El gobierno de Nicaragua canceló el estatus legal de la comunidad religiosa jesuita, una prominente congregación católica, y ordenó la confiscación de todos sus activos, anunció el miércoles el Ministerio del Interior del país.
La medida marca la última acción tomada por el gobierno del presidente Daniel Ortega en una extensa represión contra la iglesia católica de Nicaragua.
El grupo religioso no presentó los estados financieros requeridos durante los últimos tres años y no actualizó su junta directiva en violación de las leyes de transparencia, según el anuncio del ministerio en el boletín oficial del gobierno.
No quedó inmediatamente claro qué bienes serían confiscados o si los jesuitas individuales podrían ser expulsados del país como resultado de la cancelación legal.
Ni el gobierno ni un portavoz de la orden religiosa respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
La cancelación legal se produce después de que el gobierno a principios de este mes confiscara una prestigiosa universidad dirigida por jesuitas en el país centroamericano, ordenando la incautación de sus activos y obligándolo a suspender las clases.
MANAGUA, NICARAGUA.
Información de Ismael López; Escrito por Isabel Woodford; Edición de David Alire García y Mark Porter
Reuters.
Respuesta de la Provincia de los jesuitas en América Central
El Estado de Nicaragua a través del Ministerio de Gobernación, por medio del Acuerdo Ministerial N.105-2023 publicado el día de hoy, canceló la persona jurídica de la Asociación Compañía de Jesús en Nicaragua y estableció que la Procuraduría General de la República transfirió a el Estado los bienes inmuebles y muebles de la misma.
La decisión volvió a la medida en que los procedimientos administrativos establecidos fueron implementados por la ley. Como sucedió en la alcaldía de los más de tres mil casos similares de cancelación de personas jurídicas tomados en el cabo por el régimen desde 2018, este acuerdo fue tomado en cabo sin dar oportunidad de legítima defensa por parte de los jesuitas y ya que han Lo viene haciendo una instancia judicial imparcial que juzga y frena estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios. Antes de la publicación del Acuerdo Ministerial N.105-2023, el Gobierno había entregado a la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua uno de sus bienes: la residencia donde vivían algunos de sus miembros en Managua.En esta ocasión, además de la ocupación del inmueble, desalojó a sus moradores sin darles un plazo prudencial para recoger y levantar sus efectos personales.
La Provincia de Centroamérica de la Compañía de Jesús:
Condena esta nueva agresión en contra de los jesuitas de Nicaragua. Lo considera enmarcada en un contexto nacional de represión sistémica tipificada como «delitos de lesión humana» por el grupo de expertos en Derechos Humanos en Nicaragua conformado por Naciones Unidas.
Confirma que todo ello encaminado al pleno establecimiento de un régimen totalitario. Es responsabilidad de la Presidenta y de la actual Vicepresidenta de Nicaragua ser, al menos, honesta con estos hechos y evitar que existan condiciones de independencia y neutralidad del poder judicial que le permitan tomar medidas para frenarlos, revertirlos y sancionarlos. .
Pide a la pareja presidencial:
Cese la represión.
Aceptar la búsqueda de una solución racional en la que reine la verdad, la justicia, el diálogo, el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho.
Respetar la libertad y total integridad de los jesuitas y de las personas que colaboran con ellos o con quienes colaboran con ellos.
Se suma a los miles de víctimas nicaragüenses que esperan justicia y reparación del daño que está causando el actual gobierno nicaragüense.
Damos la bienvenida a las innumerables multitudes de reconocimiento, apoyo y solidaridad que recibimos ante estas crecientes atrocidades.
San Salvador, 23 de agosto de 2023.
