicial de la Federación y de la Judicatura, la extinción de fideicomisos que el presidente López Obrador juzga bajo temerarios argumentos que son típicos de un juicio revanchista, propios de su mal entendida austeridad la cual está sofocando el funcionamiento del gobierno.
Una acalorada discusión, pero con los más bajos argumentos, hizo que en la Cámara de Diputados se aprobara en una dividida votación de 259 votos en pro, 205 en contra y 1 abstención, el 17 de octubre el decreto por el que se reforma el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ordenando la desaparición 13 de los 14 fideicomisos del PJF.
Si bien la decisión queda ahora en el Senado de la República, las marchas y movilizaciones del personal y trabajadores del Poder Judicial también ha sido blanco de las ácidas críticas del presidente de México al juzgarlos como defensores de los privilegios y de la corrupción. Desde la presidencia se sesga la información acerca de la naturaleza de la reforma y se acendra más una increíble manipulación que pone a la ciudadanía bajo esta polarización, típica de la sociedad que el Ejecutivo impulsa para el descrédito y el odio.
Sin embargo, si se pregunta a la ciudadanía, prevalece una idea muy parcial acerca de las motivaciones de la reforma y lo que implican los fideicomisos del Poder Judicial. Se ha dicho que esos recursos son un “guardadito” que existe para privilegiar a los ministros con onerosos salarios y prestaciones que ningún otro mexicano común jamás podría ver en el transcurso de su vida. Con eso, se daría un primer golpe; el segundo será cuando la Cámara de Diputados apruebe el decreto de proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024 en donde se pretende un recorte de de 15 hasta 25 mil millones de pesos, considerado ya como una flagrante violación a la autonomía de Poderes.
La extinción de los fideicomisos sobre pensiones complementarias de mandos superiores y de mandos medios y personal operativo; de prestaciones médicas y apoyo médico extraordinario, del manejo del producto de publicaciones, de remanentes presupuestales, el Fondo Jurica o de modernización de la justicia, pensiones para jueces y magistrados, de apoyo económico para empleados del Poder Judicial de la Federación, de desarrollo de infraestructura para implementar las reformas en materia de justicia federal, el fonde de apoyo a la administración de la justicia, el fondo para los recursos provenientes de las sentencias de acciones colectivas difusas, además de los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como son los fideicomisos médicos, de Cooperación técnica entre países, representa un serio golpe que podría desestabilizar la invisible marcha de la justicia en el país y se ve como una flagrante violación y robo de los recursos que los trabajadores del Poder Judicial han aportado como fondos de ahorro.
Una cosa es de destacar, esos fideicomisos que pasaron la prueba de la Auditoría Superior de la Federación, han sido un buen manejo de recursos que han potenciado los ahorros y recursos del Poder Judicial para beneficiar a sus mandos superiores, medios y trabajadores, en otras palabras, son resultado de calculados manejos que han generado envidiables rendimientos.
Y esa envidia es la que se ha transformado en venganza. López Obrador ahora pretende un golpe que podría afectar a todos los ciudadanos que requieren de una justicia pronta y expedita, además de que los derechos humanos sean salvaguardados frente el poder omnímodo que se cierne sobre el país.
Bajo la actual presidencia de la Suprema Corte de Justicia, la de la ministra Norma Lucía Piña, el Poder Judicial ha sufrido la embestida del autoritarismo que ahora parece tocar sus puntos más sensibles y vitales, los de su operación y autonomía. Y parece una revancha bien calculada. Es indudable que ese Poder requiere de una reforma que le corrija y, además, enderece los fideicomisos que podrían tener mejores manejos; sin embargo, el botín es codicioso: 20 mil 516 millones 842 mil 197.06 pesos que son un jugoso botín en un crucial año electoral.
